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A reconstruir la centroizquierda

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Admin Istrador

¿Existe alguna relación entre el asesinato de Carlos Prats y el caso del general Fuente-Alba?

mayo 22, 2024 by Admin Istrador Deja un comentario

Juan Miguel Fuente-Alba, ex comandante en jefe del ejército chileno, ha conseguido librarse de la pena en un caso de fraude financiero. El Tribunal Penal de Santiago absolvió al general.

La fiscalía acusó al funcionario de malversar casi tres mil millones de pesos entre 2010 y 2014. Según la investigación, para evitar problemas con la justicia, él y su esposa Anita María Pinochet Ribbeck realizaron diversas transacciones destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos, cometiendo así el delito de lavado de activos. La posible pena es de 15 años.

Los abogados del acusado consiguieron destruir la estrategia de la acusación. Demostraron que la investigación no examinó con suficiente detenimiento los estados financieros del general.

“Lo anterior, claramente denota una falta de precisión y rigurosidad en la investigación, en el entendido que el análisis contable financiero debe efectuarse necesariamente bajo el prisma de la investigación de un delito de lavado de activos”, señaló el tribunal.

Curiosamente, la absolución del general coincidió con el agravamiento de la situación política con Argentina. Juan Miguel Fuente-Alba tiene muchos vínculos con Buenos Aires. En 1999 trabajó allí como agregado militar. Y en 2010 se pronunció sobre el asesinato del vicepresidente chileno Carlos Prats.

Habitantes de una casa de la calle Malabia

En los años setenta, Prats huyó de la persecución tras el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. El general caído en desgracia en Argentina era seguido por los servicios de inteligencia de todos los países interesados.

Sin embargo, no se estaba escondiendo exactamente. Los propietarios de la casa nº 3351 de Malabia organizaron una reunión para asegurarla contra la explosión de alguna bomba. Su vecino era enemigo personal de Pinochet.

El general no tenía intención de seguir huyendo ni de esconderse. Como en los días de El Tanquetazo, demostró valor personal. En la noche del 29 al 30 de septiembre de 1974, Carlos Prats y su esposa Sofía Ester Cuthbert se dirigían en su coche a su casa.

El general aparcó e instantes después se oyó una explosión. La pareja murió en el acto. La investigación duró más de cuarenta años. En 2010, Juan Miguel Fuente-Alba denunció a los funcionarios del ejército implicados en el asesinato de los Prats.

Un hombre útil

La retirada de los cargos contra el general coincidió sorprendentemente con el aumento de las tensiones entre Argentina y Chile. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación Argentina, hizo una declaración muy dudosa sobre el despliegue de combatientes de Hezbollah en Chile. A continuación, el Comandante en Jefe de la Armada chilena, Juan Andrés de la Maza, participó en una sesión informativa sobre las perspectivas de defensa. Buenos Aires y Santiago son como dos boxeadores calentando antes de subir al ring. Nadie habla aún en voz alta de un conflicto militar entre ambos países, pero las palabras flotan en el aire sobre los Andes. Y los aviones de combate F-16, comprados urgentemente por Milei para la Fuerza Aérea Argentina, podrían volar pronto sobre el espacio aéreo chileno. En este ambiente caldeado, las piezas del ajedrez de ambos bandos se van colocando poco a poco en el tablero.

Juan Miguel Fuente-Alba conoce sin duda los matices de los servicios de inteligencia de ambos países. Puede servir tanto de negociador como de valioso especialista en la planificación de operaciones militares a gran escala. Pero ¿de qué lado estará un hombre tan útil?

Publicado en: Notas, Politica, Slider Etiquetado como: Carlos Pratt

Guerra por la Antártida: La política de Javier Milei agrava las relaciones con Chile

mayo 17, 2024 by Admin Istrador Deja un comentario

Unas relaciones estables de buena vecindad entre Chile y Argentina convendrían a las poblaciones de ambos países. Sin embargo, la cuestión de las reivindicaciones territoriales de Buenos Aires y Santiago en la Antártida sigue abierta.

En una conferencia de prensa a la que asistió el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante Juan Andrés De La Maza Larraín, se abordó la alarmante situación que se vive con la adquisición de 24 aviones de combate F-16 norteamericanos y cuatro aviones de patrulla marítima Basler BT-67 de fabricación estadounidense por parte de las nuevas autoridades argentinas encabezadas por el Presidente Javier Milei.

