Cámara de Diputados

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 74 votos a favor, un proyecto de resolución presentado por la Bancada del PPD-Independientes, donde se solicita al Presidente de la República, que en el futuro proyecto anunciado en su Cuenta Pública, con el que se pretende crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, no se incorpore a Gendarmería de Chile entre las instituciones que formarán parte de la cartera.

Lo anterior, debido a que «dicho servicio público nunca ha formado parte de los organismos de orden y seguridad público, y sí del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la labor de vigilar, atender y asistir a la población penal y contribuir a su reinserción social», señala el texto.

«El Presidente Piñera anunció en su Cuenta Pública que próximamente enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a crear un nuevo ministerio de Seguridad Pública, separado del Ministerio del Interior, el cual se especializará en el resguardo del orden público, la prevención del delito, el combate a la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la protección de nuestras fronteras. Asimismo, señaló que en este nuevo ministerio estarían reunidos las instituciones de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y que había interés de sumar a Gendarmería de Chile”, explicó el Jefe de Bancada, Raúl Soto.

El parlamentario indicó que «esta propuesta encendió las alarmas de funcionarios de Gendarmería quienes se reunieron con nosotros para expresar su total rechazo a la posibilidad de ser incluidos en este proyecto, principalmente porque Gendarmería de Chile no forma parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, sino que es un Servicio Público que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas».

Por su parte, la diputada Patricia Rubio sostuvo que «si bien hacemos hincapié en la necesidad de una reforma policial y reestructuración profunda, especialmente en Carabineros de Chile, coincidimos con lo manifestado por las distintas organizaciones gremiales representativas del personal de Gendarmería, en el sentido de que con el proyecto anunciado se desvirtúa el rol de reinserción social que ellos tienen. Nosotros como Bancada hemos escuchado a los funcionarios en sus demandas, y la Sala de la Cámara también lo ha hecho al aprobar esta iniciativa en el día de hoy».

En tanto, el Presidente de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, señaló que «en primer lugar quiero destacar la organización y unión de los funcionarios de Gendarmería. Me parece muy bien que de manera anticipada nos argumenten que no corresponde incluirlos en un Ministerio junto a Carabineros e Investigaciones, ya que su labor está más ligada a los derechos humanos y reinserción. Ellos son los que viven día a día la realidad de las cárceles, por lo tanto, es nuestro deber escuchar y respaldar sus planteamientos».

Finalmente, el diputado Rodrigo González, afirmó que «la función de los gendarmes es muy compleja, y con la pandemia aún más, con los focos de Covid en las cárceles del país. Ellos cumplen una función muy importante y sacrificada en nuestra sociedad con las personas privadas de libertad. No son un ente militarizado ni forman parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, por lo que lo más lógico, tal como ellos nos han señalado, es que continúen dependiendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos».

La iniciativa contó con 112 votos a favor, 3 en contra y 34 abstenciones. Esto último fue un modo de protesta de algunos parlamentarios, quienes no están completamente conformes con la propuesta del Gobierno.

La Cámara de Diputados aprobó y mandó al Senado el proyecto de reajuste del salario mínimo.

La iniciativa contó con 112 votos a favor, 3 en contra y 34 abstenciones. Esto último fue un modo de protesta de algunos parlamentarios, quienes no están completamente conformes con la propuesta del Gobierno.

De esta forma, solo falta que la Cámara Alta le otorgue luz verde para que se transforme en ley. De momento, se baraja la opción de conformar un comité para que la votación se realice este mismo martes, aunque no hay nada concreto y la medida sigue en tabla para mañana miércoles.

La moción implica un reajuste de 3,2% al salario mínimo, incrementando el ingreso de $326.500 a $337.000. Junto a ello, incorpora la posibilidad de elevarlo a $350.000 en enero de 2022, aunque dependerá del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre según explicó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ante la comisión mixta que se encargó de definir la discusión.

La propuesta también incluye la conformación de una mesa técnica, integrada por representantes del Gobierno, del Congreso, del empresariado, académicos y trabajadores, la cual estará encargada de generar reportes que constaten todo lo referente al salario mínimo y establecerá procedimientos y recomendaciones a futuro.

Además, el proyecto contempla aumentar el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de $40.000 a $50.000, con un piso mínimo de $5.000 debido a que el beneficio va descendiendo mientras el sueldo base sube. También amplía la barrera de los beneficiarios del IMG hasta $421.500, debido a que el tope actual es de $393.000.

Lograr que las víctimas de lesiones en el marco de las movilizaciones del “estallido social” accedan a un procedimiento judicial rápido y expedito, es parte de la idea matriz del proyecto que fue aprobado en general por la Cámara por 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones.

En la propuesta, que vuelve a la Comisión de Derechos Humanos por ser objeto de indicaciones, se define “estallido social” como la serie de masivas manifestaciones sociales iniciadas en Santiago, como respuesta a un alza de $30 en el valor del Metro de dicha ciudad, que derivó en un movimiento a nivel nacional con expresiones de descontento ciudadano en todo el país. El contexto descrito se entiende iniciado el 7 de octubre de 2019.

