exalcalde

En La Fontana conversamos con el exalcalde de Maipú, extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y es director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que analizara la situación de crisis social que vive el país, las explicaciones del estallido y las posibles vías que, a su juicio, conducirían a una salida pacífica del complejo escenario. 

Por Gabriel Angulo González 

En un contexto de país con múltiples movilizaciones ciudadanas, en nuestro medio online, quisimos tener la voz de Alberto Undurraga, camarada del Partido Demócrata Cristiano(DC) y con amplia trayectoria política.

Fue ministro de Obras Públicas (MOP) durante el segundo gobierno de la presidenta, Michelle Bachelet, y antes director del SERNAC cuando gobernaba Ricardo Lagos. Asimismo, fue alcalde de Maipú entre 2004 y 2012.

Undurraga partió analizando lo que ocurre a nivel nacional, cuya raíz, -dice-es la gran desigualad en Chile, que desató una «rabia» acumulada que derivó en la manifestación social.

-Primero, ¿Cuál es el análisis que hace respecto de las causas del estallido de este conflicto?

-Las cosas no son blanco o negro. Y en las últimas décadas el país ha tenido avances significativos. Nosotros cuando fuimos Gobiernos avanzamos en  superación de la pobreza y en nivel de desarrollo económico, pero eso no ha ido de la mano con una reducción significativa de la desigualdad. Al contrario, se ha ido agudizando. Y, por tanto, esa desigualdad fue incubando, primero, en molestia y después rabia, lo que se traduce en esta manifestación social que vemos en estos días (…) Tenemos que hacernos cargo de esta desigualdad, desde una doble dimensión. Una, para mirar hacia adelante y, otra, para construir un país distinto.

-¿Se pudo gobernar mejor durante los Gobierno de la exConcertación y exNueva Mayoría?

-Hay que mirar hacia atrás y ver qué cosas no se hicieron bien. Creo que al momento de asignar las responsabilidades, y hay que hacer una autocrítica, pero la autocrítica debe ser sincera, y puedo decir, que no tenemos la misma responsabilidad que la derecha, porque este sector se ha opuesto a los cambios muchos de los cambios que intentamos desde el Congreso, se topaban con los parlamentario de la derecha o con los fallos del Tribual Constitucional (TC).

-¿Y cómo evalúa la actuación del Gobierno en esta materia y de la oposión?

-Esta actitud del Gobierno de ir medida por medida, resolviendo el caso, es una manera de hacer política que no se hace cargo del problema en su conjunto y creo que es equivocado ese camino. Por otro lado, en la oposición hay gente muy maximalista que plantea cambios de fondo aquí y ahora. Una forma de encausar la crisis es pactar un cronograma, que incorpore medidas inmediatas y con fechas, pero de la misma forma más a largo plazo como medidas más estructurales como el cambio constitucional.

-¿Hay que buscar puntos de encuentro hacia la construcción de una nueva constitución?

-Hay que buscar un acuerdo amplio para este cambio constitucional. Y cuando digo un acuerdo amplio, tiene que incorporar al Gobierno, ya sea porque el Gobierno cambia de posición o ya sea porque algunos de la derecha, que han sido más aperturistas, se suman este gran acuerdo. Por supuesto, con toda la oposición unida que esté con esto, que espero que sea la gran mayoría. Esto tiene que ser un acuerdo social y político; ambas cosas. Solo un acuerdo social sin sustento político no va a resultar ni va a derivar en cambios profundos. Ahora bien, solo acuerdos políticos tampoco resulta, porque también se tienen que validar por la sociedad este acuerdo.

-En este contexto, ¿Cómo debe actuar la Democracia Cristiana (DC) ahora? 

-La DC en sus distintos lugares y espacios públicos, sus bancadas, dirigentes y voceros, tantos desde sus alcaldes y el mundo parlamentario tienen un rol que jugar. Lo importante es reconocer que este rol es con otros y no solos. Cuando hablamos de un acuerdo marco para avanzar y superar la crisis, es un acuerdo que tenemos que construir con el resto de la oposición, que esté por el diálogo de los acuerdos. Es un mal camino, o atajo equivocado, salirse de la fila y hacer solo un acuerdo con el Gobierno. Esto es de tal magnitud, que requiere de un acuerdo amplio.

-¿Cómo debe ser este «acuerdo amplio» ?

-Debería contemplar una nueva constitución. Sin embargo, respecto del mecanismo para este cambio constitucional lo debería definir la ciudadanía. Yo soy de los que cree que tenemos que hacer un plebiscito o elección para ponerle a la ciudadanía las distintas alternativas, y sea la ciudadanía la que elija, pero para ello el Congreso debe aprobar ese plebiscito. Entonces, soy de los que cree que debe haber un plebiscito inicial para definir cuál es el mecanismo, ya sea el propio Congreso o asamblea constituyente y luego otro para validar esta nueva constitución. Las constituciones son acuerdos amplios. No son imposiciones por un voto. Entonces, esto requiere el diálogo y veo a sectores de Renovación Nacional (RN) y Evópoli abiertos a estos cambios.

-¿Y está de acuerdo con los cabildos ciudadanos que se han hecho en este sentido?

