Convención

El vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), Gaspar Domínguez, informó este miércoles que “hasta el día de hoy llevamos más de 130 normas aprobadas, que han pasado todas las vueltas, que han sido revisadas una y otra vez hasta lograr los votos suficientes para ser parte del borrador de la Constitución”.

Esto fue parte del punto de prensa que encabezó junto a la presidenta del organismo redactor de la nueva Constitución, María Elisa Quinteros, donde comentaron y analizaron los últimos hechos acontecidos al interior de la Convención.

Domínguez explicó que “cuando estemos a mediados de junio, todas las normas juntas que van a estar aprobadas van a ser armonizadas y ordenadas para que podamos tener a finales de junio y a principio de julio la propuesta de texto constitucional que vamos a presentar al Presidente de la República para efectos para que él pueda llamar a un plebiscito”.

De esta manera, también confirmó que no solicitará al Congreso Nacional una prórroga para extender el plazo de trabajo, que finalizará el 5 de julio.

Mientras que Quinteros se refirió a la comisión de Sistema Político, cuyo primer informe fue casi rechazado en tu totalidad por el pleno de la CC. “Estamos muy contentas, porque la comisión ya ha logrado un acuerdo transversal. Yo misma, el día lunes, estuve conversando con las y los colegas para ratificar el compromiso que tenemos desde la mesa directiva para apoyar todo lo que se necesite para poder sacar adelante este proyecto”.

“Yo tenía mucha fe en esa comisión en que dialogando o conversando se iba a llegar a acuerdo y lo que me parece muy interesante es que la metodología con la que trabajamos realmente funciona”, agregó.

Sostuvo que “en ese sentido, el llamado es a no dramatizar, porque también nos puede pasar en futuros informes”.

La comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó este lunes el fin de la figura del fiscal nacional, cuya labor dentro del Ministerio Público sería reemplazado por un Consejo Superior que será formado por siete personas.

La indicación, que fue aprobada con 13 votos a favor, 6 en contra y sin abstenciones, establece que “la dirección superior del Ministerio Público reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo”.

Mientras que la composición de dicho Consejo Superior –con 12 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención- sería con tres miembros “elegidos democráticamente” por las y los fiscales entre sus pares; uno elegido de la misma forma por funcionarios y funcionarias del Ministerio Público; y tres elegidos por el “Congreso Plurinacional” a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Estos no podrán haber desempeñado ni haber sido candidatos a cargos de elección popular, o haber trabajado en el gobierno o administración del Estado en puestos de confianza del Presidente.

Los cargos en este consejo tendrán una duración de cuatro años y no podrán reelegirse.

Entre las funciones del Consejo Superior estarían el dirigir el Ministerio Público, supervigilar la política de persecución penal, evaluar y calificar el desempeño de los funcionarios, designar presidente, fiscales regionales, adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público y definir necesidades presupuestarias, entre otras labores.

También se aprobó, con 14 sufragios a favor, 4 en contra y 1 abstención, la creación de un comité del Ministerio Público, que se dedicaría a “fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos”, el que estaría formado por el presidente del Consejo Superior y los fiscales regionales.

La convencional Ruth Hurtado, integrante de la comisión, señaló en declaraciones que consigna Emol que “como sector éramos de la idea de si bien dotar de más atribuciones al Consejo Técnico que hoy existe, pero no eliminar la figura del fiscal nacional, ya que este se diluye en esta figura colegiada que habrá ahora, con siete integrantes, y no nos parece adecuado seguir aumentando este aparato burocrático. La gente quiere soluciones y no quiere más autoridades en los cargos ni que se invierta en estas nuevas figuras”.

“Al nombrar este Consejo Superior lo que se hace es diluir las responsabilidades, diluir el poder y tenemos que tener claro que el Ministerio Público tiene relación con muchas otras instituciones y organismos, y esta manera de diluir el poder a nuestro parecer generará algunos problemas en cuanto a la gestión y a la eficacia, que es lo que se busca”, agregó.

El constituyente Christian Viera opinó que “hemos visto y sido testigos en estos años que precisamente el problema desde la perspectiva de la política criminal y la gestión ha estado asociada a la unipersonalidad. Si se mira el consejo, participan los fiscales, el sistema político y los funcionarios, y lo que favorece la virtuosidad de la colegialidad, es que los puntos de vista que permiten ser complementados y discutidos. Enhorabuena que los procesos de toma de decisión aumenten hacia la colegialidad y no unipersonalidad”.

La comisión también desechó la iniciativa de crear la figura de vicepresidente o ministro de Gobierno y mantener solo la de Presidente para que dirija el poder Ejecutivo.

El convencional Pedro Muñoz explicó que «habrá un régimen presidencial en forma, sin ministro de Gobierno y sin Vicepresidencia. Hemos ido despejando los nudos críticos con capacidad de diálogo”.