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Politica

Ex autoridades de Salud llaman al cese inmediato del uso de proyectiles no letales contra la ciudadanía y de la violencia que afecta la salud física y mental de la población

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La Salud es un Derecho Humano y todo Gobierno debe garantizar la protección de la población.

En este marco, como ex autoridades del Ministerio de Salud de Chile hacemos un llamado urgente a las actuales autoridades políticas de nuestro país a detener la violencia contra niños-niñas-adolescentes y población adulta, lo que ha afectado su salud física y emocional.

Con profundo dolor, conocemos día a día un aumento de personas con daño ocular o pérdida de visión, por el uso arbitrario e indiscriminado de armas no letales. Nunca en la historia de Chile, y del mundo, habíamos sido testigos de este daño ocular a manifestantes provocado por agentes del Estado. Esto es absolutamente inaceptable y debe detenerse ahora el uso de balines y perdigones, así como todo abuso y violación a los derechos humanos de las personas, tal como lo ha solicitado el Sistema de Naciones Unidas en Chile.

Con la misma fuerza, exigimos respetar los establecimientos de salud. Nada justifica utilizar al interior de ellos armas de ningún tipo. En hospitales y centros de salud se encuentra la población con mayor vulnerabilidad en su salud y el personal a cargo de su atención, a quiénes reconocemos por su entrega y capacidad de organización para seguir entregando salud a todos los usuarios. Condenamos el ingreso de Fuerzas Especiales y utilización de bombas lacrimógenas y perdigones al interior del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar. Hecho inédito e inaceptable desde todo punto de vista. No puede volver a repetirse.

Hace más de tres décadas fuimos capaces de recuperar la democracia e hicimos un llamado al “nunca más”. Las demandas ciudadanas que se han manifestado en el estallido social que hoy vivimos, nos desafían a fortalecer la democracia, construyendo un mejor Chile, justo, equitativo, solidario e inclusivo.

Hoy es el momento para que entre todos protejamos los derechos fundamentales de las personas, partiendo por el derecho a la vida y a la salud, escuchemos a la ciudadanía y se realicen los cambios estructurales que está proponiendo.

*Firman las siguientes exautoridades:

Atte.,

Dra. Carmen Castillo, ex Ministra de Salud

Dra. Helia Molina, ex Ministra de Salud

Dr. Álvaro Erazo, ex Ministro de Salud

Dra. María Soledad Barría, ex Ministra de Salud

Dr. Osvaldo Artaza, ex Ministro de Salud

Dr. Jorge Jiménez de la Jara, ex Ministro de Salud

Dr. Jaime Burrows, ex Subsecretario de Salud Pública

Dra. Gisela Alarcón, ex Subsecretaria de Redes Asistenciales

Dra. Angélica Verdugo, ex Subsecretaria de Redes Asistenciales

Dra. Jeannette Vega, ex Subsecretaria de Salud Pública

Dra. Lidia Amarales, ex Subsecretaria de Salud Pública

Dr. Osvaldo Salgado, ex Subsecretario de Redes Asistenciales

8 de noviembre de 2019.-

DC del BioBío en su junta regional sigue movilizada, condena violaciones a Derechos Humanos y el vandalismo

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Hoy, los camaradas de la Democracia Cristiana (DC) de la Región del BioBío se reunión en la sede del partido en sus junta regional, participaron las autoridades locales, dirigentes y hasta la diputada DC, Joanna Pérez. 

«Hoy, luego de la junta, todos nuestros camaradas militantes salieron con el mandato preciso de continuar movilizados, apoyando activamente la demanda ciudadana de participar en los mecanismos de consultas, que están llevando adelante nuestros alcaldes, con el apoyo Achm, y de condenar las violaciones a los Derechos Humanos por agentes del Estado. Asimismo, condenamos el vandalismo en el centro de Concepción, de todas maneras que estamos contentos con esta instancia para proyectar nuestras acciones como partido, mirando el futuro.

