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Exigen explicaciones al MOP por paralización de obras de puente sobre el canal de Chacao

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Hoy se supo, que Hyundai Engineering & Construction, accionista controlador de Consorcio Puente Chacao (CPC), anunció la paralización de las obras de construcción del puente sobre el canal de Chacao, acusando incumplimientos del Ministerio de Obras Públicas.

A través de un comunicado, la firma transnacional consignó que “el incumplimiento de los compromisos contraídos por parte del Ministerio de Obras Públicas, la mala fe con que se han llevado adelante las conversaciones, el perjuicio injusto que de ello se deriva y la completa inseguridad jurídica que se instala como consecuencia, llevaron al Consorcio Puente Chacao (CPC) a la conclusión que es imposible, en estas condiciones, continuar con las obras”, esto “después de tres años de conversaciones, espera y reiterados compromisos incumplidos”.

Si bien el MOP aprobó el proyecto de ingeniería en diciembre del año pasado, CPC recalcó que “no cumplió con su compromiso de formalizar contractualmente los cambios al proyecto y compensar los mayores costos asociados a los cambios ordenados”.

Exigen explicaciones

Frente a tal situación, que afecta a los habitantes de Chiloé y de la Región de Los Lagos, el diputado de la Democracia Cristiana (DC) y jefe de bancada, Gabriel Ascencio, anunció hoy que “he enviado un oficio de fiscalización al Ministerio de Obras Públicas para que nos informe los problemas que generaron la paralización de las obras de construcción del puente sobre el Canal de Chacao. Este es un gobierno que cae en picada y lamentablemente eso ahora está afectando a los chilotes que necesitamos esta obra”.

Sobre lo mismo, añadió: “Esto parece ser definitivamente que es un gobierno que se desmorona. Todos los días hay una tontera, todos los días hay un problema o un error. Ahora tenemos una situación gravísima para la gente de Chiloé, ya que después de tantos años, el MOP no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con la empresa constructora del puente sobre el canal de Chacao y ellos amenazan con la suspensión de los trabajos y dejar todo botado”.

La empresa constructora Hyundai, ha realizado obras de gran envergadura en más de 70 países del mundo, y esta situación para ellos es inaudito, dado que acusan trato abusivo por parte del MOP. «Lo que demuestra que estamos frente a una situación que es francamente escandalosa”, comentó Ascencio.

Ascencio detalló que “por eso, estamos solicitando urgente vía oficio de fiscalización que el MOP nos informe concretamente qué es lo que está pasando acá. Que nos informe cuál es la actual situación, cuantos recursos ha gastado el estado de Chile en la construcción del puente, cual es el avance de las obras que se han realizado hasta el momento y cuánto tiempo falta para terminar los trabajos, cuáles son las posibilidades que tenemos que el gobierno llegue a un acuerdo con la empresa y de esta manera se puedan terminar las obras”.

Por último, el parlamentario por la zona de Chiloé, concluyó: “La verdad que siempre nosotros dudamos que este contrato se pagara con recursos públicos, pero yo tengo la impresión que aquí hay gravísimos errores por parte del MOP y a mi me gustaría que lo antes posible se entregara la información para que se pueda tomar una decisión al respecto (…) Pero este es un gobierno que cae en picada y lamentablemente en esa caída ahora también nos afecta a nosotros en Chiloé”.

Informe anual del INDH describe graves violaciones a los derechos humanos y critica “excesiva demora” de Carabineros para evitar nuevas vulneraciones

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El documento confirma «graves violaciones a los DD.HH.» en nuestro país, además entrega recomendaciones al Gobierno para evitar que se sigan repitiendo este tipo de hechos.

En la entrega de su informe anual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se refirió con especial énfasis a la situación de los derechos fundamentales en nuestro país durante el periodo entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre de 2019.

El texto, dado a conocer hoy por el director del INDH, Sergio Micco, consta de cinco capítulos en los que se sistematiza, analiza y describen las “graves violaciones a los derechos humanos” ejercidas por agentes del Estado.

Micco indicó que se tienen “antecedentes robustos” como para definir que las violaciones a los derechos humanos no fueron aislados. Al respecto, sostuvo que esto “produjo en su conjunto las más graves violaciones a los derechos humanos desde 1989”.

