El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se refirió a la idea de reemplazar a Carabineros por una nueva institución, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, asegurando que como organismo ellos optan por una reforma.
Tras mantener una reunión con la Mesa Directiva de la constituyente, el titular del INDH manifestó que “en primer lugar, acá hay un debate que se tiene que dar en la Convención, donde un pueblo soberano como el chileno le ha dado mandato que le ha dado a la Convención, y dentro de ese marco, nosotros colaborar”.
“En materia de Carabineros de Chile, nosotros hemos planteado que se requiere una reforma donde hay que analizar su doctrina, su estructura, su cultura, capacitación en derechos humanos y también todo lo que dice relación con la selección, ascenso y retiro”, sostuvo, añadiendo que “como Instituto estamos porque, a partir de toda la experiencia que hemos acumulado en democracia, se haga esta reforma de Carabineros y, hecho, hemos participado activamente en ella”.
Asimismo, comentó que en sus informes anuales, desde 2010, el Instituto ha fomentado “repensar a Carabineros y en general el orden público» y añadió que «hemos planteado y también hemos participado en el proceso de reforma de Carabineros de Chile. Eso es parte del debate constitucional y político, en el cual desde el Instituto ha hecho una contribución desde el principio».
Respecto a la materia de los posibles indultos o amnistía a las personas detenidas o en prisión tras los sucesos devenidos del estallido social, y al cruce de información entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y Gendarmería que cifra en 53 a los presos que podrían optar a una medida de estas características.
«Nosotros el 18 de febrero del año 2020, pedimos al Ministerio del Interior, claridad en las cifras. Nos ha causado un enorme daño, hasta el día de hoy estamos debatiendo cuál es la cantidad de personas que fueron detenidas y sujetas a prisión preventiva a partir de la crisis social», afirmó, además de solicitar que se regulen tanto el uso de la prisión preventiva como medida cautelar y de la Ley de Seguridad Interior del Estado a la hora de establecer querellas.
«Lo hemos venido planteando desde un principio y lamentablemente no se escuchó al Instituto. Ahora podemos ver cómo seguimos en este debate. El Instituto quiere que todo lo que diga relación con personas privadas de libertad en torno a la crisis social sea un debate que se acabe en términos de cifras y de datos, y derechamente planteemos políticas públicas y nuevas leyes que enfrenten los problemas de fondo», afirmó Micco.