Central Unitaria de Trabajadores

Después de que el Gobierno anunciase que enviará el proyecto del tercer retiro del 10% al Tribunal Constitucional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reiteró el llamado a movilizaciones para el 30 de abril y acusó que «el Presidente ha asumido un camino sin retorno».

A través de una misiva, el organismo multisindical señaló: «Exigimos al Gobierno el retiro del requerimiento ante el TC por el tercer retiro del 10%. Hemos sido trabajadores y trabajadoras, las que con nuestros ahorros hemos sostenido nuestra vida y la economía. Sin una autoridad que gobierne para las mayorías, no resulta tolerable que sea el propio Presidente quien se interponga a los mecanismos que hemos debido construir para subsistir».

«Nuestro llamado hoy es claro, reafirmamos nuestro llamado a la Huelga General para este 30 de abril, convocada por nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado. Ante una autoridad que ha dejado de gobernar, no queda otro camino que la acción de fuerza de trabajadores y trabajadoras para enmendar el rumbo», agregó la Central.

Finalmente, la CUT sentenció: «Somos nosotros los que hemos pagado los costos de la crisis, pero también, quienes día a día ponemos de pie a Chile. Paralizar el país será la respuesta ante la indolencia del Gobierno”.

La paralización fue convocada el 30 de abril con motivo del Día Internacional del Trabajo y cuenta entre sus demandas una Renta Básica de Emergencia de 500 mil pesos y el congelamiento del precio de los alimentos.

Además, el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, calificó como una «burla» y «una falta de respeto al país» las polémicas declaraciones de Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) que aseguró en Radio Futuro: “Ha habido trabajo y falta gente que no llega a trabajar, porque reciben los bonos del Gobierno. Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para que voy a salir a trabajar”.

Al respecto, Díaz aseguró en declaraciones recogidas por Radio BioBío que los empresarios viven en un “país de mentira” y que los trabajadores «tienen miedo a enfermarse y la gente trabajadora no tiene el sueldo, ni la aseguradora, ni las clínicas que atienden al señor Ariztía».

En La Fontana publicamos desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile sus propuestas económicas y sociales ante medidas insuficientes del Ejecutivo. 

⭕Medidas económicas del Gobierno: Lentas e insuficientes

El camino que ha seguido el gobierno en sus paquetes económicos durante el año 2020 se puede resumir como: Ajuste fiscal, austeridad en el gasto, flexibilidad laboral, debilitamiento del tejido PYME y medidas que permitan la concentración de la riqueza, en la línea de propuestas neoliberales que han dominado la política chilena desde la constitución de 1980. En este marco, el plan de rescate de la economía en Chile llegó al 16,3% del PIB el año 2020. El problema es que el esfuerzo fiscal solo llega a 3,7% del PIB, es decir, US$9.700 millones en paquetes de ayuda que han sido muy cuestionados por su pertinencia, velocidad y magnitud.

A un año de pandemia y medidas económicas y sociales, es posible afirmar – con datos objetivos- qué medidas que han funcionado y cuáles no, donde destaca principalmente los dos retiros sucesivos de fondos de pensiones por un monto total de US$34.000 millones que, si bien, ha sido una solución importante para la población chilena, los mayores esfuerzos los han hecho las familias trabajadoras de ingresos bajos y medios. Quizás el mayor aprendizaje de esta crisis, es la necesidad de construir un fuerte estado de bienestar para ir en ayuda de las familias trabajadoras, ensanchando las políticas públicas.

La condición de base de la economía para enfrentar la pandemia con respecto al año 2009 es de mayor debilidad, el crecimiento mundial previo a la crisis sub-prime era de 6,7%, más del doble que el crecimiento de 2,9% del 2019, influido de manera importante por la guerra comercial entre EE.UU y China. El crecimiento del país antes de la crisis del 2009 era 4,9%, apalancado por los precios de los commodities y el 2019 el país creció solo al 1,1%, caracterizado por un fuerte freno de la actividad económica. El año 2020 el crecimiento del país se desplomó a -6%

El desempleo durante el año 2020 ascendió a 1.8 millones de trabajadores que salieron del mercado laboral en los meses de abril y mayo principalmente, esta baja del nivel de empleo golpeó principalmente a las mujeres, los jóvenes y los informales. Las mujeres han retrocedido alrededor de 10 años en sus tasas de participación laboral y de ocupación. Si bien se han recuperado alrededor de 1 millón de empleos, principalmente han sido empleos informales en un poco más del 60%, lo que supone un mercado laboral muy debilitado y que puede perder alrededor de 600.000 mil empleos de manera acelerada, si se cierran las ciudades como medida principal para enfrentar la pandemia.

