Corte Suprema

La Corte Suprema tendría que definir durante la próxima semana los dos nuevos integrantes de la quina de postulantes para fiscal nacional, vacante disponible tras la salida de Jorge Abbott.

El máximo tribunal deberá reemplazar al abogado Rodrigo Ríos, quien renunció voluntariamente tras haber sido escogido en primera instancia; y al fiscal José Morales, quien fue escogido inicialmente por el Gobierno pero no logró el respaldo de 2/3 de los senadores en ejercicio. Necesitaba 33 votos y solo recibió 31.

La legislación respectiva señala que una vez recibida la comunicación oficial, la Suprema tendrá un plazo de 10 días para completar la quina, la cual será presentada nueva al Presidente Gabriel Boric para realizar una nueva propuesta a la Cámara Alta.

Sobre la situación, Boric aseveró que «esto hay que desdramatizarlo, en el sentido de que las instituciones han funcionado, y en virtud de los antecedentes que fueron presentados en audiencias públicas y mediante el ejercicio de la labor periodística hubo senadores que se formaron la convicción de que no era el candidato Morales la persona más adecuada y yo respeto aquello».

Los dos nuevos nombres se sumarán al fiscal de Aysén, Carlos Palma, la jefa de la unidad Jurídica y de Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera; y al abogado Ángel Valencia.

Durante la jornada de hoy sábado, la Corte Suprema ratificó la condena a 30 exagentes de la DINA por su participación de la denominada «Operación Colombo», en el año 1974. La segunda sala del tribunal rechazó los recursos presentados contra la sentencia.

Entre los criminales de lesa humanidad que fueron condenados se encontraban César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. Esta sentencia de 15 años y un día de presidio, se suma a otras que ya se encontraban cumpliendo.

“Las alegaciones de las defensas no resultan atendibles, pues no configuran causal de nulidad alguna, todos los recursos analizados son desestimados en su integridad”, especifica el fallo del máximo tribunal.

Cabe recordar, que en la dictadura cívico-militar hubo 3200 asesinatos y 1192 detenidos desaparecidos. Hasta el día de hoy muchos de estos crímenes que, son considerados de lesa humanidad, por diversos organismos internacionales, siguen estando impunes.

A adaptarse a una eventual «pandemia delictiva» llamó la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del aumento de la delincuencia que atraviesa el país.

En declaraciones a Radio Universo, la magistrada apuntó a que “antes mirábamos con mucha distancia situaciones que pasaban en otros países de nuestro continente y ahora esas situaciones empiezan a pasar en Chile y eso es un tema de la mayor preocupación, porque es muy probable que los mecanismos, las herramientas legales, las herramientas de investigación, los temas de seguridad, tengan también que adaptarse a esas realidades”.

Ello a raíz de la presencia de carteles internacionales detrás de bandas criminales chilenas, como el caso del brazo del Tren de Aragua -organización delictual venezolana- desmantelado en el Cerro Chuño de Arica o la droga traída al puente de San Antonio mediante presuntas conexiones con el cartel Jalisco Nueva Generación de México.

Vivanco afirmó que “si fuimos capaces de adaptarnos a una pandemia tan tremenda como fue el Covid desde el punto de vista sanitario, tendremos que adaptarnos también y tomar las medidas para un tipo de pandemia delictiva que puede llegar en un momento e instalarse y que tenemos que tomar las medidas de prevención y de lucha contra esa pandemia delictiva y me parece que estamos a tiempo todavía».

«Y, en ese sentido, me parece que podemos combinar fuerzas para que esto sea efectivo”, añadió la jueza, remarcando que “no podemos mantenernos en un punto cuando la realidad va variando. Justamente la evolución indica que hay que ir adaptándose a estas situaciones porque, además, que el país lo demanda. Desde ese punto de vista, que existan estas situaciones no es un tema de crítica política, sino que una realidad de la que tenemos que hacernos cargo”.

“Nosotros salimos airosos del tema de la pandemia y pudimos controlarla, pese a que por supuesto hubo casos lamentables de vidas que se perdieron y de personas que tuvieron daños con la pandemia, pero pudimos hacer frente a ella porque la vimos venir y tomamos las medidas adecuadas y esas medidas se siguen tomando, y Chile creo que en eso ha sido ejemplo, no solo del continente sino que del mundo», insistió la ministra.

«Creo que lo mismo hay que hacer en esta situación, las pandemias pueden tener distintas características y desde ese punto de vista estas son situaciones que tienen muchos ribetes y una multifactorialidad”, agregó.

Si bien recalcó que en el Poder Judicial “no tenemos una estadística exacta” respecto a la presencia de grupos criminales, Vivanco advirtió que “hay un montón de causas que están caratuladas por homicidio. Dentro de esos homicidios por supuesto hay algunos que serán por encargo, otros por sicariato y otros por homicidio común de personas que entre sí llegan a agredirse en ese nivel”.

De esta manera, aseveró que “es tiempo de buscar una definición clara de la cantidad de casos que hay en esta materia”.

La Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por las comunidades atacameñas de Camar y Coyo para dejar sin efecto las bases de la licitación para la explotación del litio, proceso impulsado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Recordemos que este 12 de enero, el Ministerio de Minería -entonces encabezado por el exministro Juan Carlos Jobet- dio a conocer que las empresas BYD Chile SpA- y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A se adjudicaron la explotación de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable, tras presentar ofertas de US$61 millones y US$60 millones respectivamente.

La adjudicación generó una serie de críticas desde la entonces oposición -actual Gobierno-, donde aseguraron que se podía perjudicar el interés de conformar una Empresa Nacional del Litio.

En tanto, desde la anterior administración indicaron que el proceso no afectará la creación de la estatal, ya que se estaba entregando «solo el 4,4% de las reservas».

Fue en ese contexto que las comunidades indígenas acudieron a la justicia para frenar la entrega del mineral. La comunidad de Camar acusó que no se cumplió con la fijación de un área para desarrollar el proyecto y, por ende, no se realizó una consulta indígena, lo que sería una infracción a la ley.

Mientras que desde la comunidad Coyo acusaron la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Ambos recursos fueron acogidos por la Tercera Sala de la Suprema, integrada por el ministro Sergio Muñoz, la ministra Ángela Vivanco, los ministros Mario Carroza, Jean Pierre Matus y el abogado (i) Pedro Águila.

«Es un hecho histórico, inédito desde el punto de vista judicial y de la perspectiva de la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades atacameñas que la Corte Suprema acoja estos recursos, defienda a estas comunidades, les dé valor a sus derechos ancestrales y territoriales y en la defensa del Salar de Atacama y, por lo tanto, suspenda los contratos, la licitación y la adjudicación», destacó a El Mostrador el abogado de la comunidad Coyo, Gabriel Muñoz.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago una demanda de disolución y cancelación de personalidad jurídica de la Fundación CEMA Chile, tras recuperar millonario patrimonio para el fisco.

Aunque no se estableció en forma expresa en la transacción suscrita entre el CDE y CEMA, se acordó entre ambas partes que se solicitaría su disolución una vez transferidos todos sus activos, ante la imposibilidad para la Fundación de dar cumplimiento a su objeto social, toda vez que no cuenta con sede social, patrimonio, bienes raíces, trabajadores ni un directorio en funcionamiento.

Los bienes raíces existentes en el patrimonio de CEMA fueron recuperados por el CDE mediante transacción judicial suscrita en 2018, lo que significó el traspaso de inmuebles y valores de comercio para el Fisco por la suma de $7.695.534.676. Considerando el avalúo comercial de los inmuebles transferidos, dicho valor alcanza al día de hoy a $15.364.563.347.

A ello se añade la recuperación de inmuebles de origen particular donados a personas jurídicas sin fines de lucro, conforme lo dispuso la transacción judicial suscrita con el CDE, cuyo valor fiscal es de $1.299.588.819 y, el comercial, de $2.599.177.638. De esta forma, el monto total comercial recuperado por el CDE se aproxima a los 18 mil millones de pesos.

“La exitosa materialización de la transacción judicial permite hoy recuperar un cuantioso patrimonio para el Estado que, de no haber sido perseguido judicialmente por el CDE se habría mantenido bajo propiedad particular. El resultado obtenido da cuenta de la perseverancia del trabajo llevado a cabo por el Consejo para concretar la transacción y asegurar, además, la obtención de recursos extraordinarios en beneficio del Fisco de Chile”, sostuvo el presidente del CDE, Juan Peribonio.

El acuerdo del 2018 también obligó a mirar a otras instituciones vinculadas con CEMA, como por ejemplo la Fundación de Apoyo Social (FAS) que mantenía fondos mutuos y otros instrumentos financieros por $1.881.515.000, dinero que ya está en manos del Fisco de Chile.

Dicho patrimonio le correspondía a la fundación “Señoras del Ejército de Chile”. FAS también tenía una casona en la Avenida Bilbao en Santiago, la que se suponía era la sede central de CEMA y que actualmente tiene un avalúo comercial de $817 millones. Dicho inmueble también ya pertenece al Fisco.

En este proceso se estipuló que un grupo de 24 inmuebles de origen particular de propiedad de CEMA fueran donados a entidades de beneficencia, sin fines de lucro y/o municipales y, en algunos casos, al Estado. El avalúo fiscal de esos inmuebles corresponde a $1.299.588.819, y su valor comercial ha sido calculado en $2.599.177.638.

De esta manera, las entidades sin fines de lucro beneficiadas con estas donaciones fueron las Ilustres Municipalidades de Villa Alemana, Parral y Santa Bárbara; Fundación Las Rosas, Corporación para la Nutrición Infantil, Fundación Laura Vicuña, Corporación de Damas para la Defensa Nacional, Cuerpo de Bomberos de Santiago, Fundación de Auxilio Maltés, Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Fundación Aromas Solidarios Médicos P.D., Fundación Mater Filius Chile, Pequeño Cottolengo, Fundación María Ayuda, Corporación Patrimonio Cultural de Chile y Coaniquem.