Durante esta tarde, la Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados aprobó informe final, en contra de la sanitaria de Essal, por corte de agua durante 11 días producto del derrame de 1.100 litros de combustible en una planta de producción, en el mes de julio de 2019, y que afectó casi a la totalidad de la ciudad del Rahue.
La instancia concluyó que el intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, tuvo responsabilidad política en los hechos por su inadecuda gestión durante la emergencia. Las autoridades regionales «no previeron ni menos proyectaron los impactos de esta emergencia en la población, limitándose en muchas ocasiones a repetir la información que la misma empresa ESSAL les entregaba, y que resultó no ser real. De esta manera, el Plan de contingencia fue siempre insuficiente para las personas, iniciándose con un poco más de 60 puntos de entrega de agua y terminando con más de 300 por la presión de la misma población», concluye el informe.
Asimismo, «las diversas informaciones que daban por resuelta la emergencia en pocas horas o días, con plazos que no fueron cumplidos, lo que fue restando credibilidad a las mismas autoridades que solo se hacían eco de las apreciaciones de la Empresa, que partió diciendo: ´Se trata de un corte de emergencia general que se extenderá, preliminarmente, hasta las 10.00 horas de este viernes 12 de julio`, y terminó expresando que la situación “escapó del control” de la empresa, planteando que podrían volver a entregar el suministro entre cuatro y siete días; lo que finalmente se cumplió en 9 días», añade el informe.
Respecto de la responsabilidad de Essal, la comisión indicó lo siguiente. Por su «mal servicio», «Sin duda que la grave crisis sanitaria por falta de agua potable que afectó a la comuna de Osorno, sus habitantes y sus actividades, puso sobre la mesa la posibilidad de aplicar una de las sanciones más gravosas de la normativa sanitaria, esto es, decretar la caducidad de la concesión de ESSAL S.A. De hecho, transversalmente los parlamentarios de la zona estuvieron de acuerdo con tomar dicha medida», dice el informe y añade en forma de pregunta: «Se trata de ir al fondo de la inquietud que, a partir de este caso, atraviesa a la opinión pública: ¿Es posible seguir sosteniendo sin hacer cambios reales el sistema de generación y distribución de agua potable? Sin duda, en un escenario de crecimiento poblacional, escasez hídrica, cambio climático y millones de pesos gastados en camiones aljibes, es necesario revisar la actual legislación. Tal vez podría considerarse introducir criterios de extensión territorial y de población, posibilitando que se puedan abrir nuevas concesiones en un mismo territorio, terminando con los monopolios.
Asimismo, el informe recomienda fortalecer las atribuciones fiscalizadoras y de personal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), además de potenciar la gestión del Sistema Nacional de Emergencias, en la región y la la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).