*Declaración pública de la DC del Biobío:

La Junta Regional del Partido Demócrata Cristiano de la Región del Biobío, reunida el día 9 de noviembre de 2019, viene en acordar el siguiente voto político:

1.- Saludamos y compartimos el sentir de millones de chilenos que, durante estos últimos días, han expresado su rechazo, en forma clara, a un sistema político, social y económico que no se ha hecho cargo de resolver las evidentes situaciones de injusticia, abuso, exclusión e impunidad que día a día sufre una inmensa mayoría de personas en nuestro país. Como Partido político asumimos, con profunda humildad, nuestra ineludible responsabilidad en las acciones y omisiones cometidas, al haber integrado y formado parte de varios Gobiernos en que, sin perjuicio de haber avanzado en distintas áreas del desarrollo nacional, no tuvimos la suficiente claridad de ir a las causas basales que dieron pie a este estallido social.

2.- Con esa misma convicción rechazamos absolutamente el modo negligente y carente de sentido de realidad con que el actual Gobierno, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, ha enfrentado esta crisis, no dando, hasta el día de hoy, ninguna respuesta suficiente a las nítidas demandas de la ciudadanía movilizada, que exige con justicia, reformas profundas a nuestra institucionalidad. Del Gobierno sólo hemos oído medidas que buscan profundizar las desigualdades y transformar esta crisis social en un asunto de orden público, provocando un clima de crispación grave que pone en riesgo nuestra democracia y la sana convivencia interna.

3.- Del mismo modo, rechazamos y condenamos en forma enérgica, los abusos y violaciones a los derechos humanos que han sufrido miles de chilenas y chilenos, de distintas edades, por el actuar, al margen de la ley, de parte de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. No claudicaremos en denunciar tales acciones hasta que los responsables sean condenados por la Justicia. Asimismo, nuestra condena clara y categórica en contra de aquellos que, al margen de las legítimas reivindicaciones sociales levantadas por la ciudadanía en forma pacífica, han hecho de este momento, una oportunidad para cometer actos vandálicos y de saqueos, que afectan la tranquilidad de personas inocentes y a las pequeñas y medianas empresas que ejercen un rol esencial en la economía local.

4.- Además, llamamos a nuestros parlamentarios a apoyar sin complejos y con decisión la acusación constitucional en contra de ex Ministro del Interior Andrés Chadwick, por su responsabilidad política en el mal manejo de la crisis, y las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de orden y seguridad en ese momento a su cargo.

5.- En nuestra Región, tales hechos de vandalismo y delincuencia no han sido enfrentados de forma efectiva y eficaz por quienes tienen el deber legal de mantener el orden público y resguardar la propiedad privada. Es por ello que emplazamos, en forma categórica, tanto al Intendente Regional del Biobío como al Gobernador Provincial de Concepción, a que cumplan con su ineludible obligación, como representantes del Gobierno en la zona, de restablecer el orden interno, especialmente en el centro de la ciudad de Concepción. De no ser así, deben poner sus cargos a disposición.

6.- Creemos que nuestra sociedad, para salir de esta crisis, se debe sustentar en un nuevo pacto político, social y económico, orientado a la búsqueda del bien común y en la justicia social, en donde la persona debe ser el centro a partir del cual se proyecte, con mirada comunitarista, todo lo demás. Por ello, es que resulta indispensable comenzar a discutir una nueva Constitución Política de la República que responda a esta nueva mirada país, para enfrentar el futuro con esperanza, con una renovada institucionalidad legitimada por la ciudadanía, con clara vocación democrática y participativa y que nos permita avanzar, sin complejos, en pensiones justas, sueldos dignos, salud, educación y vivienda de calidad, como derechos sociales garantizados por el Estado y donde los recursos naturales sean de todos los chilenos.