Por otro lado, los niveles de endeudamiento del país se encuentran entre los más bajos de Latinoamérica y la OCDE. Con niveles actuales de deuda del 40% del PIB en 2021, existe mucho espacio para que esa deuda crezca. Solo pensar en una deuda que alcance niveles del 50% implicaría recursos extras por un total de US$20.000 millones de dólares a tasa de interés tendiendo a 0%. Además, Chile cuenta con el Fondo de Estabilización Económica y Social por un total de US$ 8.874 millones, y un Fondo de Reserva de Pensiones por un total de US$10.105 millones que supera lo que disponen el resto de los países de la región, y que representa el 7,3% del PIB. Finalmente, se podría abrir la posibilidad que el Banco Central pueda comprar en el mercado secundario, deuda del gobierno de Chile por al menos un 5% del PIB, es decir US$15.000 millones de dólares.

El aumento del precio del cobre a US$4,36 la libra va a tener efectos sobre la recaudación fiscal, el efecto marginal de un incremento de un centavo de dólar en el precio del cobre es de aproximadamente US$ 50 millones. La recaudación tributaria total de la minería que se obtiene de mantenerse el precio actual del metal, podría alcanzar cerca de US$5.250 millones anuales, muy distante de lo proyectado por DIPRES en el presupuesto, que llegaría a solo US$3.610 millones.

En definitiva, existen recursos abundantes para enfrentar la crisis, el problema es que el gobierno sigue buscando soluciones de estrechez fiscal que van a impactar negativamente a las familias chilenas y a la economía. Una propuesta económica debe revertir los principales errores del gobierno, que son la lentitud de sus propuestas, pues al llegar de manera tardía solo provocan que las necesidades posteriores aumenten; la implementación y focalización de sus propuestas que han provocado que la ayuda no llegue a donde se necesita; y la magnitud de la respuesta, que ha quedado claramente demostrado que es insuficiente.

⭕PROPUESTA CUT: Medidas universales y oportunas

La propuesta que presentamos cumple con los criterios de velocidad con que las medidas deben llegar a las familias chilenas, es decir, son lo más inmediatas posible, lo que define qué instrumentos debemos usar. En el caso de las ayudas a las familias, es evidente que el apoyo con recursos económicos que se pueden depositar de manera instantánea en las cuentas bancarias y crear cuentas en el banco estado cuando sea necesario, contrasta con la lentitud agónica de la entrega de cajas alimenticias.

La implementación de las medidas debe ser por aquellas vías y métodos que permitan llegar de manera certera a quienes necesitan las ayudas. En este sentido los esfuerzos de focalización y con ello de reducción del gasto, provocan que dejemos familias fuera de las políticas públicas, pero además entregar las ayudas a PYMES por medio de los bancos, solo ha servido para que una muy pequeña parte de las empresas reciba ayuda y la mayoría queden sujetas a las restricciones de ganancias de los bancos. Por lo tanto, la ayuda no debiera focalizarse sino ampliarse y los medios debieran ser las agencias estatales, que buscan cumplir con aumentar el bien común y no sus ganancias.

Y finalmente, las medidas deben cumplir con criterios de magnitud, es decir, los paquetes económicos deben ser de un tamaño adecuado, para asegurar la pronta recuperación de la economía, bajo la lógica que lo que dejemos de hacer hoy prolongará la crisis por más tiempo, con resultado de tasas de desempleo altas, bajo crecimiento y recaudación fiscal para los próximos cinco años.

Para poder definir cuáles serán los recursos necesarios y las medidas para cumplir con estos tres requisitos, es vital saber cuáles son los tiempos de la pandemia, es decir, cuando saldremos de la fase de emergencia para pasar a la recuperación con cuidados sanitarios y luego a la recuperación plena de la economía. En términos sanitarios se espera que el proceso de vacunación este desplegado completamente hacia finales del año 2021 según la Organización Mundial de la Salud, pero esos tiempos tienen diferencias, pues va a depender de en qué ola de contagios estemos, a diferencia de lo esperado al inicio, las oleadas que han venido más tarde no han atenuado lo suficiente los contagios y aun al día de hoy no se visualiza la baja de los contagios en las próximas semanas. La enfermedad está descontrolada en todas las regiones del país.

Definida esta etapa como la de emergencia sanitaria, donde es necesaria la detención de la economía para asegurar la vida de los chilenos, podemos abordar las siguientes medidas económicas que deben impulsarse: Estas deben cumplir con el objetivo de mantener los ingresos de las familias en montos de dignidad, mantener el tejido económico de la sociedad, aumentar el rol del Estado y luchar contra la concentración de los ingresos. Todas ellas deben dar como resultado la recuperación más rápida de la economía, enfocada en un alto nivel de empleo y salarios, que a su vez nos provea de una senda de crecimiento estable.

🟨Medidas para mantener los ingresos dignos de las familias chilenas

Renta Básica de Emergencia. Que llegue al 80% de la población, con montos equivalentes a la línea de la pobreza calculada por el Ministerio de Desarrollo Social. Entregando recursos monetarios a las familias y terminando con la humillante e insuficiente entrega de cajas de comida. La RBE debe entregarse por un periodo de 6 meses y complementarse con lo seguros de cesantía, permitiendo que más de

11.500.000 personas pueda salir de condiciones de pobreza. El resultado general es un gasto del orden US$1.935 millones de dólares mensual, que significan un 0,774% del PIB, que con un uso de seis meses promedio debiera significar una gasto total de 4,64% del PIB, asumiendo que el beneficio no va decreciendo con el tiempo, el gasto es de US$11.610 millones de dólares, casi exactamente el Fondo COVID acordado por el gobierno y el congreso de US$12.000 o algo menor a los retiros del 10% de los fondos de AFP que en promedio han sacado US$17.000 millones cada uno.

Fortalecimiento Estatal del Seguro de Cesantía. Debe establecerse un fondo estatal de US$4.000 millones de dólares para el Seguro de Cesantía y con carácter de no reembolsable, que busque mantener los niveles de reemplazo de renta estables y no bajar en el tiempo, al menos en un 75%; que permita que el Seguro de Cesantía se cobre durante 6 meses y que se utilice de manera preferente el fondo de cesantía solidario que al día de hoy acumula US$2.667 millones. Finalmente, en el caso de los trabajadores y trabajadoras que el pago del seguro de cesantía no alcance a cubrir la línea de la pobreza para su familia, se complementará con RBE hasta el monto calculado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Prohibir todo despido en aquellas empresas que se hace uso de la ley de protección al empleo, durante la suspensión laboral y hasta 6 meses del término de la suspensión.

Tercer retiro del Fondo de Pensiones. Debe impulsarse el proyecto de ley del tercer retiro actualmente en el Congreso Nacional, este tercer retiro permitirá a las familias tener la certeza de contar con recursos, mientras se debate en el congreso con carácter urgente, las leyes que aseguren estas medidas económicas de más largo plazo.

Ejercer el control de precios sobre productos alimenticios, sanitarios y servicios básicos para la población, de esta manera, es posible poner freno al abuso de la especulación de precios en un país con elevado costo de la vida.

⏹️Medidas de Protección del Tejido Económico

La protección efectiva del empleo. Que se debe lograr con la mezcla de leyes de protección a los derechos laborales para cumplir con entregar trabajo decente como lo define la OIT, es decir, leyes que van en la dirección de dar estabilidad laboral, ingresos suficientes, y horas de trabajo adecuadas. En este sentido, deben avanzar los proyectos de Ley de 40 horas, Salario Mínimo sobre la línea de la pobreza y derogación del artículo 22 del código del trabajo. La reactivación económica debe hacerse sobre el entendido que salarios dignos, apalancara la demanda efectiva, aumentarán la eficiencia y mejoraran los niveles de crecimiento económico como efecto de la mejor distribución de la riqueza.

Protección de las Pymes. Es necesario revertir la mala política de entregar garantías estatales por medio de la banca, no es posible sustentar que una política pública se lleve adelante por instituciones que buscan lucro. En la actual situación ha significado que los créditos no han llegado masivamente a las pymes y que los bancos han visto un espacio de negocio, cobrando tasas de interés mayores a las que serian posibles y renegociando clientes previos. Proponemos que las garantías estatales se entreguen por medio de las agencias gubernamentales coordinadas por la CORFO, con directrices claras de mantener el tejido empresarial, respecto de normas medioambientales y respeto a los derechos laborales, para esto debe ampliarse el fondo de US$3.000 millones a US$6.000 millones de dólares.

Rescate de empresas mediante su adquisición parcial o total. El Estado debe ir al rescate y la capitalización de empresas que sean esenciales para la vida y la producción, entre ellas se cuentan las empresas sanitarias, eléctricas y de combustible. Por otro lado, las empresas de la salud privada y finalmente las empresas que prestan un servicio público, entre estas últimas se encuentran universidades, aerolíneas, transporte de pasajeros, etc. Pero el rescate debe hacerse con la adquisición total o parcial de estas empresas, toda vez que su mantención es estratégica para el Estado de Chile. Proponemos que se cree un fondo de US$20.000 millones de dólares para ese propósito,c a constituirse con deuda y pagarse a partir de las ganancias obtenidas en los próximos años por la propiedad total o parcial de las mismas.

🟨Medidas para fortalecer el rol del Estado

Impuesto a los Súper Ricos. Es necesario avanzar en un impuesto que redistribuya hacia los sectores más necesitados de la sociedad, recursos de aquellos que concentran la riqueza del país, poniendo un impuesto del 2,5% sobre el patrimonio de aquellos que superen los 22,5 millones de dólares. Este impuesto debe ir a pagar preferentemente la Renta Básica de Emergencia, considerando que la recaudación puede alcanzar los US$6.500 millones de dólares.

Derogación del DL 3500. Es necesario terminar con el actual sistema de pensiones y reemplazarlo por un sistema de reparto, estatal, tripartito y solidario, que incluya mecanismos de aumento de pensiones de la mujer, cuentas nocionales, reparto puro y un fondo solidario con aportes igualitarios de trabajadores y empleadores por un total de 18%. De manera que el Estado se haga cargo de la seguridad social y esta deje de estar en manos de los privados, permitiendo entre otras cosas que US$195 mil millones dólares apoyados en fondos de pensiones, vayan a inversiones de interés nacional con retornos garantizados para los cotizantes de 4%.

Royalty a la minería. El precio del cobre ha llegado hasta los US$4,36 la libra, el precio más alto desde el año 2011 y muy cerca de un récord histórico. En este contexto se hace urgente la imposición de un royalty a la minería, que aumente sus aportes económicos al desarrollo nacional, el cual debe considerar un impuesto sobre las ventas o sobre la extracción del mineral de al menos un 10%. Estamos hablando de al menos US$2.500 millones anuales.

▶️Medidas Anti-concentración de la Riqueza.

Promover el Reparto de utilidades a los trabajadores. Por un total del 30% de las ganancias totales de la empresa a final de año, calculado sobre la base de todos los trabajadores con derechos a gratificación. Esto implica suprimir el artículo 50 del código del trabajo y distribuir hacia los salarios mayor proporción de la riqueza ganada.

Finalmente, será necesario estudiar una reestructuración tributaria para afrontar el pago de la deuda y una mayor presencia del Estado, que permita no solo apalancar el crecimiento, sino que además hacerlo de manera sustentable e igualitaria.

▶️Medidas legislativas urgentes

Reformar la Ley de Teletrabajo, para establecer que el empleador debe pagar de forma efectiva y suficiente los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, así como los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador. Actualmente los empleadores no cumplen esta obligación legal o lo hacen en forma absolutamente insuficiente.

Reconocer a los trabajadores de plataformas digitales en el Código del Trabajo, estableciendo una regulación de trabajo con derechos laborales y de seguridad social, reconociendo su calidad de trabajadores y no figuras intermedias que no dan efectiva protección. En este sentido, es necesario avanzar en el proyecto de ley en la cámara de Diputados en los términos que fue aprobado en general por la sala y por la comisión de trabajo en su primer informe.

Dejar sin efecto el ordinario B10 Nº 1047, de 19 de marzo de 2021, de la Subsecretaría de Salud Pública, esa medida retrógrada implica un retroceso a las primeras décadas del siglo pasado, ya que uno de los grandes logros del movimiento sindical fue la dictación de la Ley Nº 4.054 del Seguro Obrero de 1924, que por primera vez estableció un sistema destinado a cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte de un trabajador mientras estuviera sano y productivo, financiando el seguro con fondos del propio trabajador, su empleador y el Estado. Cuando se espera que el Estado adopte medidas de fortalecimiento y protección del trabajador y trabajadora, se va en la dirección contraria.

Restringir los servicios esenciales actualmente vigentes, el Ministerio de Salud debe prohibir más actividades en el plan paso a paso, que no se consideren esenciales y como medida sanitaria-económica, se debe revisar los ordinarios del ministerio de hacienda que definen las actividades esenciales.//ELF

🟦Ver medidas CUT en PDF👇

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El Consejo Nacional Ampliado de la CUT rechazó el nombramiento del nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero, desconociéndolo como interlocutor válido para ninguna negociación con el mundo sindical.

Bárbara Figueroa, presienta de la CUT, señaló que “no es posible generar ningún diálogo fructífero con alguien como él”, refiriéndose a la historia política del militante UDI.