Además, sostiene que el conflicto social que se ha desarrollado en el país se gestó durante “décadas de falta de respuesta de nuestro sistema político a las demandas principalmente sociales”, lo que derivó en evasiones masivas por el alza en 30 pesos de la tarifa del Metro de Santiago.

En el capítulo Violaciones a los Derechos Humanos se ofrece un análisis de la información recopilada por el INDH a partir de la observación directa por sus funcionarios. A partir de estos datos, Micco detalló que “el Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica”.

El texto otorga especial preocupación a las denuncias relacionadas con el “uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual y lesiones oculares”. De acuerdo a las inspecciones realizadas en recintos hospitalarios al 30 de noviembre, hubo un total de 347 personas con heridas oculares, entre las que se cuentan estallidos del globo ocular, pérdidas de visión por trauma ocular irreversible y traumas oculares. A esa fecha, el INDH había presentado 29 querellas por ese tipo de lesiones.

Además se constata que “el mayor número de muertes y la mayor proporción de lesiones por trauma ocular, como de personas heridas, se produce durante el período de Estado de Emergencia”.

El informe asegura que existe falta de control sobre los medios disuasivos que utiliza Carabineros, “problema que se explica, entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución, respecto de la autoridad civil”.

Según el documento, elaborado por funcionarios de la organización desplegados en todo Chile, determinó que ha habido una “excesiva demora” por parte de Carabineros para evitar nuevas vulneraciones.

“El Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana”, complementó el documento.

Derechos vulnerados y querellas presentadas

En su informe anual, el INDH aseguró que hay “antecedentes robustos” para decir que el país está frente a situaciones de graves y muy numerosas violaciones, las que “no son simples abusos o excesos aislados”.

Una de estas garantías violadas según el INDH es el derecho a la vida, pues “se contabiliza la presentación de 5 querellas individuales por homicidio consumado y 12 querellas en favor de 20 víctimas por homicidio frustrado”. De las querellas por homicidio presentadas por el INDH, 5 de las 6 corresponden a delitos ocurridos en el Estado de Emergencia decretado por el Presidente.

Misma situación que el derecho a la integridad personal, el cual “a partir de los registros levantados por el INDH se constatan graves violaciones al derecho a la integridad personal, con un alto número de personas con daño, trauma o estallido ocular, por impactos provenientes de municiones de escopetas antidisturbios de Carabineros”. El registro del INDH al 30 de noviembre da cuenta de 29 querellas referidas a traumatismos oculares.

El INDH ha interpuesto, al 30 de noviembre, 476 querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 586 víctimas, quienes sindican a agentes del Estado como sus victimarios. Del total de querellas por este tipo de delitos, 433 son contra Carabineros, 33 contra efectivos de las Fuerzas Armadas y 10 contra personal de la Policía de Investigaciones.

En este marco, se establecieron acciones judiciales por torturas, apremios y vejámenes con connotación sexual en favor de 135 personas, 114 de las cuales denunciaron desnudamientos. Hay 6 casos de violación contra hombres adultos, lo que motivó la presentación de querellas contra Carabineros.

Hasta el 30 de noviembre, el INDH había presentado 21 acciones constitucionales de amparo y una ante un juez de garantía, para cautelar el derecho a la libertad y seguridad personal en casos graves. El Instituto visitó 918 recintos policiales en todo el país y constató la detención de 8.492 personas, de las cuales 1013 eran niños, niñas y adolescentes.

A través del sistema electrónico del INDH se recibieron y validaron 4.994 denuncias a nivel nacional por vulneraciones a este derecho. También el Instituto recibió 104 denuncias, entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre por violación de domicilio y allanamientos ilegales.

En el caso de los menores de edad, a partir de las denuncias recibidas por la Defensoría de la Niñez, se sostuvo que “han existido vulneraciones graves a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Mediante el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, se ha afectado la integridad física y psíquica de NNA, los que en algunos casos han sido objeto de detenciones ilegales, apremios ilegítimos, malos tratos, torturas y violencia sexual en los recintos de detención”.

Recomendaciones del INDH

El Consejo del INDH recomienda en su informe que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública disponga que las Fuerzas de Seguridad y Orden Público hagan uso de la fuerza con estricto apego al respeto de los derechos humanos y que respondan a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

Para ello, aseguran, se debe garantizar que el uso de las escopetas antidisturbios de Carabineros se apegue a los protocolos pertinentes.