Altos funcionarios chilenos y representantes del ámbito militar creen que tarde o temprano puede estallar un conflicto armado entre los países por la Antártida y las islas del sur del océano Atlántico. En la conferencia de prensa se habló, en primer lugar, de la posibilidad de resolver los desacuerdos territoriales entre los países mediante negociaciones. Pero los militares chilenos se adhieren a la posición de que a pesar de la existencia de una opción diplomática para superar la disputa, las fuerzas armadas deben estar en plena disposición para cualquier resultado de las reuniones entre los representantes de los dos países.

El acuerdo de adquisición de aviones con Argentina fue aprobado previamente por el Departamento de Estado de EE.UU., escribe UK Defence Journal. El paquete también incluye una amplia gama de servicios de apoyo, como equipos de mantenimiento, documentación, piezas de repuesto, reparaciones, formación de personal y servicios de ingeniería de especialistas y contratistas estadounidenses.

Los expertos señalan que la adquisición de varios Basler BT-67, aptos para su uso en condiciones climáticas adversas, mejorará las capacidades argentinas de aterrizaje y transferencia de carga desde el aire, especialmente a la Antártida.

Cabe señalar que en una Argentina económicamente inestable, donde continúan los recortes generalizados de gastos presupuestarios mediante reducciones de personal en diversos organismos estatales y otras medidas no menos sensibles para la población, el Presidente y su equipo decidieron comprar aviones por valor de cientos de millones de dólares. Tales gastos, en un contexto de enorme inflación y caída de los ingresos reales de la población, resultan cuando menos extraños.

El escritor y activista social argentino Adolfo Pérez Esquivel, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, criticó a las nuevas autoridades del país en una entrevista concedida a RadioAM750 por dar prioridad al gasto militar y recortar los fondos destinados a educación y asuntos sociales.

«El presidente Milei está tomando actitudes en contra del pueblo argentino y en contra de la humanidad. En lugar de trabajar para la paz, está buscando involucrarse en el conflicto y compra 24 aviones de guerra. No hay plata, pero para una guerra hay plata», declaró.

Una oferta que no se puede rechazar

En cuanto al acuerdo de adquisición de aviones en sí, su conclusión y la presión ejercida por el equipo de Milei plantean muchas cuestiones válidas desde el punto de vista económico, político y militar.

Matías Caciabue, secretario general de la Universidad Nacional de Defensa de Argentina (UNDEF), comparó los planes de Serbia de comprar cazas franceses Rafale de la modificación de 2023 con la compra argentina de F-16 estadounidenses, que se fabrican desde los años ochenta.

Caciabue explicó por qué un pequeño país europeo con un modesto presupuesto de defensa optó por equipos de última generación, mientras que una nación latinoamericana más grande optó de alguna manera por aviones de combate obsoletos de fabricación estadounidense, que Colombia se negó a comprar.

«No cabe duda de que los Rafale F4.1 de Dassault son grandes aviones de cuarta generación. No sé si esta capacidad se tuvo en cuenta en el proceso de planificación y adquisición de capacidades. Sin embargo, hay que hacer una advertencia. El principal problema de defensa de la República Argentina no es Venezuela ni Brasil. Ni siquiera es Chile, con quien tuvimos una seria disputa limítrofe en los años setenta y existe una relativa competencia por nuestra proyección antártica común. El principal problema de defensa nacional es la ocupación ilegal e ilegítima de parte de nuestro territorio soberano por una potencia militar extrarregional. Me refiero a la ocupación de las Malvinas y otras islas del Atlántico Sur por parte del Reino Unido.

Por eso, la adquisición de aviones F-16 es la que más ruido está causando en términos estratégico-nacionales. ¿Es favorable comprar aviones a un aliado del Reino Unido durante el conflicto armado del Atlántico Sur de 1982? ¿Por qué nos permite comprarlo ahora? ¿Pueden estos aviones competir con los cazas Eurofighter Typhoon que el Reino Unido tiene estacionados en las islas Malvinas? Se abre ahí un mar de dudas».

El Secretario General de la UNDEF, al evaluar la estrategia de política exterior del Presidente Milei, destacó el factor clave que influye en la decisión de las autoridades. En su opinión, a la cabeza de todo está la firme intención de los actuales dirigentes de someterse al Occidente global liderado por EEUU, implicando al país en una crisis económica y agravando las ya difíciles relaciones con otros países sudamericanos.