Por eso, la organización resolvió convocar a una Huelga Sanitaria para este 30 de abril, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y, como “mecanismo que visibilice el descontento de los trabajadores con las medidas adoptadas por el gobierno que, nuevamente, pretende cargar sobre los hombros del pueblo, todo el peso de la crisis sanitaria y económica”.

Los dirigentes demandan una Renta Básica de Emergencia de 500 mil pesos y congelar el precio de los alimentos, para que las cuarentenas puedan ser efectivas.

Así mismo, insisten en la necesidad de fijar un sueldo mínimo, que permita superar la línea de la pobreza y políticas de protección del empleo.

Bárbara Figueroa y una veintena de dirigentes sindicales y de la multisindical.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dio a conocer una lista de pre candidatos de esa organización a la Convención Constitucional (CC), órgano que deberá redactar la nueva Constitución, y cuyos integrantes serán electos en comicios el 11 de abril próximo.

La lista la encabeza la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, los máximos dirigentes de esa organización y una veintena de dirigentes de la CUT y sindicales.

En un comunicado difundido por la organización, se dijo que “tenemos el mandato (del Congreso de enero y ratificado por el Consejo Directivo Nacional Ampliado del 30 de octubre pasado) de participar con candidaturas propias para llevar a la Convención Constitucional, dirigentes y dirigentas sindicales con la plena consciencia de que este proceso deberá ser acompañado de la movilización social para que los trabajadores y la sociedad -dada las ataduras que tiene el proceso- eviten la imposición de las posiciones minoritarias de quienes pretenden que Chile siga igual”.

Entre los pre candidatos, además de Figueroa, figuran, entre otros, Nolberto Díaz, secretario general; Juan Moreno, encargado del Consejo Ramal del Comercio CUT; Tamara Muñoz, vicepresidenta de Relaciones Internacionales; José Pérez, presidente de la ANEF; Silvia Silva, presidenta de la Ajunji; Eric Campos, vicepresidente de la Federación de Sindicatos del Metro; Julia Requena, vicepresidenta de la Mujer de la CUT.

En el comunicado, desde la CUT se indicó: “Hoy damos a conocer al país las primeras precandidaturas de dirigentes sindicales como una forma de declarar la disposición, voluntad y decisión de dar la disputa para hacer del Proceso Constituyente una oportunidad para cambiar Chile, favoreciendo a las grandes mayorías que ya han sufrido las injusticias por más de cuatro décadas. Los dirigentes sindicales no solo tenemos el derecho, sino que la obligación de ser parte de este proceso colocando al centro el Valor del Trabajo como principio fundamental para el pleno desarrollo humano y el crecimiento del país con Trabajo Decente, remuneraciones justas y Seguridad Social”.

Además, se sostuvo que “nuestra lista, en primer lugar, está constituida por miembros que formaron parte del Comando Nacional de Trabajadores de la CUT: dirigentes nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores, dirigentes de organizaciones afiliadas y dirigentes de nuestras organizaciones territoriales”.

En el texto se hizo ver que “en los próximos días -de acuerdo a los procesos que hagan nuestras estructuras- se sumaran más candidatos y candidatas. Y a partir de este momento, el Comité Ejecutivo desarrollará una ardua tarea para gestionar acuerdos que permitan a nuestras pre-candidaturas estar en las papeletas del próximo 11 de abril, 2021, fecha de las elecciones de los 155 miembros de la Convención Constitucional”.

Otros y otras precandidatas de la multisindical a la Convención Constitucional son: Fabián Caballero, vicepresidente de Formación Sindical CUT; Jaime Gajardo, consejero nacional; Manuel Díaz, presidente de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros; Rodrigo Oyarzún, consejero nacional de la CUT y presidente de la Federación Nacional Sindicatos Holding Heineken –CCU; Yobana Salinas, encargada Secretaría Educación CUT y presidenta del Sindicatos Integra; Horacio Fuentes, presidente de la Constramet; Ana Bell Jara, consejera nacional CUT; Luis Destefani, dirigente Sindicato BancoEstado; Ramón Chanqueo, presidente Asemuch; Manuel Romero, subsecretario general de la CUT; José Manuel Díaz, vicepresidente de Gestión, Administración y Finanzas CUT; Amalia Pereira, presidenta Fenatrasap; María Cuellar, dirigente Confederación Nacional Campesina del Agro y de Pueblos Originarios Ranquil; Carlos Cerda, presidente del Sindicato CIAL-Alimentos; Erasmo Correa, presidente del Sindicato de Trabajadores de Empresa Agro Tantehue Ldta; Carolina Nohemí, presidenta Fenpruss DSSA Atacama.