También se debe instruir a la policía uniformada para que el uso de agentes químicos se ajuste al respeto de los derechos humanos, que estos no sean lanzados ni detonados en dirección al cuerpo de las personas y que se revise su composición.

Carabineros de Chile debe ser instruido respecto a que las detenciones se ajusten a la legalidad vigente y que las personas detenidas sean tratadas dignamente. Deben quedar absolutamente excluidas “la aplicación de torturas ya sean físicas, sexuales o psicológicas, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como desnudamientos y/o la realización de actividades físicas de variada consideración”.

Además se recomienda adoptar medidas respecto a la estructura orgánica, cultura interna, doctrina y protocolos de las Fuerzas de Orden y Seguridad para que su misión se realice en observancia de la promoción y protección de los derechos humanos. Con ese objetivo, tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros de Chile y la PDI deben fortalecer sus instancias normativas en materia de derechos humanos, con profesionales externos y a lo largo de todo el proceso formativo.

El derecho a reunión debe regularse mediante una ley que integre las diversas formas de su ejercicio, con instancias amplias y participativas de deliberación, asegura el informe anual.

Para asegurar la efectiva acción de la justicia y la no impunidad, el INDH recomienda fortalecer el trabajo de los fiscales regionales y locales en la investigación de los delitos, estableciendo medidas especiales de atención y protección a las víctimas que denuncian vulneración de derechos humanos.

Además, el INDH plantea que el Poder Judicial deberá garantizar que los recursos judiciales se tramiten de manera efectiva y en plazos razonables para que, con apego al debido proceso, se determinen las responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 17 de octubre de 2019, con especial atención en aquellos casos donde se denunció violencia sexual.

Asimismo, el informe señala que los poderes del Estado deben garantizar que Carabineros de Chile, la PDI y las Fuerzas Armadas, presten toda la colaboración en los procesos penales de sus efectivos, avanzando en las sanciones administrativas que correspondan. También el texto establece que el Consejo de Defensa del Estado debe ejercer sus facultades en el ejercicio de la acción penal por la comisión de delitos en el desempeño de las funciones por agentes del Estado.

Para el INDH es importante que el Ministerio de Justicia fortalezca el Servicio Médico Legal, para que cumpla los más altos estándares de derechos humanos, revisar su desempeño en esta crisis y, de ser necesario, otorgar mayores grados de autonomía.

El INDH sugiere que se adopten medidas concretas para la reparación de las personas cuyos derechos han sido vulnerados. Medidas que deben contemplar un acceso prioritario y especializado a la salud física y mental, rehabilitación e indemnizaciones.

A los ministerios de Hacienda, Economía y Desarrollo Social y Familia, el INDH le pide “formular políticas públicas de apoyo en favor de los comerciantes, pequeños y medianos empresarios y trabajadores que, producto de la violencia, han visto afectadas sus fuentes de trabajo y emprendimiento”.

Finalmente se recomienda al Estado “asegurar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, de manera de disminuir la gran desigualdad derivada de aquellos que no han sido adecuadamente garantizados. Especialmente, es necesario resguardar el acceso y protección a derechos en ámbitos como la salud, previsión social, educación y vivienda, sin discriminación arbitraria”.

Promulgan reforma que inicia proceso constituyente con plebiscito en abril de 2020

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Durante la tarde de este lunes el presidente Sebastián Piñera encabezó un acto de promulgación de la Ley que habilita y regula el proceso constituyente, el que contemplará un plebiscito de entrada y eventualmente una Convención Constituyente, en el caso de que los chilenos lo decidan así.

A la moneda llegaron varios representantes del espectro político, de los diversos poderes y órganos del Estado, como también del ámbito educacional. Destacó además la presencia del expresidente Ricardo Lagos.

Se excusó de la ceremonia el Partido Radical y el Frente Amplio. Del mismo modo llamó la atención la llegada de la presidenta de Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, pues se se tenía prevista su ausencia.

En el lugar la presidenta de la UDI pasó junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, situación en la que no saludó a sus aliados en Chile Vamos, lo que generó polémica en redes sociales.

Sobre un nuevo podio que reza “Un nuevo Chile”, el presidente Sebastián Piñera comenzó su discurso realizando un recuento de las cartas magnas, haciendo especial énfasis en la Constitución de 1925 y de 1980.

El mandatario sostuvo que “la Constitución es el gran marco de unidad que da certeza, que da estabilidad, que da seguridad al devenir de los pueblos” y aseguró que “ninguna Constitución política es inamovible, y tampoco lo será esta”.

Asimismo, explicó que la reforma “establece un plebiscito que debe celebrarse el domingo 26 de abril de 2020”, además, señaló lo que seguirá de aprobarse, detallando el proceso constituyente.

Del mismo modo, el Presidente estableció las bases, que según él, debería tener una Constitución.

Dentro de ellas destaca la protección al valor de la vida, la libertad, la dignidad, la diversidad y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, el principio de la familia como núcleo de la sociedad, el reconocimiento de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Continuó señalando que debería incluirse el principio de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el principio o derecho a poder contribuir libremente al común de las personas y la autonomía de las organizaciones intermedias.

Piñera dio preponderancia al principio del Estado al servicio del Bien Común de las personas, el principio del deber y el derecho preferente de los padres para poder educar a sus hijos, el principio de la responsabilidad del Estado en la lucha de la pobreza, el derecho a propiedad, el derecho de libertad de expresión y reunión, el derecho de todos a ser tratados con igualdad ante la ley.

Del mismo modo, habló sobre “la parte orgánica de la Constitución”, señalando las instituciones que deberían ser incluidas dentro de la Carta Fundamental.

Destacó que debe ser una República Democrática con un Estado de Derecho que posea una separación de independencia entre los poderes del Estado.

Sobre las instituciones, planteó que se mantenga la existencia e independencia de instituciones como el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Tribunal Calificador de Elecciones, la Contraloría General de la República y que todas obedezcan al principio de probidad y de transparencia.

Continuó señalando que se debe incluir el reconocimiento a los pueblos originarios y que el Estado garantice el orden público. También que se incluya la protección al medioambiente, el principio de la decentralización de la Nación y, por último, la responsabilidad del Estado en los mismos actos que el Estado ejecuta.

Finalizó señalando que “la Constitución no es una vara mágica que resuelve todos los problemas”, y que se debe avanzar en todos aquellos temas que la ciudadanía necesita.

Ofician a Ministerio de Defensa para que explique qué medidas ha tomado ante eventuales abusos a menores de solados chilenos en misión de paz en Haití

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El pasado viernes, se dio a conocer ante la opinión pública que la Misión de Paz de la ONU en Haití enfrenta duras acusaciones, tras una investigación del portal The Conversation diera cuenta que militares de la Misión de las Naciones Unidas por la Estabilización de Haití (Minustah) , donde participa Chile, tuvieron relaciones sexuales con mujeres y niñas a cambio de dinero o comida, dejando abandonados a los niños nacidos de estos encuentros.

Lo anterior, publicado por medios como The Washington Post y The New York Times consigna que “en el verano de 2017, nuestro equipo de investigación entrevistó a aproximadamente 2.500 haitianos sobre las experiencias de mujeres y niñas locales que viven en comunidades que albergan operaciones de apoyo a la paz. De ellos, 265 contaron historias que presentaban niños engendrados por personal de la ONU”.

El análisis no pudo determinar el número exacto de niños nacidos de estos abusos, ya que la ONU se ha negado a que los efectivos que participaron en la misión de paz se realicen pruebas de ADN.

Chile aparece como el tercer país con más efectivos involucrados en estos hechos, con 20 casos. El listado lo lidera Uruguay y Brasil y tras ellos un “grupo desconocido”, pero también se consignan países como Argentina, Nepal, Sri Lanka, Canadá, Francia y Bolivia.

El informe consigna que “las narraciones revelan cómo las niñas de apenas 11 años fueron abusadas sexualmente y embarazadas por las fuerzas de paz y luego, como dijo un hombre, ‘quedaron en la miseria’ para criar a sus hijos solos, a menudo porque los padres son repatriados una vez que se conoce el embarazo”, mientras que los niños nacidos se les llama “petits minustahs”.