7.- Respecto a la decisión de la Asociación Chilena de Municipalidad de liderado por sus alcaldes y concejales de llamar a Consulta Nacional los días 7 y 8 de diciembre a propósito de la opinión de la ciudadanía si es necesaria una Nueva Carta Fundamental. Primero felicitamos la claridad y compromiso de las autoridades comunales para con el resguardo de la democracia nuestro país, y en segundo lugar llamamos a todos nuestros militantes y comunidad en general a sumarse a este proceso democrático, y legitimarlo a través de su participación efectiva.

8.- Finalmente, hacemos un llamado a todos nuestros militantes de la Región del Biobío a permanecer movilizados, acompañando activamente las justas y legítimas demandas de la ciudadanía, en pos de lograr avanzar en las necesarias reformas que Chile demanda y que nuestra histórica vocación transformadora y de vanguardia nos exige.

JUNTA REGIONAL
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
REGIÓN DEL BIOBÍO

Seamos Realistas; pidamos lo imposible

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Por Juan Pablo Reyes, sociólogo

En la “revolución de mayo”, en Francia, en 1968, cuando los estudiantes primeroy, luego, en compañía de los obreros y la mayoría de los ciudadanos, el país se movilizó, en contra del sistema, se escribieron muchas frases que se han usado, por décadas, en otros movimientos, en diferentes partes del mundo.

Una de esas frases, escrita en los muros de Nanterre fue: «No puede volvea dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos»

En las actuales manifestaciones, por el cambio del modelo de desarrollo, que ha agobiado a la mayoría del país, desde la vuelta a la democracia, los chilenos hemos usado, como la frase más convocante, la de “Chile despertó”.

El gobierno y, algunos desde el otro lado de la mesa, no son capaces de entender la profundidad de esta sentencia.

Buscan y rebuscan la manera de “aplacar la protesta”, o, dando la mayor muestrade no entender de que se trata, intentan “volver a la normalidad”, lo que para ellos es, la vuelta a como era el país hace un mes.

Ello no solo demuestra la falta absoluta de comprensión de lo que está pasando pero, más complejo aún, muestra que, aunque la inmensa mayoría “despertó”, aquellos que ocupan posiciones en la institucionalidad política del país, parecen seguir durmiendo o, perplejos con lo que ven al despertar, vuelven a cerrar los ojos, esperando que esa visión solo sea producto de un mal sueño, que ya pasará.

¿Cómo hacerlos entender que esto no pasará? No es fácil, desde el retorno a la democracia se fue gestando una casta política que se entendió, sin mucha dificultad, sobre la base “de la medida de lo posible”, lo que terminó por favorecer la peor desigualdad del planeta, que tiene a Chile como el país más desigual, entre los países de ingresos medios, de acuerdo a cifras del Banco Mundial y el paraíso para el sector empresarial, que goza de ventajas tributarias inexistentes en el mundo moderno, lo que consolida una muy vasta proporción de la población, cuyos salarios ya no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas y, al tener que utilizar más del 70% de sus ingresos para pagar deudas, ha preferido salir a las calles, las que no serán abandonadas fácilmente.

Entonces, los satisfechos esperan que los demás se cansen, como en otras ocasiones. Eso, al parecer, no será tan fácil. Hoy, en la conducción del Estado, se encuentra un Presidente que representa, sin vacilación, todo aquello por lo que las personas han decidido movilizarse: la consagración de un modelo, cuyo nivel de injusticia es tal, que, pareciera ser, que le ha llegado el momento de ser enfrentado, por una población que ya no puede soportar, no solo una vida miserable, sino que abusos, en cada una de las relaciones que tienen que sufrir, día tras día, durante décadas.

Un gobierno sin base de apoyo, una oposición profundamente dividida y un parlamento en el peor nivel de desprestigio, no es un buen mix para enfrentar la crisis.

