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Diversas organizaciones se manifestaron en el Frotis de la Fiscalia Nacional para exigir el “fin de la persecución a usuarios medicinales de cannabis” y pedir celeridad en la tramitación de la Ley Cultivo Seguro, que lleva cerca de tres años en el Congreso y está siendo discutida en la Comisión de Salud del Senado.

En la instancia participaron agrupaciones como la Fundación Daya, con su representante, la candidata a diputada por distrito 12, Ana María Gazmuri. Y Mamá Cultiva, con alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, las que entregaron un documento emplazando al fiscal nacional, Jorge Abbott.

Al respecto, la actriz y activista Gazmuri, indicó: “Es inaceptable que Fiscalía siga insistiendo en perseguir a usarías y usuarios personales de Cannabis, incluyendo pacientes que cultivan con la indicación de sus médicos tratantes. Esto, ha generado una grave crisis de DD.HH. en esta inmensa comunidad nacional, incluso con personas privadas de libertad, tanto debido a medidas cautelares desproporcionadas, como por condenas efectivas”.

Sobre lo anterior, añadió: “Indigna que el Ministerio Público pida entre 3 y 7 años de cárcel para quienes no han cometido ningún delito. Por el contrario, al cultivar sus propias plantas están luchando activamente contra el Narcotráfico, ámbito en que el Estado solo muestra fracasos. Esto debe parar ya”.

Firmada, entre otros, por la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la senadora Adriana Muñoz, la misiva acusa que «que basta una denuncia anónima por la mera tenencia de plantas de cannabis para desencadenar un proceso de allanamiento, incautación y detención de personas que no son delincuentes».

«Procesos con fiscales pidiendo 7 años de cárcel por cultivar 3 plantas Esto Sr. Abott, está destruyendo vidas y traumatizando familias. No es el cannabis el que daña y quebranta a la comunidad, sino la ilegitima persecución hacia sus usuarios», añade el texto.

Tras citar distintos ejemplos, la carta recuerda el caso de «Rodrigo Barraza, en cuyo honor hemos renombrado la Ley Cultivo Seguro, el joven padre de Pichilemu quien pasó un año con arresto domiciliario total por cultivar cannabis para su pequeño hijo León, diagnosticado con TEA. Rodrigo fue absuelto de todos los cargos pero el daño ya estaba hecho y le costó su vida. La criminalización y persecución del Ministerio Público y las policías lo llevaron a quitarse la vida».

«Hoy debiésemos sentir una profunda vergüenza por tener los mayores índices de la región de ciudadanas y ciudadanos procesados, condenados y privados de libertad por cultivar cannabis; no bajaremos los brazos hasta obtener justicia y reparación para todos y cada uno de ellos», sentencia la carta.

Desde la manifestación, la diputada Karol Cariola consignó: «Nos parece necesario que se termine de manera definitiva con la persecución de los usuarios de cannabis medicinal. Hemos sido proactivos y proactivas. Hemos presentado propuestas, llevamos más de un año esperando la audiencia que se comprometió a tener con nosotras y nosotres, el ministro del Interior. Hasta ahora, todavía no nos entrega la fecha para reunirnos, pese a que nos dijo que si.

Cariola explicó que la Ley de Cultivo Seguro «fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud por la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero que sin embargo, duerme en el Senado. Recién ahora se va a poner en tramitación en la Comisión de Salud».

La parlamentaria lamentó que «la criminalización de los usuarios de cannabis medicinal se ha mantenido en el tiempo, la persecución injustificada. ¿Cómo podemos sensibilizar al fiscal nacional, al Ministerio Público, a las policías, y decirles que aquí hay familias que están sufriendo y viven el dolor a diario por enfermedades catastróficas? y la única manera que han encontrado para disminuir este dolor es esta medicina, que no tiene costos para ellos en la medida que son capaces de autocultivarla».

«Lamentablemente, la Ley 20.000 ha sido un flagelo permanente. Seguimos con el desafío de tener una nueva ley que establezca una política de drogas integral en Chile. Pero mientras tanto, a lo menos, necesitamos sacar adelante la Ley Cultivo Seguro para terminar con este flagelo de la criminalización de los usuarios», añadió.

Finalmente, Cariola aclaró que «perseguir el narcotráfico es una necesidad. Y nosotros vamos las primeras en ponernos en la fila para impulsar la persecución del narcotráfico, que le ha hecho tanto daño a nuestras familias en las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Pero no nos confundamos: una cosa es el narcotráfico y otra es una nueva política de drogas en Chile, y otra cosa son los usuarios, que son los criminalizados y perseguidos».