La conclusión del contrato de los obsoletos F-16 confirma los planes del nuevo gobierno argentino de someterse a los proyectos del gran capital de origen angloamericano. Los argentinos deben darse cuenta de que la compra de aviones a la corporación militar-industrial Lockheed Martin, que, bajo el patrocinio de Washington, suministra sus productos a países prooccidentales de todo el mundo, sólo puede ser el principio de una «cooperación».

Las autoridades estadounidenses estarán encantadas de vender otros equipos militares a Milei, y si para ello es necesario alimentar la demanda de aviones y tanques, los norteamericanos, con su sólida experiencia en la materia, son muy capaces de desencadenar una guerra entre Argentina y Chile.

Publicado en: Notas, Politica, Slider Etiquetado como: Antártica, Javier Milei

La gran oportunidad perdida

enero 11, 2024 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Ernesto Moreno 

Después del rechazo a la propuesta de nueva Constitución elaborada por el Consejo Constituyente en el reciente plebiscito del 17 de diciembre, pareciera darse una ocasión propicia para, con una dosis inevitable de auto referencia, relevar nuestro trabajo publicado el 6 de diciembre reciente y titulado “Justo y necesario” (Editorial Trayecto). Su tema central es desarrollar y fundamentar una revalorización y reivindicación del proceso y texto constitucional 2022 a cargo, en dicha oportunidad, de la Convención Constitucional.

El objetivo y motivación fundamental de este trabajo fue intentar aportar un grano de arena para cambiar, o al menos equilibrar un relato de nuestra historia reciente, concretamente, abrir un espacio para reprocesar y analizar lo ocurrido con el escrito elaborado a partir de una hoja en blanco y resultado de 359 días de trabajo de los convencionales entre el 2021 y el 2022. Nuestra búsqueda estuvo centrada en despojar la perspectiva y opinión “patentada” e instalada sobre este hecho inédito, despojándolo de cierto lodo, estigma y enjuiciamiento más bien ligero y, sobre todo, desinformado. Por cierto, no hemos intentado poseer la verdad, pero sí ejercer el sagrado derecho a dar otra versión y presentar otra mirada sobre un hito más que relevante y significativo de nuestra historia.

A través de una metodología simple, con dos hipótesis centrales y con datos e información de primera mano, esto es, lo que se llama fuentes primarias, se fue desarrollando la línea argumental que atraviesa nuestro trabajo, esto es, responder a la pregunta de ¿qué conjunto de circunstancias concurrieron y qué variables intervinientes incidieron para que una altísima votación en favor de un proceso constituyente y de una Convención Constitucional encargada de redactar un nuevo pacto social (plebiscito de octubre del 2020) terminara y diera lugar, paradójicamente, a una abrumadora mayoría que rechazó la propuesta de dicho organismo (plebiscito septiembre 2022)?

La respuesta a esta cuestión y sus implicancias obviamente sobrepasa con mucho las posibilidades de esta columna y los interesados la encontrarán en la publicación que comentamos, sin embargo, lo que sí se puede adelantar es que aquellas razones y causas que más se han vociferado y desplegado como explicaciones entre la ciudadanía, NO corresponden a las conclusiones de nuestra investigación. Esto es, en primer lugar, los convencionales no eran un conjunto de personas que junto “con dar espectáculo”, carecían de las competencias para un trabajo de tal envergadura, no estaban inspirados e influidos por experiencias e ideologías foráneas y mucho menos elaboraron una constitución partisana (expresión de un simplismo que linda con la ignorancia). En segundo lugar, tampoco estamos en presencia de un texto que no acogió las demandas de la sociedad, mal escrito y lleno de insuficiencias, sino que, por el contrario, la propuesta de nueva Constitución plebiscitada el 4 de septiembre del 2022, más allá de ciertas deficiencias y carencias que ciertamente contenía (la mayoría subsanables), a juicio de opiniones nacionales e internacionales, cumplía plenamente los standard democráticos y consagraba definiciones, normas y valores que abrían un espacio para que la sociedad chilena transitara hacia una democracia en que la dignidad de las personas, la justicia social, el rol protagónico de la ciudadanía, la solidaridad, el bien común y diversos derechos de las minorías estuviesen en el centro.

