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Esta semana En La Fontana, conversamos con José Escobar, presidente de confederación Unión de Funcionarios Municipales de Chile (Ufemuch) y presidente de Asociación de funcionarios del Municipio de Santiago. 

Agrupación que representa a funcionarios de más 50 municipios a nivel nacional. «Somos una organización nacional de trabajadores municipales, democrática, participativa y unitaria, que representa y lidera sus aspiraciones, respetando e incorporando la diversidad de pensamiento y opinión, que promueve innovación para un sindicalismo abierto y dialogante que alcance el bienestar integral de sus asociados y la comunidad en general», dice la web oficial de Ufemuch.

Concurrieron el pasado martes, como gremio, a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Gobierno Interior para dar a conocer su postura de oponerse al proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica de municipios (Ley nº 18.695). Iniciativa que ha promovido el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, en específico, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y que contempla, entre otras medidas, el uso de armas no letales, esposas, seguro de vida y gas pimienta como parte de las atribuciones que se busca otorgar a los guardias municipales, así como incentivar el patrullaje mixto realizado entre funcionarios y Carabineros de Chile, con vehículos municipales y policiales.

Los funcionarios municipales no podrán realizar detenciones. Solamente estarán autorizados para «retener» a los sujetos que sean sorprendidos delinquiendo a la espera de la llegada de efectivos policiales.

«Este proyecto tiene una falta inmensa, no solo de recursos, sino que también de materias que tienen que ver con un tema de la seguridad de trabajadores y trabajadoras de municipios en Chile, más allá que se habla que van a pagar un seguro, pero tiene también que ver con la ropa de EPP (Elementos de Protección Personal), la cual es inadecuada y se si compara con la de Carabineros, que tiene un valor cercano al millón de pesos. Nos parece que es inadecuado para las labores en seguridad que se les quiere imponer a nuestros funcionarios municipales», dijo Escobar en nuestro medio. «Hay una disparidad inaceptable ahí», añadió.

-¿No se aclara bien el rol específico que tendrán los funcionarios?

-No se zanja bien en el proyecto qué harán los funcionarios y ahí van a quedar en la deriva. Es decir, si ellos reciben un llamada para acudir en ayuda a otra comuna, el funcionario no puede ir, en cambio, un carabinero sí, porque es un funcionario de la nación, no municipal. Por tanto, la labor de inspectores municipales y guardias está limitada. Y si concurre con Carabineros en operativo mixto a otra comuna, al funcionario lo sancionan y le pasan un sumario, al carabinero no le pasa nada.

-¿Y en qué calidad contractual quedan los funcionarios?

-Parten con Código del Trabajo y luego pasan a ser funcionarios municipales. Y con ello va a pasar una situación que se va atentar contra la planta municipal, porque nosotros tenemos un límite en remuneraciones de trabajadores municipales, que es de un 42%. Entonces, si superamos ese porcentaje a dónde vamos a meter ese grupo de personas. O sea, si entran 50 nuevos funcionarios, con ello se sobrepasa el 42%. Al respecto, qué vamos hacer. ¿Vamos a despedir funcionarios a contrata para que ese equipo nuevo entre? Entonces, esta modificación tiene que venir con recursos, porque acá se nos transgrede.

-¿Serán una especie de policía municipal?

-Cuando concurre un funcionario a una llamada de emergencia, va a ir casi como si fuera, entre comillas, un «policía». Todos los inspectores municipales vamos a quedar a la palestra respecto a nuestros vecinos, porque el vecino nos va a mirar como un amigo. Ya no será esa municipalidad que tiene carácter social, que se acerca a sus vecinos a atender sus necesidades sociales. Entonces, vamos a tener un verdadero cuerpo de policías. Con el proyecto estamos retrocediendo años luz, respecto de lo que teníamos hasta ahora (…) Hacer una tercera policía sería nefasto para la labor de nuestros funcionarios municipales. No tenemos ni las competencias ni los recursos ni implementos de protección básicos para ejercer esta labor, como chaleco antibalas, ni armas que no podemos usar. Habría que hacer una modificación al Decreto Supremo 400, cosa a lo que el Ejecutivo se opone. Entonces, cómo vamos a mandar a esta tercera policía, ¿Cómo carne de cañón? Por tanto, el tema es bastante complicado. Aquí estamos hablando de poner en peligro vidas. Ya están enviando, actualmente, en distintas comunas a funcionario municipales, sin que este proyecto sea aún Ley, los mandan a ejercer labores de seguridad, haciendo cometidos policiales, siendo que no es competencia de ellos. 

-¿No los satisface de ninguna manera el proyecto?

-Estamos en desacuerdo con el proyecto. Las funciones que nos quieren dar no las debemos hacer nosotros. La tarea de las municipalidades son otras, no policiales. Porque o si no, entonces, invitemos a los carabineros a retirar basura, siendo que no son tareas de ellos (…) A lo más pueden retener a sujeto delinquendo, pero no hacer actos policiales los funcionarios municipales, porque no contarán con armas para defenderse. Fuera de eso, hay cosas que quedan al arbitrio.

-El Subsecretario Vergara ha dicho que los funcionarios «con sus tareas» y las policías «con sus tareas»…

-Claro, pastelero a sus pasteles (…) Nosotros ya conversamos con la diputada Joanna Pérez, que nos escuchó bastante bien y quedó bastante clara sobre nuestra situación. Concordamos hacer un cronograma de trabajo con ella. Sin embargo, el Subsecretario Vergara no nos ha atendido. Le hemos pedido en reiteradas ocasiones audiencias y siempre nos ha cambiado la fecha, por lo que nunca hemos llegado a puerto. La idea es sentarse a conversar, porque aquí solamente se ha conversado con los alcaldes, pero no con los trabajadores.

«Hacer una tercera policía sería nefasto para la labor de nuestros funcionarios municipales. No tenemos ni las competencias ni los recursos ni implementos de protección básicos para ejercer esta labor, como chaleco antibalas, ni armas que no podemos usar. Habría que hacer una modificación al Decreto Supremo 400, cosa a lo que el Ejecutivo se opone. Entonces, cómo vamos a mandar a esta tercera policía, ¿Cómo carne de cañón? Por tanto, el tema es bastante complicado», dice Escobar En la Fontana. 

-¿Se les ofrece un seguro de vida a quienes decidan ejercer esta labor de seguridad como funcionario?

-Sí, se les ofrecerá un seguro de vida, pero por pagar. Sin embargo, quién les asegura su vida. La prueba más contundente es que ya tenemos al primer mártir (Hugo Vega), funcionario de Municipalidad de Macul, quien falleció al ser apuñalado a la altura del cuello, luego de acudir a un procedimiento de violencia intrafamiliar. O sea, el murió por hacer una función que no era de su jurisprudencia, pero de todas formas lo hizo, porque quería ayudar a la víctima. Entonces, acá faltan más capacitaciones. Carabineros tiene dos años de formación, nosotros con suerte seis meses. Por tanto, ya hay una diferencia tremenda y además, no hay capacidad para procedimientos en terreno. //ELF