Leonardo Soto

El parlamentario advirtió que de comprobarse las irregularidades por la justicia, Joaquín Brahm podría ser acusado del delito de negociación incompatible arriesgando penas de cárcel.

“Advertimos que los hechos pueden ser constitutivos de delito, de un delito grave de corrupción que es la negociación incompatible, que tiene que ver con que una persona que es una autoridad pública pone negocios al servicio de su propia familia”, afirmó durante esta jornada el diputado PS, Leonardo Soto, sobre la millonaria operación entre la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y la empresa GPS Property, cuyo director es el mismo director de la empresa estatal.

Se trata de Joaquín Brahm Barril, hermano de la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Brahm y ex tesorero de la UDI.

“Los hechos que hemos conocido de EFE son extremadamente graves porque dan cuenta de un negociado de alrededor de 20 millones de dólares que tiene que ver con el patrimonio de ferrocarriles del Estado donde un director de EFE le entrega, influye o diseña un modelo de negocio que es entregado a una empresa privada GPS Property, donde el mismo director de EFE también es director, donde su hijo es gerente general y el cuñado es fundador de la empresa”, detalló el parlamentario.

A juicio del legislador, “hay patrimonio de todos los chilenos, del Estado, en un negociado donde intervino una familia, la familia de Joaquín Brahm que finalmente está a los dos lados de la operación”.

Por eso, el parlamentario hizo una solicitud a la Contraloría General de la República para que realice una fiscalización profunda, que explique el modelo de negocio y el procedimiento de adjudicación de tal contrato, exponiendo la justificación legal y reglamentaria, valores involucrados en la gestión de venta, fundamentos para seleccionar a la citada empresa privada ganadora, y forma de resolución de eventuales conflictos de interés en la operación, entre otras.

No obstante, para el diputado socialista “pareciera que los hechos están bastante configurados y esperamos que se apliquen las penas más severas de cárcel correspondientes una vez que se habrá la investigación penal”.

La Comisión de Constitución acordó invitar al ministro del Interior y Seguridad Pública y al titular de Defensa, a propósito de las declaraciones del renunciado delegado presidencial en la macrozona sur, Cristian Barra.

“Sería muy interesante que el Gobierno explicara con claridad qué tipo de órdenes e instrucciones está entregando a las FF.AA. en La Araucanía, para que deban presentarse con abogados a las reuniones”, planteó el diputado PS, Leonardo Soto, en la Comisión de Constitución y solicitó invitar al Ministro del Interior como también al titular de Defensa, luego de las declaraciones del saliente delegado presidencial en la macrozona sur, Cristian Barra.

A juicio del legislador, “el problema de fondo en La Araucanía es que hay un intento disimulado, oculto por parte del Gobierno, de militarizar el conflicto mapuche, de copar de militares esa zona y destinarlos a realizar funciones y tareas operativas que están fuera de su competencia y preparación”.

En ese sentido, Soto aseguró que “el gobierno quiere al Ejército cumpliendo funciones de control policial y seguridad a las comunidades mapuche y ello, no cuenta con autorización constitucional ni tampoco del Congreso. Están actuando fuera de la ley”.

“Es probable que el Gobierno le esté entregando órdenes y tareas que transgreden la ley y la Constitución, es decir, están utilizando sus facultades del Estado de Excepción Constitucional, que tiene competencias y fines exclusivamente sanitarios derivados de la pandemia para fines distintos, como sería utilizar a las FF.AA. para controles policiales del pueblo mapuche”, afirmó Soto.

Por eso, enfatizó, “es fundamental que el Gobierno deba explicar cuál es el tenor de esas reuniones y le de la tranquilidad a todos los chilenos que está actuando dentro del Estado de derecho”.

De lo contrario, advirtió el parlamentario, “será el propio Gobierno responsable de cualquier daño o lesión a inocentes que se produzcan en el uso de atribuciones ilegales u órdenes directas ilegales que se están entregando a las FF.AA”.

Sin experiencia y con problemas de probidad

Sobre la designación de Loreto Silva como asesora presidencial en La Araucanía, el diputado PS sostuvo que “es lamentable que el Gobierno nuevamente seleccione a una persona que no tiene ni la experiencia ni la trayectoria ni la especialización en tema mapuche, siendo una tarea tremendamente delicada y que además viene con un prontuario de faltas a la probidad en otras funciones públicas, en este caso en Enap”.

“Ella viene arrastrando un conflicto de interés, que fue noticia nacional, que estuvo en la Contraloría y que su sola presencia en este tema le va a restar toda legitimidad para cumplir con las tareas que el Gobierno le encomendó”, concluyó Soto.