“En otros casos de sexo transaccional, las mujeres y las niñas recibieron alimentos a cambio de tener relaciones sexuales con miembros de la Minustah, lo que pone de relieve la extrema pobreza que contribuye a estos encuentros sexuales. Un miembro de la comunidad masculina en Port Salut informó: ‘Tuvieron relaciones sexuales con las chicas ni siquiera por dinero, es solo por comida, por una comida», consignó el estudio, que también da cuenta de casos de abusos contra hombres y niños.

Oficio parlamentario

Ante la gravedad de las denuncias, al contingente de soldados en misión de paz en Haití, que incluye a nuestro país (con 20 embarazos a personal chileno), es que el diputado, y jefe de bancada DC, Gabriel Ascenio, decidió oficiar al titular del Ministerio de Defensa Nacional, Alberto Espina, para que dé explicaciones acerca de que si el Gobierno estaba al tanto de tales acusaciones con antelación y que si habían aplicado medidas al respecto.

Lo anterior, considerando que las tropas chilenas fueron retiradas en 2017. «Esta compleja situación, en la que contingente chileno se habría visto involucrado, debe ser investigado con seriedad y prontitud para establecer al personal responsable de estos hechos, y reparar el daño que se le produjo a las víctimas de estos abusos, que tuvo como resultado en algunos casos el nacimiento de bebés», dice el escrito del oficio.

Por lo mismo, en este oficio, se pide a que Defensa, a través de informes oficiales, de cuenta de si sabía del hecho, de los involucrados y si interpondrá (o interpuso) acciones legales y administrativas en contra de los responsables.

De este modo, el oficio solicita lo siguiente:

1. Informe si el Ministerio de Defensa tuvo acceso, y desde cuándo, al estudio realizado por el portal académico “The Conversation” sobre la situación de mujeres y niñas locales en áreas ocupadas por la MINUSTAH, o si recibió algún antecedente al respecto por cualquier otro organismo presente en Haití o por la ONU.

2. Informe si tuvo antecedentes como los que se denuncian, de abusos, violaciones y coerción, por parte del personal chileno presente en Haití. En caso de haber antecedentes, describir para cada caso cómo se tuvo conocimientos de ellos y cuáles fueron las acciones tomadas por las autoridades correspondientes, civiles y militares, como acciones disciplinarias o denuncias ante algún órgano jurisdiccional.

3. Informe sobre toda falta disciplinaria o delito cometido por personal chileno en Haití de que tenga conocimiento, indicando los resultados de las investigaciones administrativas y/o penales.

4. Informe a raíz de los antecedentes que han sido conocidos, cuáles serán los pasos a seguir por el Ministerio de Defensa Nacional en este caso, y si se realizará alguna denuncia o se iniciará una investigación administrativa y/o penal para esclarecer los hechos y asignar responsabilidades personales y de mando. Informe si se conoce algunos de los involucrados en los hechos que se denuncian.

5. Informe que acciones seguirá el Gobierno en el caso denunciado, y si ello contempla el tomar contacto con las víctimas y contactar con los demás organismos presentes en Haití para conocer en profundidad de los hechos para las investigaciones correspondientes.

El diputado Ascencio, dijo al respecto que “es muy necesario saber cuál es la opinión del Ejército sobre estas graves denuncias de abusos sexuales contra menores de edad cometidos por sus efectivos, ya que no la he escuchado hasta ahora ninguna versión oficial de ellos y creo que la necesitamos de manera urgente”.

*Ver oficio:

Oficio Minustah

¿La guerra o la paz?

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Por Gabriel Ascencio

Jefe de bancada de diputados DC

Nunca es posible caminar en direcciones completamente opuestas. El Intendente de la Región Metropolitana ha escogido transitar por el camino de la guerra, tal vez el único funcionario del gobierno que siguió rigurosamente al Presidente, que le declaró la guerra al país, hace casi dos meses.

El intento de homicidio, cometido por el Cabo de Carabineros, Mauricio Carrillo, es de la completa responsabilidad del Intendente Guevara, que preparó, durante toda la semana, el escenario para este desenlace.

De acuerdo a información no desmentida, ordenó el copamiento de más de 1000 carabineros, de una plaza pública, donde todos los ciudadanos tienen derecho constitucional de ingresar. El Intendente se sintió que tenía autoridad para restringir ese derecho, lo que no corresponde.