-Los cabildos son una expresión de participación ciudadana necesaria para democracia, no solo para una nueva constitución, sino que también para la agenda social, para las obras públicas y la determinación de qué hacer en las municipalidades.

-¿Esta participación ciudadana debe ser vinculante siempre?

-Lo que debemos hacer como sociedad es normalizar que los cabildos y la participación ciudadana deba ser permanente. La idea es construir no solo una democracia con elecciones para elegir a nuestros representantes políticos, sino que también exista mayor participación ciudadana, donde las reglas estén claras y todos sepamos cuáles cosas son vinculantes y cuáles no. No todo puede ser vinculante ni tampoco se puede plebiscitar todo, pero tampoco nada vinculante. Tienen que haber reglas claras y transparentes para todos.

Concesiones

-Cómo ex ministro del MOP, ¿Cómo se pueden rebajar más las tarifas del TAG?, ¿El Estado está amarrado con las concesionarias, a través de los contratos que establece con las concesionarias de las carreteras? 

-Las concesiones surgen por la siguiente pregunta: ¿Qué país queremos? Entonces, uno responde que se imagina un país desarrollado y justo, pero para eso nos preguntamos ¿Qué infraestructura pública necesitamos? Y la respuesta es clara: aeropuertos, carreteras, hospitales, etc. Y luego nos decimos, ¿Cómo financiamos todo esto? Porque esta infraestructura pública no se puede financiar solo con el gasto público, y a partir de este dilema, surge entonces el sentido profundo del sistema de concesiones en Chile. Dicho eso, uno se pregunta por qué la molestia ciudadana con las autopistas. Los contratos antiguos del Estado con las concesionarias son el problema. Mientras, que los contratos nuevos se ajustan a la cantidad de demanda y son variables. Se calculan a «x» cantidad de años y si la demanda es más que la contemplada en el contrato, baja la cantidad de años de concesión y también los montos acordados para definir reajustes en cobro de peajes y TAG, y eso va en las bases de licitación.

-Entonces, ¿Es insuficiente sólo sacar el 3,5% de reajuste anual?

-Este congelamiento a valor real me parece un medida correcta, que va en el sentido correcto. Respecto de los contratos antiguos, cualquier cambio que se haga tiene un gran costo para el Estado, como forma de indemnización a estas concesionarias. Entonces, hay que ser cuidadosos en ello. Respecto de los contratos nuevos, claro que se pueden definir reglas más beneficiosas para los usuarios de las carreteras, pero yo soy partidario que se ajusten por demanda. O se ajustan por demanda o se comparten ingresos con el Estado. Cualquiera de las dos cosas. El problema lo tenemos con los contratos antiguos.

-¿Es posible que no se concesione todo y que el Estado pueda construir por su cuenta propia parte de la infraestructura pública?

-Eso tiene que ver con este nuevo pacto social. Al final del día, debemos definir nuestro sistema tributario y saber cuánto se cobra para ver si podemos financiar obras públicas o no como Estado, para construir cárceles, carreteras y aeropuertos. Habría que ver si la recaudación alcanza, porque si financiamos estas obras no habría dinero para, por ejemplo, financiar medidas en educación como la gratuidad o aumento de las pensiones, en materia previsional. Por eso, habría que ver qué se concesiona y qué no, de forma prioritaria y con contratos que sean percibidos como no abusivos por parte de la ciudadanía y que sean justos. En consecuencia, la manera de cómo mejorar nuestro sistema de concesiones es con contratos variables, como se hace en otros países.

-¿Se deben fortalecer los fondos municipales y desde los gobiernos locales pueden partir las soluciones?

-Una cosas son los recursos para la comuna en su conjunto y otra, son los destinados al municipio. Deberíamos aspirar a un auge comunal, o auge de la ciudad. Es decir, garantías explícitas para las diferentes comunas del país. Una cantidad de Carabineros por habitantes en cada comuna garantizado, una cantidad de metros cuadrados de áreas verdes garantizadas, una cantidad de transporte público garantizado, entre otras medidas. Se trata de una equidad en distintos lugares del país. Eso es una política pública que es mucho más que solo los recursos municipales, porque está relacionado con modificar el Fondo Común Municipal, sino que también un auge municipal. Son estas dos cosas: más recursos municipales y auge comunal garantizado por el Estado. Como país tenemos que ser capaces de generar un auge comunal o de ciudad, con estándar en salud, educación con gratuidad, y viviendas sociales de calidad.

-Por último, ¿Cómo ve el futuro de Chile y cómo se puede superar esta crisis?

-Tenemos que llegar a buen puerto con un pacto social nuevo y acordado y validado por la población chilena. Tenemos llegar a ese gran acuerdo y buscar caminos pacíficos de paz social, como lo han hecho Nueva Zelandia o Suecia, que hoy son países desarrollados y en los primeros lugares de ranking de mejor calidad de vida en el mundo. Tenemos que llegar a un acuerdo social para encausar esta legítima demanda ciudadana. Y hay que mirar buenos ejemplos de otros países (…) Pongámonos de acuerdo como país en establecer un cronograma para encausar las medidas al corto plazo, con diálogo ciudadano y metodología social validada, y donde existan medidas de largo plazo, como el cambio constitucional. //ELF.