El mayoritario “en contra” a la propuesta republicana y derechista, deja al país en fojas cero respecto a la decisión ciudadana de una nueva constitución y pacto social que regule la vida entre nosotros, asimismo, las reivindicaciones del movimiento social de octubre del 2019 permanecen intactas y sin soluciones de verdad, lo que permite avizorar nubes de incertidumbre sobre el futuro de nuestra sociedad.

En este escenario y desde una perspectiva histórica, después de realizado nuestro trabajo y para decirlo de la manera más cruda y sincera, estimo que la no aprobación del texto de nueva constitución propuesto el 2022 por la Convención Constitucional, constituye una gran oportunidad “farreada” por la mayoría de la ciudadanía para iniciar un camino hacia una mayor y más profunda democracia. //ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica, Slider Etiquetado como: columna, Columnas, Ernesto Moreno, Nueva Constitución

Una discriminación insoportable

enero 10, 2024 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Pedro Vera Castillo

Delegado Junta Nacional PDC

Recientemente, se ha conocido y aprobado el reajuste de las remuneraciones del sector público que establece un 4.3% de incremento y que se espera compense el aumento del costo de la vida reflejado en el IPC anual. Este es el resultado de un proceso de negociación realizado con el gobierno por las organizaciones más representativas de los trabajadores del sector público, entre las cuales: ANEF, ASEMUCH, CONFUSAM y Colegio de Profesores, todas coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Paralelamente, se conoce la decisión de la Comisión Especial, conformada de acuerdo al Art. 38 bis de la Constitución, y que está encargada de fijar, cada 4 años y con a lo menos 18 meses de anticipación al término de un periodo presidencial: “Las remuneraciones del Presidente de la República, de los senadores y diputados, de los gobernadores regionales, de los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado que señalan los números 7° y 10° del artículo 32 y de los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas”.

Pues bien, dicha Comisión establece un reajuste de 4.8%, para las remuneraciones más altas del sector público fundada en que ese valor representa la variación porcentual del IPC de diciembre 2022 a noviembre 2023.

Dicha Comisión está integrada por: Un ex Ministro de Hacienda; un ex Consejero del Banco Central; un ex Contralor o Subcontralor de la Contraloría General de la República; un ex Presidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional; y un ex Director Nacional del Servicio Civil. Todos ellos son nombrados a propuesta del Presidente de la República con el apoyo de los 2/3 de los senadores en ejercicio.

Si bien puede argumentarse la independencia de esta Comisión respecto del gobierno, es a éste que le corresponde tomar iniciativa para que esta discriminación insoportable y éticamente impresentable, aparentemente inédita, en favor de los sueldos más altos de la administración del Estado y en perjuicio de los miles de trabajadores del sector público que reciben remuneraciones mucho más bajas, sea corregida de inmediato.

Como humanistas cristianos somos partidarios de apoyar decididamente las grandes reformas sociales pendientes, y que este gobierno se ha comprometido a llevar a cabo, y somos también partidario de suscribir los acuerdos electorales y programáticos – con las fuerzas oficialistas – que sean necesarios para asegurar la derrota de una derecha cada vez más sediciosa y posibilitar el avanzar hacia un Chile más justo pero no somos vagón de cola de “un tren de las torpezas” ni estamos disponibles para callar cuando se cometan este tipo de discriminaciones insoportables que sólo aumentan las inequidades al interior de los funcionarios del Estado y deterioran aún más la imagen de la política. //ELF

Publicado en: Columnas, Notas, Politica, Slider Etiquetado como: columna, Columnas, Mesa del Sector Público, Pedro Vera, Reajuste sector público

La disparatada defensa de Yáñez

enero 9, 2024 by Admin Istrador Deja un comentario

Por Rodolfo Fortunatti

Sociólogo DC

La tesis del abogado Jorge Martínez constituye un disparate, un argumento contrario a la razón, aunque habitual en el actual debate político y una de las causas de su tóxica degradación.

El abogado defensor del general Ricardo Yáñez, ha declarado a la prensa que los fiscales que pidieron su formalización están motivados por enemistad, odio o resentimientos hacia el uniformado. Ha dicho que la fiscal Ximena Chong se ha manifestado en contra de la policía chilena, participando en actividades de las mismas partes querellantes en esta causa y, además, favoreciendo la acción de Primera Línea. Y ha afirmado que el fiscal Xavier Armendáriz ve en la institución de Carabineros una cueva de encubridores.