Lo que no perciben los que debieran avanzar en soluciones a la demanda, que no es por unos pesos más o menos, sino por modificaciones significativas a un modelo demasiado injusto es que, los que ahora marchan, llevan en la conciencia otro referente de las protestas en la Francia del 68, que se escuchaba por calles y fábricas: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”.

Eso es lo profundo de esta crisis. “Chile despertó”, por eso no bastará “dar” algo más de esto o aquello, como majaderamente pretende el gobierno, ni el “poquito más”, que responde la oposición que dialoga con el ejecutivo.

En ese marco, el Presidente convoca al Consejo de Seguridad Nacional, para un tema de seguridad interior, lo que solo reafirma la intención de proteger el modelo de injusticia. A balazos, si es preciso.

Desde el mundo de los satisfechos, el mundo empresarial, por cierto, no se da ninguna señal de receptividad de las demandas, confiados, una vez más, en que los políticos, no solo de derecha, los protegerán pues, claro, ello es parte del pacto, que ellos han financiado generosamente.

Mientras esta situación se alarga, más difícil será la solución. Entonces, se requiere, por cierto, que surjan algunos liderazgos que entiendan la situación actual y reemplacen a los que no dieron el ancho y a un gobierno que no cambiará pues, su compromiso, ideológico y comercial, es más fuerte que el Bien Común.

Hay que romper este statu quo, que amenaza con un período largo de inestabilidad. Eso implica ir por el cambio, de las cuestiones más urgentes (pensión; salarios; precios de los medicamentos; congelamiento de tarifas; eliminación del Dicom y el CAE, etc.) y, estas reivindicaciones, deben ir en la dirección de los temas de resolución para el mediano y largo plazo (cambio del modelo y de la Constitución).

Los satisfechos repetirán “Seamos realistas”, esperemos que aparezca el líder que grite “Pidamos lo Imposible”.

Alberto Undurraga (DC), exalcalde y exministro del MOP En La Fontana: «Tenemos que llegar a un acuerdo social para encausar esta legítima demanda ciudadana»

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En La Fontana conversamos con el exalcalde de Maipú, extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y es director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que analizara la situación de crisis social que vive el país, las explicaciones del estallido y las posibles vías que, a su juicio, conducirían a una salida pacífica del complejo escenario. 

Por Gabriel Angulo González 

En un contexto de país con múltiples movilizaciones ciudadanas, en nuestro medio online, quisimos tener la voz de Alberto Undurraga, camarada del Partido Demócrata Cristiano(DC) y con amplia trayectoria política.

Fue ministro de Obras Públicas (MOP) durante el segundo gobierno de la presidenta, Michelle Bachelet, y antes director del SERNAC cuando gobernaba Ricardo Lagos. Asimismo, fue alcalde de Maipú entre 2004 y 2012.

Undurraga partió analizando lo que ocurre a nivel nacional, cuya raíz, -dice-es la gran desigualad en Chile, que desató una «rabia» acumulada que derivó en la manifestación social.

-Primero, ¿Cuál es el análisis que hace respecto de las causas del estallido de este conflicto?

-Las cosas no son blanco o negro. Y en las últimas décadas el país ha tenido avances significativos. Nosotros cuando fuimos Gobiernos avanzamos en  superación de la pobreza y en nivel de desarrollo económico, pero eso no ha ido de la mano con una reducción significativa de la desigualdad. Al contrario, se ha ido agudizando. Y, por tanto, esa desigualdad fue incubando, primero, en molestia y después rabia, lo que se traduce en esta manifestación social que vemos en estos días (…) Tenemos que hacernos cargo de esta desigualdad, desde una doble dimensión. Una, para mirar hacia adelante y, otra, para construir un país distinto.

-¿Se pudo gobernar mejor durante los Gobierno de la exConcertación y exNueva Mayoría?

