Notas

Funcionarios públicos advirtieron que la “consulta ciudadana” tiene falencias metodológicas al no ser regulada por los marcos legales que rigen a la administración.

El Directorio Nacional de la ANEF, a través de su presidente, José Pérez Debelli, hizo lectura de una declaración en la que criticó la “Consulta ciudadana al anteproyecto de ley Empleo público al servicio de la ciudadanía” impulsada unilateralmente por el gobierno, la que terminó este jueves 28 de enero.

Además, la agrupación reivindicó que la discusión sobre la Modernización del Estado debe abordarse en el marco del proceso constituyente.

Desde la ANEF advirtieron que la “Consulta ciudadana” tiene falencias metodológicas al no ser regulada por los marcos legales que rigen a la administración, por ende, es más bien una encuesta y debe ser medida bajo esos parámetros.

A su vez, no acredita identidad, solo identifica a quienes reconocen ser funcionarios/as públicos, mostrando una intención de suplantar la opinión de las organizaciones sindicales.

Asimismo, el volumen de participantes (57.301 personas, de los cuales 33.639 serían trabajadores/as del Estado, según la propia página de la consulta) es bajo considerando un universo de aproximadamente 500.000 funcionarios/as públicos.

Por último, la ANEF rechazó que autoridades de servicios públicos presionaran a los/as trabajadores/as a participar de esta consulta.

“Queremos expresar a la ciudadanía que no se deje engañar ni por la Consulta Ciudadana, ni por los titulares del Anteproyecto de Modernización del Estado. El objetivo de esta iniciativa es consolidar un manto de legitimidad a un modelo de empleo público diseñado para terminar de subordinar a la función pública a los gobiernos y autoridades de turno (…) Se trata del traslado definitivo al Empleo Público del modelo de desarrollo agotado, el que ha sido cuestionado por la ciudadanía que despertó y salió a la calle a decir que quiere cambios profundos”, expresó el presidente de la agrupación.

Por otra parte, la ANEF relevó el hecho que la ciudadanía ha optado para que las transformaciones sociales, para un nuevo modelo país, sean redactadas por una Convención Constitucional, y que por ello no se puede aceptar que el gobierno esté intentando condicionar esos cambios con reformas estructurales de último minuto.

En ese contexto, la Agrupación defendió un debate democrático entorno a la Modernización del Estado, enmarcado en el proceso constituyente, que sea de carácter participativo y solidario, y que permita a su vez terminar con la Constitución heredada de la dictadura.