La tesis del abogado Jorge Martínez constituye un disparate, un argumento contrario a la razón, aunque habitual en el actual debate político y una de las causas de su tóxica degradación. Algo que hace algunos años reparó en la cultura española el filósofo materialista Gustavo Bueno plasmándolo en el libro Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente en el país de las maravillas, y que nos ofrece un modo de desnudar la falta de lógica formal y de método analítico de ciertas elucubraciones, como lo veremos a continuación:

Piensa el abogado defensor: las imputaciones contra el general Yáñez son infundadas porque los fiscales que las emiten carecen de autoridad para sostenerlas.

Paráfrasis: el abogado defensor supone que las acciones y opiniones personales de Ximena Chong y Xavier Armendáriz respecto de las conductas de funcionarios policiales, le restan, si no le quitan, valor de prueba a los argumentos que fundan la petición de formalización de Yáñez. De acuerdo con este predicado todo lo que se le imputa respecto a su deber frente a las vulneraciones de derechos cometidas por sus subordinados y a su responsabilidad de mando, son falsas.

Análisis: lo que afirma el abogado defensor es que la imputación de los fiscales al general no es válida porque lo que digan de los policías es fruto de su propia animadversión y, en consecuencia, son especulaciones que no constituyen prueba. La del abogado es a todas luces una falacia, un fallo o error de razonamiento con apariencia de argumento creíble, pero realmente falso en su totalidad. Específicamente, se trata de la falacia ad ominem, locución latina que significa literalmente ‘al hombre, a la persona’. Según la Real Academia de la Lengua Española, dicha falacia “se aplica al razonamiento o argumento que trata de confundir al adversario oponiéndole sus propias opiniones o actos, o, más frecuentemente hoy, al argumento que va dirigido contra la persona y no contra sus tesis”.

Crítica: el abogado defensor y el propio general Yáñez que, en palabras de la querellante Karinna Fernández se ha negado a colaborar con la Justicia, atacan al Ministerio Público por las ideas y comportamientos civiles de sus funcionarios. De esta manera se engaña a la opinión pública al desviar el foco de atención desde los argumentos de fondo del proceso judicial, los mismos que dan lugar a la petición de formalización del general Yáñez, hacia las que ellos consideran reprochables características personales de los fiscales Chong y Armendáriz, que, desde luego, no son de su agrado. En último término, pretenden sacar del juicio a los persecutores por la vía de inhabilitarlos, pero sin hacerse cargo de las graves acusaciones sobre violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

Piensa el abogado defensor: por sus ideas y conductas, en ocasiones de abierto apoyo a la demandas civiles y políticas del estallido social, los fiscales Chong y Armendáriz están en contra de Carabineros de Chile, lo cual les resta credibilidad, cuando no anulan, los argumentos que sostienen su solicitud de formalización de Yáñez.
Paráfrasis: supone el abogado defensor que las imputaciones hechas por los fiscales al general Yáñez —y a los generales retirados Mario Rozas y Diego Olate— constituyen un ataque a toda la institución de Carabineros, hecho por adversarios de la policía, como serían todos los que participan en las protestas y, en especial, los de Primera Línea, con quienes se identifican los fiscales. Ello le restaría peso y legitimidad a las pruebas que ofrecen.

Análisis: lo que afirma el abogado defensor son dos cosas erróneas pero semejantes en su especie. Por una parte, alega que toda censura a los policías que se apartan de sus deberes es un ataque a la institución de Carabineros en su conjunto y, por otra parte, señala que todo ciudadano que se manifiesta públicamente, sobre todo, los miembros de Primera Línea, son adversarios de la institución de Carabineros. Esta forma capciosa de razonamiento se conoce con los nombres de falacia de composición y falacia de generalización apresurada. Por la falacia de composición erróneamente se deduce que Carabineros sería una institución que vulnera los derechos de las personas, sólo porque algunos de sus funcionarios, como los generales Yáñez, Rozas y Olate, omiten su función. O, también colegir que quienes participan en manifestaciones públicas, o empatizan con sus demandas, son adversarios de Carabineros. Por la falacia de la generalización apresurada inferiríamos que la salida del general director de Carabineros agudizaría la crisis de seguridad del país.