-Hay que mirar hacia atrás y ver qué cosas no se hicieron bien. Creo que al momento de asignar las responsabilidades, y hay que hacer una autocrítica, pero la autocrítica debe ser sincera, y puedo decir, que no tenemos la misma responsabilidad que la derecha, porque este sector se ha opuesto a los cambios muchos de los cambios que intentamos desde el Congreso, se topaban con los parlamentario de la derecha o con los fallos del Tribual Constitucional (TC).

-¿Y cómo evalúa la actuación del Gobierno en esta materia y de la oposión?

-Esta actitud del Gobierno de ir medida por medida, resolviendo el caso, es una manera de hacer política que no se hace cargo del problema en su conjunto y creo que es equivocado ese camino. Por otro lado, en la oposición hay gente muy maximalista que plantea cambios de fondo aquí y ahora. Una forma de encausar la crisis es pactar un cronograma, que incorpore medidas inmediatas y con fechas, pero de la misma forma más a largo plazo como medidas más estructurales como el cambio constitucional.

-¿Hay que buscar puntos de encuentro hacia la construcción de una nueva constitución?

-Hay que buscar un acuerdo amplio para este cambio constitucional. Y cuando digo un acuerdo amplio, tiene que incorporar al Gobierno, ya sea porque el Gobierno cambia de posición o ya sea porque algunos de la derecha, que han sido más aperturistas, se suman este gran acuerdo. Por supuesto, con toda la oposición unida que esté con esto, que espero que sea la gran mayoría. Esto tiene que ser un acuerdo social y político; ambas cosas. Solo un acuerdo social sin sustento político no va a resultar ni va a derivar en cambios profundos. Ahora bien, solo acuerdos políticos tampoco resulta, porque también se tienen que validar por la sociedad este acuerdo.

-En este contexto, ¿Cómo debe actuar la Democracia Cristiana (DC) ahora? 

-La DC en sus distintos lugares y espacios públicos, sus bancadas, dirigentes y voceros, tantos desde sus alcaldes y el mundo parlamentario tienen un rol que jugar. Lo importante es reconocer que este rol es con otros y no solos. Cuando hablamos de un acuerdo marco para avanzar y superar la crisis, es un acuerdo que tenemos que construir con el resto de la oposición, que esté por el diálogo de los acuerdos. Es un mal camino, o atajo equivocado, salirse de la fila y hacer solo un acuerdo con el Gobierno. Esto es de tal magnitud, que requiere de un acuerdo amplio.

-¿Cómo debe ser este «acuerdo amplio» ?

-Debería contemplar una nueva constitución. Sin embargo, respecto del mecanismo para este cambio constitucional lo debería definir la ciudadanía. Yo soy de los que cree que tenemos que hacer un plebiscito o elección para ponerle a la ciudadanía las distintas alternativas, y sea la ciudadanía la que elija, pero para ello el Congreso debe aprobar ese plebiscito. Entonces, soy de los que cree que debe haber un plebiscito inicial para definir cuál es el mecanismo, ya sea el propio Congreso o asamblea constituyente y luego otro para validar esta nueva constitución. Las constituciones son acuerdos amplios. No son imposiciones por un voto. Entonces, esto requiere el diálogo y veo a sectores de Renovación Nacional (RN) y Evópoli abiertos a estos cambios.

-¿Y está de acuerdo con los cabildos ciudadanos que se han hecho en este sentido?

-Los cabildos son una expresión de participación ciudadana necesaria para democracia, no solo para una nueva constitución, sino que también para la agenda social, para las obras públicas y la determinación de qué hacer en las municipalidades.

-¿Esta participación ciudadana debe ser vinculante siempre?

-Lo que debemos hacer como sociedad es normalizar que los cabildos y la participación ciudadana deba ser permanente. La idea es construir no solo una democracia con elecciones para elegir a nuestros representantes políticos, sino que también exista mayor participación ciudadana, donde las reglas estén claras y todos sepamos cuáles cosas son vinculantes y cuáles no. No todo puede ser vinculante ni tampoco se puede plebiscitar todo, pero tampoco nada vinculante. Tienen que haber reglas claras y transparentes para todos.

