Según Emol.com, 7 son los capítulos que conforman la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, pero uno de ellos es el que genera un interés transversal en la oposición por juzgar al jefe de la cartera sectorial: el referido a presuntas irregularidades en los programas alimenticios de Junaeb.
En el sexto acápite del líbelo acusatorio, se le imputa al secretario de Estado el «incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas ‘de Alimentación Escolar’ y ‘de Alimentación Parvularia'».
Ello porque en la oposición denuncian que Ávila hizo caso omiso a las advertencias sobre la detección de mecanismos irregulares en la administración de los contratos privados con proveedores de las raciones alimenticias.
En detalle, en la acusación se señala que Junaeb ha transgredido la ley solicitando la prestación de raciones de alimentos por montos superiores a 1.000 UTM sin realizar un llamado a licitación pública, ni justificar su contratación mediante un trato directo, lo que radicaría en el mal manejo de montos superiores a 40 mil millones de pesos.
Adicionalmente, se indica que Junaeb ha realizado pagos por servicios licitados en dos procesos de licitación, los cuales no se realizaron finalmente. Los monto involucrados en ello se aquilatan sobre los 70 mil millones de pesos. Al respecto, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, ha sostenido que «para nosotros el capítulo de la Junaeb es especialmente relevante, porque demuestra cómo el ministro, no sólo no ejecuta las leyes que tiene que ejecutar, sino que no supervisa, ni supervigila un servicio dependiente de él, que de acuerdo a los datos que manejamos, habría entregado fondos públicos por más de 110 mil millones de pesos de manera irregular, ya sea por razones alimenticias que finalmente no se entregan o pagando razones alimenticias que están fuera del contrato».
«De esa manera creemos que se configura una malversación de fondos muy significativa que da sustrato a las causales que la Constitución establece en lo referente a la acusación Constitucional. Vamos a trabajar incansablemente, porque nos parece que hay que cuidar cada peso, especialmente cuando se trata de los niños y niñas de Chile», añadió el legislador.
El contenido del capítulo seis, a diferencia de lo relativo a identidades de género y orientaciones sexoafectivas, genera adhesión en las huestes de la oposición, al punto que fue lo que gatilló el respaldo de parlamentarios de Evópoli y otros de Chile Vamos al líbelo acusatorio. En la interna de estos partidos, se considera que al ser un tema de gestión, de «un mal manejo de recursos», y no tanto de una cuestión valórica de educación sexual, el capítulo seis puede concitar la mayoría que se requiere para aprobar la acusación en la Cámara y enviarla al Senado.
Ahora bien, desde los equipos de Ávila, se considera que el capítulo no representa una falta constitucional, toda vez que estas radican en la no ejecución de una ley. Por tanto, se ve que tanto el acápite de Junaeb como la acusación en su conjunto, es un juicio al desempeño del ministro que no corresponde en un sistema presidencial. Cabe destacar que sobre este acápite, el titular del Mineduc señaló que «la directora de Junaeb está trabajando en algunas respuestas más inmediatas, si es que, efectivamente, es convocada por la prensa a preguntarle sobre este asunto».
Ahora bien, remarcó que él no se puede referir «porque sería parte de esto que ustedes mencionan, que es un capítulo de la acusación. Solo podemos responder en la medida en que esté asociado». «Ahora, dejaría claro que eso es parte de una acusación, por lo que sería más cuidadoso con las observaciones respecto a si hay o no irregularidad», acotó.