La ex Presidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sostuvo al Ministerio Público que en Chile, tras el estallido social del 18 de octubre del 2019, se registró una alta cantidad de «violaciones graves a los DDHH» por parte de agentes del Estado.
Aquello lo planteó en un documento ante una consulta de nueve preguntas realizada, el 2 de octubre del 2020, por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien investiga una veintena de querellas contra distintas autoridades por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En siete páginas, enviadas el 10 de diciembre, la ex Presidenta explicó el rol de la Oficina que lidera, la visita a Chile de una delegación -entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre del 2019- en medio de las protestas sociales y cómo se vinculó con las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, según publica hoy La Tercera.
En ese marco, expuso que el informe elaborado por su oficina concluyó, entre otros aspectos, «que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre (de 2019), se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza, que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias».
«Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y contextos urbanos», puntualizó.
En tanto, ante la consulta de la persecutora sobre cómo estaban haciendo el seguimiento a las recomendaciones hechas por la ONU, Bachelet explicó que está en proceso la elaboración de un documento que dé cuenta del cumplimiento de lo propuesto por la Oficina al Estado de Chile, que debiera ser publicado en los primeros meses de este año.
En el texto, la alta comisionada precisó que la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur «ha mantenido un diálogo con diversas autoridades para conocer sus versiones, perspectivas y datos sobre las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las movilizaciones».
Detalló que la Oficina Regional ha sostenido «reuniones regulares» con la Subsecretaría de Derechos Humanos y, además, con la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, los presidentes del Senado y del la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, el ministro de Salud, el contralor general de la República, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la directora de derechos humanos de Carabineros de Chile.
Sin embargo, «no ha podido sostener reuniones con las más altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, por razones ajenas a la Oficina».
«Por otra parte, la Oficina Regional intervino en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, en su reunión del 30 de enero de 2020, expresando su preocupación por casos del uso excesivo de la fuerza (incluso, en contra de manifestaciones pacíficas, observadores de derechos humanos y brigadistas de salud); y solicitó, sin éxito, que las autoridades, en particular a la más alta autoridad del Ministerio del Interior, a tomar medidas concretas para garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se realice en estricto respeto de las obligaciones y estándares de derechos humanos», agregó.
Bachelet apuntó, en ese sentido, que la Oficina pidió al Ministerio de Salud que tome «las medidas necesarias para garantizar la protección de brigadistas voluntarios de salud, en respuesta a informaciones que indicaban que habían sido reiteradamente agredidos por miembros de Carabineros», solicitud que «no fue aceptada, indicándose que los brigadistas voluntarios no gozan de estatus oficial/profesional y no están autorizados a ofrecer primeros auxilios».
La fiscal Perivancich tramita querellas que apuntan, entre otras autoridades, al Presidente Sebastián Piñera, a los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel y el ex general director de Carabineros Mario Rozas; varios de los cuales ya han declarado en la causa. En las próximas semanas, en tanto, será interrogado como imputado el actual jefe de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, quien ejerció como jefe nacional de Orden y Seguridad cuando estallaron las protestas.