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Por Alfredo Joignant

 Sociólogo y cientista político 

El proceso de cambio constitucional en Chile es de esos procesos, complejos y accidentados, en el que tienden a predominar las paradojas, de esas cosas impensadas y resultados improbables (efectos no deseados, consecuencias inesperadas y todo ese abanico de fenómenos políticos y sociales que no responden a un diseño intencional).

Tras un primer proceso que supuso elegir, como modo institucional de salida del estallido social de 2019, una Convención Constitucional de 155 miembros en mayo de 2021 (en el que predominaban convencionales provenientes del mundo de los independientes y de los movimientos sociales) propuso un largo texto de nueva Constitución, en el que se combinaban elementos de un programa de Gobierno, aspiraciones doctrinarias y un lenguaje woke que nombraba la realidad de un modo extraño.

Era como si lo que es críticamente analizado por Susan Neiman en su libro Left is not woke hubiese dado pie a un intento de constitucionalización de los dolores que sufren innumerables grupos sociales marginados, a modo de reparación histórica. Este texto fue rechazado por una abrumadora mayoría en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cuyas consecuencias políticas y electorales aún se hacen sentir.

Meses después se inicia un segundo proceso de cambio constitucional, completamente encapsulado por 12 bases constitucionales aprobadas por la casi totalidad de los partidos con representación parlamentaria. Es sobre esas bases, resguardadas por un comité técnico de admisibilidad (compuesto por 14 juristas), que fue establecido un comité de 24 expertos (21 juristas, un sociólogo, una economista y una periodista nombrados por los partidos) con el fin de formular una propuesta de texto constitucional sobre la cual trabajarán 50 consejeros constitucionales recientemente electos al sufragio universal (descartando la posibilidad de que fueran electos candidatos independientes en listas propias, lo que constituye la gran diferencia con la primera elección de convencionales en 2021).

Este comité de expertos ha sorprendido a moros y cristianos, ya que desde un inicio se propusieron poner por escrito aquello sobre lo cual estaban de acuerdo, y solo en seguida abordar las discrepancias. El resultado ha sido un texto constitucional minimalista, en extensión y contenidos, en el que la gran mayoría de los artículos han sido aprobados a la unanimidad.

Pues bien, es en este contexto de consensos que irrumpe una primera gran paradoja. Los expertos decidieron constitucionalizar lo que, en regla general y comparada, forma parte de lo que la ley establece y no una Constitución: los fundamentos del sistema electoral. Constataron que la enorme fragmentación de la Cámara de Diputados (21 partidos representados y 39 diputados independientes, lo que hace de esta cámara un espacio literalmente ingobernable) no sería enfrentada por quienes se han beneficiado de ella (a menos de creer en la posibilidad del suicidio colectivo a través de la elevación auto-letal de las exigencias para salir electos), los expertos optaron por fortalecer a los agentes institucionales más detestados por los chilenos: los partidos políticos. Vaya paradoja. Para alcanzar esa meta, y de ese modo entregar estabilidad al funcionamiento del Congreso bicameral chileno, los expertos propusieron elevar el umbral de acceso al escaño para todos los partidos, exigiéndoles el 5% de la votación nacional (o, en su defecto, ocho diputados y senadores electos), independientemente de si en un par de distritos el candidato del partido alcanza una votación local considerable. Esta norma permanente generaría un efecto brutal: la drástica reducción del número de partidos en la cámara baja y la eliminación de decenas de diputados elegidos con el 1% o el 2% de los votos (una votación tan escuálida que es un predictor de conductas payasescas para sobresalir y existir). La reacción de los partidos chicos no se hizo esperar y lograron que, por una sola vez, el umbral sea del 4%, además de sugerir la posibilidad de que existan federaciones de partidos (una idea que fue rechazada por los expertos, por constituir un modo desesperado y tramposo de disfrazar el enanismo partidario mediante la unión electoral de varios partidos enanos).

Una segunda paradoja es que, tras los expertos, comenzará a actuar el Consejo Constitucional recién electo, ampliamente dominado por los partidos de derecha y hegemonizado por Republicanos, un partido que mantiene semejanzas y simpatías con Vox en España. El éxito de Republicanos fue tal (35% de los votos) que ha llevado a olvidar que se trata de un partido hostil al cambio de Constitución (por considerarlo innecesario), lo que se tradujo en su no concurrencia a la adopción de las 12 bases constitucionales cuyos contenidos, de suyo evidentes, son asombrosos: Chile es una República democrática (base 1), Chile tiene tres poderes separados e independientes (base 7), exceptuando el caso controversial de la quinta base: Chile es un Estado social y democrático de derecho (aunque en esa misma base se garantiza la provisión de derechos sociales “a través de instituciones estatales y privadas”). En tal sentido, el no haber concurrido a la doxa democrática hace de Republicanos un partido ambiguo, en donde la segunda paradoja reside en su hegemonía en el Consejo Constitucional (tienen fuerza suficiente para bloquear por sí solos cualquier decisión de sus pares) y en si serán exitosos en liderar las deliberaciones en nombre de una moderación interesada para, eventualmente, ganar las elecciones presidenciales de 2025.

En lo inmediato, es altamente probable que sea un consejero republicano quien presida el órgano (probablemente Luis Silva, un numerario de tomo y lomo del Opus Dei, con uso del cilicio “en algún momento del día”, lo que compromete al partido con el desarrollo del proceso (para bien o para mal). El texto que emanará del comité de expertos es lo suficientemente minimalista y razonable para elevar los costos (sociales y electorales) de su rechazo por el flamante Consejo Constitucional. Controversias habrán, qué duda cabe. No sería sorprendente que la hegemonía de Republicanos se traduzca en una conducta de moderación estratégica que tardó décadas en instalarse en el Frente Nacional francés (hoy Rassemblement National) de papá e hija Le Pen, y que bien podría llevar un puñado de meses en Chile. //ELF

*COLUMNA aparecida en El País de España:

https://elpais.com/chile/2023-05-29/las-paradojas-del-cambio-constitucional-chileno.html