Tal vez el intendente, conocido por su vocación agresiva, encontró, en una condición de desgobierno, su oportunidad para lucirse, no importándole las consecuencias, en este caso, un joven, Oscar Pérez que, como cualquier otro ciudadano, intentó hacer uso de una plaza pública, fue arrollado por un carro de carabineros.

Toda la prensa anunció, durante varios días que el Intendente había declarado “tolerancia cero”, para quienes acudieran a la Plaza Italia, especialmente este pasado día viernes. Eso incluyó, como también ha sido informado, el reunir a una cantidad completamente desproporcionada de carabineros y vehículos, a los cuales se les transmitió, como obligatoriedad, la decisión del Intendente, “tolerancia cero”, en el marco de su propia guerra.

Oscar Pérez se encuentra hoy sometido a múltiples operaciones, permaneciendo en estado grave, mientras el Intendente habla de “fractura de pelvis” (son 4). Además, este joven tiene la uretra diseccionada, subsiste con sonda directa a la vejiga y fractura de sacro y rodilla, permaneciendo en estado grave, según la información médica. Por cierto, respecto a este intento de homicidio, no se ha escuchado opinión, ni del Director General de Carabineros, no del Ministro del Interior.

La permanencia del Intendente Guevara es un atentado a la seguridad de los habitantes de la Región Metropolitana y, si el gobierno insiste en mantener este tipo de funcionarios (al igual que al General Rozas), los diputados estamos obligados a hacer uso de la facultad constitucional que nos corresponde, en este caso, a favor de devolver la tranquilidad a quienes están amenazados por el irresponsable actuar del Intendente Guevara.

La convicción del INDH: «A la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, además cuestiona «indebida autonomía» de carabineros

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«A partir de 18 de octubre, la capital de Chile se remeció», dijo el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, para presentar este lunes el informe que aborda los hechos constatados desde el estallido social.

«En primer lugar, el Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos», parte concluyendo el documento de 109 páginas.

Y agrega: «Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares. Sin perjuicio de lo anterior, será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas».

El instituto relató así que, a partir de los datos entregados, que la mayor cantidad de decesos y heridos se produjo durante el período de estado de emergencia. Y que «la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por parte de Carabineros es un problema que se explica , entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil, cuestión que también quedó en evidencia en los recientes escándalos por casos de corrupción de gran magnitud».

Acusan además que «el Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad religiosa, libertad de circulación y otros que describe este Informe, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana».

«El pleno acceso y ejercicio de todos los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, requiere de condiciones mínimas de seguridad que un Estado democrático debe respetar y garantizar», recalcan.

En el documento, el INDH indicó además que el derecho de reunión pública ha encontrado «serias limitaciones» por diversos hechos, como «la desmedida actuación policial».

Durante la presentación realizada en la sede del instituto, Micco precisó que «no toda forma de violencia constituye una violación a los DD.HH.», sino que se requiere el actuar de agentes del Estado, contra quienes se han presentado ya 588 querellas criminales. A la fecha, el INDH ha presentado seis querellas por homicidio consumado, y donde «existen antecedentes fundados para sindicar responsabilidades de orden penal a integrantes de Carabineros, el Ejército y la Armada».

Además, se han presentado otras 12 acciones por homicidio frustrado en favor de 20 víctimas, las cuales también se dirigen en contra de agentes del Estado.

En cuanto al derecho a integridad personal, el instituto registró en sus 1.022 visitas a 67 centros de salud, 3.442 personas heridas por la acción fundamentalmente de agentes de Carabineros durante el desarrollo de manifestaciones.

De estos, 254 corresponden a niños, niñas o adolescentes. Dentro de los lesionados, 347 personas sufrieron heridas oculares, por lo que se han presentado 29 querellas referidas a estos casos.

También, que de las 588 querellas, 476 son por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 568 víctimas, y en cuya totalidad se sindican como victimarios a agentes estatales.

De estas, 433 son contra personal de Carabineros, 33 contra integrantes de las Fuerzas Armadas, y 10 en contra de personal de la PDI. «Estas cifras develan una realidad de la mayor gravedad, puesto que el INDH, en sus nueve años de existencia y previo al 17 de octubre de 2019 –día en que se inicia el período de análisis– había interpuesto 174 querellas por estos hechos», concluyen.

*Ver informe anual INDH 2019:

Informe Anual INDH 2019