Concesiones

-Cómo ex ministro del MOP, ¿Cómo se pueden rebajar más las tarifas del TAG?, ¿El Estado está amarrado con las concesionarias, a través de los contratos que establece con las concesionarias de las carreteras? 

-Las concesiones surgen por la siguiente pregunta: ¿Qué país queremos? Entonces, uno responde que se imagina un país desarrollado y justo, pero para eso nos preguntamos ¿Qué infraestructura pública necesitamos? Y la respuesta es clara: aeropuertos, carreteras, hospitales, etc. Y luego nos decimos, ¿Cómo financiamos todo esto? Porque esta infraestructura pública no se puede financiar solo con el gasto público, y a partir de este dilema, surge entonces el sentido profundo del sistema de concesiones en Chile. Dicho eso, uno se pregunta por qué la molestia ciudadana con las autopistas. Los contratos antiguos del Estado con las concesionarias son el problema. Mientras, que los contratos nuevos se ajustan a la cantidad de demanda y son variables. Se calculan a «x» cantidad de años y si la demanda es más que la contemplada en el contrato, baja la cantidad de años de concesión y también los montos acordados para definir reajustes en cobro de peajes y TAG, y eso va en las bases de licitación.

-Entonces, ¿Es insuficiente sólo sacar el 3,5% de reajuste anual?

-Este congelamiento a valor real me parece un medida correcta, que va en el sentido correcto. Respecto de los contratos antiguos, cualquier cambio que se haga tiene un gran costo para el Estado, como forma de indemnización a estas concesionarias. Entonces, hay que ser cuidadosos en ello. Respecto de los contratos nuevos, claro que se pueden definir reglas más beneficiosas para los usuarios de las carreteras, pero yo soy partidario que se ajusten por demanda. O se ajustan por demanda o se comparten ingresos con el Estado. Cualquiera de las dos cosas. El problema lo tenemos con los contratos antiguos.

-¿Es posible que no se concesione todo y que el Estado pueda construir por su cuenta propia parte de la infraestructura pública?

-Eso tiene que ver con este nuevo pacto social. Al final del día, debemos definir nuestro sistema tributario y saber cuánto se cobra para ver si podemos financiar obras públicas o no como Estado, para construir cárceles, carreteras y aeropuertos. Habría que ver si la recaudación alcanza, porque si financiamos estas obras no habría dinero para, por ejemplo, financiar medidas en educación como la gratuidad o aumento de las pensiones, en materia previsional. Por eso, habría que ver qué se concesiona y qué no, de forma prioritaria y con contratos que sean percibidos como no abusivos por parte de la ciudadanía y que sean justos. En consecuencia, la manera de cómo mejorar nuestro sistema de concesiones es con contratos variables, como se hace en otros países.

-¿Se deben fortalecer los fondos municipales y desde los gobiernos locales pueden partir las soluciones?

-Una cosas son los recursos para la comuna en su conjunto y otra, son los destinados al municipio. Deberíamos aspirar a un auge comunal, o auge de la ciudad. Es decir, garantías explícitas para las diferentes comunas del país. Una cantidad de Carabineros por habitantes en cada comuna garantizado, una cantidad de metros cuadrados de áreas verdes garantizadas, una cantidad de transporte público garantizado, entre otras medidas. Se trata de una equidad en distintos lugares del país. Eso es una política pública que es mucho más que solo los recursos municipales, porque está relacionado con modificar el Fondo Común Municipal, sino que también un auge municipal. Son estas dos cosas: más recursos municipales y auge comunal garantizado por el Estado. Como país tenemos que ser capaces de generar un auge comunal o de ciudad, con estándar en salud, educación con gratuidad, y viviendas sociales de calidad.

-Por último, ¿Cómo ve el futuro de Chile y cómo se puede superar esta crisis?

