Punta Peuco

En el marco del eventual cierre del penal Punta Peuco, exclusivo para militares en retiro juzgados por violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el traslado de los reos «es lo que puede pasar en cualquier tipo penal».

Las declaraciones del titular de Justicia y Derechos Humanos se complementan a las del Presidente Boric, quien dijo referente al cierre del penal, en el programa Mesa Central de Canal 13, que «ese tipo de cosas se hacen, no se anuncian».

En ese sentido, el ministro Cordero añadió que «hoy día las personas que son condenados, que están ingresando condenadas por delito de violación de derechos humanos, hace un rato ya no están ingresando a Punta Peuco, sino que a Colina, porque Punta Peuco tiene capacidad para 130, hoy día está sobrepasada».

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución en el que se le solicita al Presidente Gabriel Boric a que tome medidas para modificar el centro penitenciario Punta Peuco.

Con 67 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones, la Sala aprobó la resolución 155, que busca modificar esta cárcel para adecuarla con el fin de recibir a reos comunes, dado que actualmente alberga a presos que han sido condenados principalmente por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En el documento, se argumenta que actualmente la población penitenciaria desborda la infraestructura estatal. Esto viola los derechos humanos de las y los reos, quienes pierden tales derechos por la sola condición de haber sido privada su libertad ambulatoria.

Por otro lado, quienes promovieron la resolución señalan que es imposible saber, fidedignamente, la identidad de los reos que están en Punta Peuco. A su juicio, «esto cubre con un manto de dudas de la real necesidad de que tales criminales necesiten condiciones especiales de reclusión».

Por esto, agregan, la segmentación que existe en el centro penitenciario solo responde a criterios alejados de la objetividad que el decreto de creación ordena. Agregan que no se puede señalar que los condenados por delitos contra los derechos humanos tengan amenazada su integridad física o síquica y, por lo tanto, que deban tener un régimen penitenciario privilegiado.

Con estos antecedentes, argumentan que «se podría concluir que los criminales que lo habitan solo acceden a tales privilegios penitenciarios debido a su contribución a la dictadura militar chilena iniciada en el año 1973».

La resolución fue promovida por las y los diputados independientes Carlos Bianchi, René Alinco, Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa.