En fallo unánime, y en sentencia de reemplazo (causa rol 144.242-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra Dobra Lusic y el abogado (i) Diego Munita- el máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia dictada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en mayo de 2020, al decretar la absolución de algunos de los agentes del cuartel Simón Bolívar.
Por esta razón, revocó la sentencia en alzada, en la parte que absolvió a los ex agentes operativos Hiro Álvarez Vega, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Camilo Torres Negrier, Celinda Angélica Aspe Rojas, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez y Teresa del Carmen Navarro Navarro y, en su lugar, los condenó a 12 años de presidio, en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado de Navarro Allendes y Véliz Ramírez; y más 3 años de presidio, como autores de los delitos de secuestro simple de Ortiz Letelier, Cepeda Marinkovic y Berríos Cataldo.
Asimismo, la Sala Penal confirmó el fallo en lo demás apelado y consultado, con declaración que se reduce a 20 años de presidio, la pena impuesta a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas de la DINA Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Hernán Morales Salgado, como autores de los delitos de homicidio calificado de Ortiz Letelier, Cepeda Marinkovic y Berríos Cataldo.
En primera instancia estos dos criminales, y el ya fallecido criminal Ricardo Víctor Lawrence Mires, habían sido condenados a penas de presidio perpetuo por estos tres crímenes. Además, quedan condenados a 14 años de presidio por el secuestro calificado de Pizarro Molina, Véliz Ramírez y Navarro Allendes. Más 3 años de condena por el secuestro simple de Ortiz Letelier, Cepeda Marinkovic y Berríos Cataldo.
Por otra parte, a 12 años de presidio quedan condenados los ex agentes Juvenal Alfonso Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Jorge Iván Díaz Radulovich, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Carlos Eusebio López Inostroza, José Alfonso Ojeda Obando, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Sergio Orlando Escalona Acuña, Jorge Lientur Manríquez Manterola, José Miguel Meza Serrano, Luis Alberto Lagos Yáñez, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Orfa Yolanda Saavedra Vásquez, Elisa del Carmen Magna Astudillo, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Sergio Hernán Castro Andrade, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, Jorge Hugo Arriagada Mora, Berta Yolanda Jiménez Escobar, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Carlos Enrique Miranda Mesa.
Finalmente, María Angélica Guerrero Soto fue condenada a 61 días de presidio por el delito de secuestro simple de Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo.
Los condenados en primera instancia Heriberto del Carmen Acevedo, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Jorge Laureano Sagardía Monje, y Héctor Raúl Valdebenito Araya, fallecieron en el curso del proceso.
El Cuartel Simón Bolívar fue un recinto secreto de detención y tortura de la DINA instalado en una casona de calle Simón Bolívar N° 8800 de la comuna de La Reina, en Santiago. En este lugar operaba la Brigada Lautaro dirigida por el oficial de ejército Juan Hernán Morales Salgado, dependiente de Manuel Contreras y Pedro Espinoza Bravo.
La mencionada brigada cumplía funciones operativas y se especializó en el exterminio de los prisioneros que caían en sus manos y eran llevados al ese cuartel secreto.
Asimismo, en el segundo semestre del año 1976, llegaron a dicho recinto las agrupaciones de agentes operativos de la DINA, a cargo de los oficiales Germán Barriga Muñoz y Ricardo Víctor Lawrence Mires, los que se preocupaban fundamentalmente de reprimir a los miembros del partido comunista, en especial su cúpula directiva; con ese fin habilitaron dependencias para la instalación de oficinas, calabozos de encierro, celdas para interrogatorios y torturas, utilizando apremios con diversos métodos contra los detenidos.
Los prisioneros luego de prolongadas sesiones de tortura eran eliminados con diversos métodos, que en algunos casos incluían el uso de pentotal y degollamientos. Finalmente los cuerpos de los asesinados eran hechos desaparecer por los ejecutores. De este recinto de exterminio no hubo prisioneros sobrevivientes, razón por la cual la existencia de este lugar solo pudo conocerse por los tribunales el año 2007 a través de la confesión de uno de los integrantes de la brigada.
