El Fisco deberá indemnizar con el pago de 40 millones de pesos por concepto de daño moral a una víctima de torturas, hechos que se remontan a 1974 en la comisaría de Illapel.

El Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda, rechazando así la solicitud de prescripción presentada por el Estado.

El requirente, según recoge el fallo, fue detenido ilegalmente el 20 de enero de 1974 y sometido a torturas por parte de agentes al servicio del Estado, delito que es imprescriptible por tratarse de un crimen de lesa humanidad, según precisó la magistrada Claudia Donoso Niemeyer.

“Dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de este, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de este, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado”, indica el fallo, publicado por radio Biobío.

En otro pasaje, del documento, la magistrado sostiene que el artículo 131 del Convenio de Ginebra establece que “ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos”.

Por lo anterior, el tribunal “acogió la demanda de autos respecto del daño moral sufrido, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en la suma de $40.000.000 a favor de don Juan Manuel Andrade Pizarro”.