Admin Istrador

El pasado 15 de junio, el Colegio Médico (Colmed) informaba su decisión de pasar tribunal nacional de ética a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, a raíz de la denuncia por eventuales torturas y tratos crueles e inhumanos realizada por la cartera en contra del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.

La acción judicial fue presentada ante la Fiscalía de Valparaíso el pasado 11 de marzo, después de que el Minsal presuntamente tomase conocimiento de la realización de terapia electroconvulsiva sin anestesia en el recinto.

Los trabajadores del Psiquiátrico expusieron su rechazo a la acusación y anunciaron un inminente paro. La psiquiatra infantil y representante del capítulo médico del establecimiento, Alejandra Voigt, indicó en agencia ATON Chile que se les está haciendo «responsable a los trabajadores de salud de la precariedad que nos tienen durante 40 años».

En ese contexto, el gremio médico realizó una sesión especial para abordar la denuncia, tras la cual resolvió apoyar a los trabajadores y denunciar ante el tribunal de ética a la titular la Salud.

Sin embargo el Departamento de Derechos Humanos, Género y Ética del Consejo Regional Santiago del Colmed envió este miércoles un documento pidiendo dejar sin efecto la medida en contra de la ministra, asegurando que está cumpliendo «su deber de funcionaria pública».

«Solicitamos que se considere dejar sin efecto la decisión respecto a derivar este conflicto al Tribunal de Ética de nuestro colegio, ya que consideramos que desde el punto de vista de la defensa de los Derechos Humanos no tiene sustento dicha acusación», consignó.

La rama de DD.HH. indicó en la misiva que la precariedad denunciada «no es excusa para la comisión de actos que puedan ser considerados como tratos crueles inhumanos y degradantes en las Convenciones Internacionales».

Además, acusó «errores comunicacionales» de la directiva del gremio, como «el uso inapropiado del término tortura como referido exclusivamente a ‘tortura política'», apuntando a que dichas acciones «hablan de un desconocimiento profundo respecto a materias básicas de Derechos Humanos y tratados suscritos por Chile al respecto».

El departamento criticó que se está desconociendo «el rol y la responsabilidad que nos concierne como médicos y médicas en tanto funcionarios públicos, y que la tortura y los tratos crueles e inhumanos pueden ser cometidos en diversos contextos, esto es, no solamente referidos a persecución política o ideológica para obtener una confesión».

Luego señaló que Yarza está cumpliendo el artículo 150 del Código Penal que establece que «el empleado público que, abusando se su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se aplique tortura, será penado con presidio mayor en su grado mínimo. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la concurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello».

De esta manera, apuntó a que la ministra de Salud «sólo coloca en conocimiento del Ministerio Público hechos que pudieren revestir caracteres de delito, más allá de la calificación jurídica que haya realizado el Minsal».

Asimismo, advirtió que «tampoco le corresponde a nuestro gremio descartar a priori la comisión de tortura y/o tratos crueles y por el contrario debe ser una alerta». Por ello, indicó que corresponde «esperar a que la justicia se pronuncie y así lo debe expresar claramente el gremio, poniendo énfasis en nuestro respeto irrestricto a los Derechos Humanos como orden».

«La defensa gremial no puede estar por sobre la protección irrestricta de los DD.HH, donde una defensa corporativa de esta índole, no hace más que abrir un debate público ante la propiedad de una eventual restitución de la tuición ética del Gremio Médico, versus la real capacidad de adoptar un rol imparcial de sus miembros cuando otros facultativos son cuestionados y el mismo rol que le compete a los Departamentos de DD.HH de la Orden», complementó.

Así, los firmantes acusaron a que la decisión del Colmed «representa un riesgo reputacional para la Institución Gremial, y la amplia credibilidad a nivel país con la que cuenta, pues entrega la errada imagen de que nuestro Gremio estaría tratando de obstruir este proceso investigativo».

Finalmente, cuestionaron que la «disputa política entre el Colmed y el Minsal», está dejando «en tercer plano o en la invisibilidad absoluta a las presuntas víctimas».

Desde el Colegio Médico no cayó bien la carta. La presidenta de la entidad en Santiago, Francisca Crispi, afirmó en Radio Bío-Bío que la misiva “no responde a las instancias formales de funcionamiento y comunicación” y que «como mesa y consejo no representa la voz oficial y es una postura particular de colegiados que no son mayoría”.