Los hechos
En la investigación y fallo judicial de primera instancia del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez Plaza quedó establecido que el día 13 de diciembre de 1976, en circunstancias que transitaba circulaba por la calle Grecia con Ramón Cruz, de ‘uñoa, fue detenido por agentes de la DINA el miembro del comité central del Partido Comunista Fernando Alfredo Navarro Allendes, de 49 años de edad. Los aprehensores lo ingresaron a la fuerza en uno de los vehículos en que se movilizaban y lo trasladaron al cuartel secreto Simón Bolívar, donde fue interrogado bajo apremios ilegítimos y tortura. Posteriormente, fue hecho desaparecer.
Seguidamente, el día 15 de diciembre de 1976 fueron detenidos por agentes de la DINA otros cinco dirigentes del Partico Comunista, todos fueron llevados al cuartel secreto de Simón Bolívar donde fueron torturados y ultimados.
En horas de la mañana, en el sector de la rotonda de Lo Plaza, comuna de ‘uñoa, fue detenido Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, 48 años de edad, profesor de educación general básica. Fue interrogado bajo apremios ilegítimos y tortura; luego fue asesinado.
En la vía pública, fue detenido Horacio Cepeda Marinkovic, 54 años de edad, constructor civil. Fue interrogado bajo apremios ilegítimos y tortura; luego fue asesinado.
Fue detenido el profesor universitario Juan Fernando Ortiz Letelier, 54 años de edad. Fue interrogado bajo apremios ilegítimos y torturas; luego fue asesinado.
En la vía pública, fue detenido el obrero municipal, Héctor Véliz Ramírez, 43 años de edad, coordinador o enlace entre las direcciones regionales y central del Partido Comunista; fue interrogado bajo apremios ilegítimos y tortura; luego fue hecho desaparecer.
Cerca de las 18:00 horas fue detenido Waldo Ulises Pizarro Molina; fue interrogado bajo apremios ilegítimos y torturas; posteriormente fue asesinado y hecho desaparecer.
Reacciones
Para el abogado querellante en este caso Nelson Caucoto, “siempre será importante saludar un fallo favorable que pone término a un juicio sobre violaciones a los derechos humanos, tanto por la duración de los mismos, como por la respuesta que se entrega a los familiares por su lucha ejemplar buscando la Justicia”.
Señaló que “este caso denominado Conferencia 2, permitio se descubriera el cuartel de exterminio de la DINA en calle Simón Bolivar, del cual nunca nadie salió vivo y nadie escapo de la brutalidad de la tortura”.
En ese sentido, prosigue Caucoto: “A 50 años del golpe militar, la señal que emite la Sala Penal es que no importa el tiempo que haya pasado desde la ocurrencia de los hechos, igualmente habrá castigo para los culpables de tanta atrocidad. El mensaje de no impunidad que emana de los tribunales chilenos es un potente llamado a no repetir estos crímenes en el futuro”, sostuvo el abogado.
Por su parte, Estela Ortíz, hija de Juan Fernando Ortíz Letelier, profesor universitario y miembro del comité central del PC, quien fue detenido el 15 de diciembre de 1976, expresó que “¿Qué puedo decir después de 47 años y seis meses esperando que la Justicia estableciera la verdad sobre la muerte de mi padre? Puedo decir que el fallo describe tormentos que para mí son indecibles e impensables, pero que fueron reales. Señala que se trata de un crímen de lesa humanidad, que lo mataron a él y a sus compañeros por considerarlos enemigos ideológicos de la dictadura que eliminaba a quienes pensaban distinto. Lo ocurrido en Chile fue grave, tan grave que el fallo se afirma en los juicios de Nuremberg”, sostuvo.
“Puedo decir que nuestras familias han logrado la verdad judicial después de 47 años y seis meses. Todavía quedan cerca de 1.500 causas abiertas por graves violaciones de derechos humanos entre 1973 y 1990 que esperan una respuesta. Hasta cuándo mantendrán el silencio cómplice que nos enferma. Cumplan con su deber”, finalizó.