Crítica: el abogado defensor confunde a la opinión pública cuando asimila las conductas de los imputados Yáñez, Rozas y Olate, a las de todos los funcionarios de Carabineros. En igual sentido, el Presidente de la República equivoca su investidura cuando entrega su absoluto respaldo al general Yáñez —lo que no ha sido desmentido—, traduciendo a través de él su apoyo a la institución policial, pues al hacerlo, no sólo incurre en las falacias precedentes, sino que deja en la duda si también apoya absolutamente lo que ha venido haciendo otro poder del Estado por las víctimas del estallido social.

En cuatro meses, el 7 de mayo, se realizará la audiencia de formalización de los generales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, por su responsabilidad institucional en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

En los siguientes cuatro meses viviremos una aguda confrontación ideológica que alineará a los defensores y detractores de las víctimas. Los fiscales y abogados querellantes serán desdeñados y desprestigiados para hacer caer las causas e instalar una nueva versión de la secular impunidad histórica de Chile.

Fuente👇

https://fortunatti.wordpress.com/2024/01/05/la-disparatada-defensa-de-yanez/?fbclid=IwAR1gBQwWN5ZEgTGiYANAyrxSzF_Uv7cUXzzxlPi6FqG09OSRfOWTgitn4vE

Publicado en: Columnas, Notas, Slider Etiquetado como: columna, Columnas, Rodolfo Fortunatti, Yáñez

Frente de Trabajadores Democratacristianos (FTDC) y reajuste para el sector público: «No a la discriminación entre funcionarios del Estado”

enero 6, 2024 by Admin Istrador Deja un comentario

En La Fontana publicamos declaración pública del El Frente de Trabajadores Democratacristianos (FTDC) respecto de lo ocurrido con el reajuste para el sector público. A lo que señalan:

«1. La Mesa del Sector Público, que reúne a las organizaciones más representativas de los trabajadores estatales, como ANEF, ASEMUCH, CONFUSAM, COLEGIO DE Profesores, entre otras, coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), negoció con el Gobierno el reajuste de sus remuneraciones y el monto de distintos bonos, aguinaldos y asignaciones, que son parte de las condiciones laborales de este importante sector de trabajadores chilenos.

2. Que concluido este proceso y aprobada la ley respectiva, se otorgó un reajuste de 4.3%, porcentaje que se espera compense, a lo menos, el aumento del costo de la vida, derivado de las alzas de precios y reflejada en el IPC anual.

3. Que, por otra parte, pero casi al mismo tiempo, se publicó la resolución de una Comisión conformada según el Art. 38.bis de la Constitución, que reajusta los sueldos de las altas autoridades, senadores y diputados, en un 4.8% y fundando esta medida, en que ello corresponde a la variación porcentual del IPC de diciembre de 2022 a noviembre de 2023.

4. Lo anterior constituye una grave e inaceptable discriminación en contra de la mayoría de los funcionarios públicos, a quienes, además el aumento del IPC, especialmente en productos de primera necesidad, los afecta de mayor manera, que quienes tienen altos sueldos en el Gobierno y en el Congreso.

5. No tiene justificación que el Presidente de la República, sus Ministros y todas y todos los parlamentarios, vean reajustadas sus altas rentas, en un porcentaje mayor al que recibirán las y los funcionarios de más bajos ingresos.

6. Ello representa una decisión de aumentar la inequidad entre los que ganan más y los que ganan menos, incluso con aquellos que sus rentas los acercan a la línea de la pobreza. Ojalá esto se modifique, eliminando esta “comisión especial”, que solo los favorece y aplicando al reajuste de las rentas de todos los y las trabajadoras del sector público las mismas normas, discutidas anualmente en el Congreso.

7. Más allá de los distintos niveles de sueldo en relación a las funciones desarrolladas, aplicar un porcentaje mayor de reajuste a los sueldos mas altos, constituye una arbitrariedad sinp recedentes, que debe ser reparada a brevedad por el Gobierno.

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado al Gobierno para que conjuntamente con la Mesad el Sector Público, se tomen a la brevedad, distintas medidas administrativas y legales, que solucionene sta injusta situación».

Publicado en: Columnas, Notas, Politica, Slider Etiquetado como: declaración pública, Frente de Trabajadores

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