La norma, informada en la Sala por el diputado Boris Barrera (PC), plantea disminuir el estándar probatorio para que las víctimas accedan a la justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes o quienes se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales.

Para la aplicación de esta norma, se entenderá como víctima a toda persona que, individual o colectivamente, hubiese sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual o a quienes se les hubiese provocado la muerte, como consecuencia de acciones u omisiones de agentes del Estado, bajo el contexto de movilizaciones en el estallido social.

Todo lo anterior, sin perjuicio que dichas personas hubiesen estado participando o no de tales movilizaciones, ni de las investigaciones que se estén realizando en su contra o de condenas emanadas de la justicia penal, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, se establece que se considerará víctima, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y se presumirá como tales a quienes hayan hecho denuncias de este tipo en una serie de organizaciones detalladas en el texto.

También, se señala que la indemnización que deba otorgarse tendrá que ser de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la vulneración considerando todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Si bien gran parte del proyecto fue respaldado en general por la Sala, una de sus normas no alcanzó los 87 votos necesarios para su aprobación (por tratarse de una disposición de ley orgánica constitucional), pues obtuvo 79 a favor, 52 en contra y 15 abstenciones.

Dicha norma señalaba que sería el Tribunal Civil del domicilio de la víctima o aquel que corresponda al lugar en que ocurrieron los hechos el competente para conocer las materias de esta ley a elección de la víctima.

En su análisis en la Sala, parlamentarios criticaron el contenido del proyecto, calificando como una “discriminación arbitraria” que se deje fuera de la categoría de víctimas a aquellas personas que hubiesen sufrido daños en el ejercicio de sus funciones, que sean miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ejército y de la Armada de Chile.

Junto a ello, también hubo posturas contrarias al establecer que no será necesario acreditar la existencia de falta de servicio por parte del Fisco de Chile para que sea condenado por concepto de responsabilidad civil y que se entiendan acreditados por el solo ministerio de la ley.

Del mismo modo, se refutó que la norma señale que las acciones que emanan de esta ley sean imprescriptibles y que se permitiera incluir en el informe pericial la opinión, entendida como una interpretación de la relación probable entre los síntomas físicos y psicológicos y las posibles lesiones, castraciones, violencia sexual, tortura o malos tratos y la recomendación de un tratamiento médico, psicológico o de nuevos exámenes.

Quienes respaldaron la propuesta argumentaron que lo que se busca es hacer justicia con las víctimas estableciendo la obligatoriedad del Estado de reparar las lesiones, situación que, hasta la fecha, no ha ocurrido en la gran mayoría de los casos.

Para eso, aseguraron que la propuesta busca implementar un procedimiento un poco más expedito para generar algún tipo de reparación.

Este jueves fue aprobado el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, con respaldo de los 140 diputados y diputadas habilitados para votar.

La iniciativa busca ampliar el tiempo de duración del IFE hasta agosto e incluir un monto extra equivalente a la mitad de septiembre, quedando así extendido por tres meses y medio más.

Asimismo, con la aprobación del proyecto se amplía a todo el Registro Social de Hogares (RSH), de manera tal que sea entregado al 100% de las familias allí inscritas.

Además, en relación a los montos se aumentaron los correspondientes a familias compuestas de tres y cuatro integrantes. Así quedaron los IFE para cada familia:

1 integrante: $177.000.

2 integrantes: $287.000.

3 integrantes: $400.000

4 integrantes: $500.000

5 integrantes: $546.000.

6 integrantes: $620.000.

7 integrantes: $691.000.

8 integrantes: $759.000.

9 integrantes: $824.000.

10 o más integrantes: $887.000.

La tramitación no estuvo exenta de conflictos, pues desde la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) volvieron a plantear la opción de extender hasta diciembre este nuevo IFE, algo que aumentaba al doble los fondos estatales destinados a las ayudas y que ya había sido declarado inadmisible en la comisión.

Sin embargo, no tuvo suerte. El resto de las indicaciones también recibieron la aprobación unánime de la Sala.

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, destacó el aumento que tuvo el IFE tanto en montos como en duración, señalando que en mayo ya había llegado a 5,7 millones de hogares vía transferencia o presencial.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, recalcó la importancia del esfuerzo fiscal que se hace con este IFE Universal, afirmando que el gasto es de US$ 3 mil millones por mes, dinero equivalente a 10 hospitales. “En solamente un mes el IFE Universal está movilizando recursos asimilables a diez hospitales de alta complejidad”, aseguró.

Ahora será el Senado el que definirá el futuro de estas mejoras al Ingreso Familiar Emergencia, todo esto dentro del marco de las discusiones en torno a la llamada “agenda de mínimos comunes”.