-Tenemos que llegar a buen puerto con un pacto social nuevo y acordado y validado por la población chilena. Tenemos llegar a ese gran acuerdo y buscar caminos pacíficos de paz social, como lo han hecho Nueva Zelandia o Suecia, que hoy son países desarrollados y en los primeros lugares de ranking de mejor calidad de vida en el mundo. Tenemos que llegar a un acuerdo social para encausar esta legítima demanda ciudadana. Y hay que mirar buenos ejemplos de otros países (…) Pongámonos de acuerdo como país en establecer un cronograma para encausar las medidas al corto plazo, con diálogo ciudadano y metodología social validada, y donde existan medidas de largo plazo, como el cambio constitucional. //ELF.

INDH presenta orientaciones para educar en DDHH en contextos de crisis

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El documento es un insumo para problematizar, dialogar y reflexionar respecto al sistema democrático y la importancia que tiene la educación en derechos humanos en la promoción de una cultura de respeto de derechos.

“8 preguntas clave para educar en derechos humanos en contextos de crisis”, es el título del documento presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que entrega materiales educativos para apoyar los procesos de reflexión en los establecimientos educacionales del Chile, sobre la situación social.

Entre los objetivos de esta guía está el promover el conocimiento básico sobre lo que significa un estado de excepción en un sistema democrático. También se propone como una herramienta para conocer el derecho a la manifestación; para difundir los mecanismos de protección de los derechos humanos en el país, y para promover una cultura de derechos fundamentales.

El material educativo del INDH está dirigido a educadoras y educadores, para ser incluido en asignaturas tales como Historia y Ciencias Sociales, Orientación, y Lenguaje y Literatura, desde cuarto básico hasta segundo medio.

Respecto a la importancia de la educación en derechos humanos, especialmente en situaciones de crisis, Enrique Azúa –jefe de la Unidad de Educación del INDH-, señaló que “tanto en el Informe Valech como en el Informe Rettig se señala que la razón más profunda por la que se han producido las violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo en la dictadura, fue la ausencia de una cultura de los derechos humanos”.

El INDH cuenta con material educativo que releva la importancia de educar en derechos humanos, y propone ideas para su formación; dispone también un manual dirigido a docentes, tanto de educación formal como no formal, que integra definiciones como qué es el principio de no discriminación, y que propone reflexiones para preservar la memoria.

Presidentes de la Cámara y del Senado encuentran improductiva y sin necesidad reunión del Cosena citada por Piñera

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El presidente del Senado, Jaime Quintana, afirmó que la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en su opinión, “no fue necesaria ni productiva”.

Tras la reunión del Cosena convocada en La Moneda este jueves, el presidente del Senado rechazó la posibilidad de que se vuelva a decretar Estado de Excepción y dijo que así se lo había expresado al presidente Sebastián Piñera.

“No hay condiciones para volver a los estados de Excepción, que finalmente trajeron más violencia“, afirmó Quintana, quien comentó que por lo menos el Gobierno no señaló durante la reunión que lo estuviera analizando.

El presidente del Senado dijo que, en su opinión, la reunión del Cosena “no fue necesaria ni productiva”, misma línea del presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores.

“Aquí no estamos para ambigüedades ni para tampoco seguir generando confusión. Creo que no se debió haber convocado al Cosena, porque lo mismo que tratamos pudimos haberlo discutido en otro contexto“, aseveró Flores.

Consultado sobre si la reunión con los jefes de las Fuerzas Armadas tenía que ver con alguna intención del Gobierno de retomar los estados de Excepción, Flores aseguró “que eso no no cabe hoy día”.

El Cosena está integrado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (Ejército, FACh y Armada), además del general director de Carabineros, Mario Rozas; el presidente del Senado, Jaime Quintana; el presidente de la Cámara, Iván Flores; el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; y el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, sumándose a ellos el jefe de Estado, Sebastián Piñera.