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Un grupo de convencionales del Colectivo del Apruebo ingresó una propuesta de norma constitucional para que el agua sea reconocida como bien de uso publico «en cualquiera de sus estados».

La iniciativa establece que el Estado debe garantizar el acceso y saneamiento del agua como derecho humano prioritario, además de permitir el desarrollo de actividades productivas «velando por el equilibrio del ecosistema, la equidad y la seguridad pública».

Uno de los impulsores de la propuesta, Luis Barceló (IND-PPD), aseguró desde el ex-Congreso de Santiago que «se trata de elevar a rango constitucional las aguas como bien nacional de uso público, lo que hoy no sucede. Y a partir de ahí, dejar establecido que el agua potable para consumo es un derecho humano prioritario, y lo mismo el saneamiento».

Además, Barceló explicó que buscan establecer el concepto de cuenca hidrográfica, «que significa que las aguas deben ser administradas no solo por las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas y fiscalizadas por la DGA. Sino que además, deben incorporar a todo el entorno de la cuenca hidrográfica, vale decir las municipalidades».

El constituyente acusó que «las municipalidades hoy día no tienen ‘pito’ que decir en la gestión del agua, siendo que representan a la población urbana que necesita agua potable, y por cierto también al pequeño mundo agrícola»

Aseveró que el manejo por cuenca hidrográfica implicará establecer «uno o más órganos que administren las aguas a nivel nacional, pero teniendo en consideración las particularidades de cada región».

En esa línea, afirmó sobre las otras propuestas sobre derecho al agua que «hay puntos coincidentes, pero el concepto de cuenca hidrográfica creo que nos distingue».

«Es una propuesta progresista, pero también equilibrada, destinada a generar consensos y establecer que el agua como derecho humano tiene un rango prioritario», remarcó Barceló, aclarando previamente que «aquí no hay un espíritu sectario, sino que un espíritu democrático amplio para enfrentar un problema tan grave como es la crisis hídrica nacional, que además está agudizada por la escasez de agua que sufre la humanidad».

Por su parte, el convencional Miguel Ángel Botto (ex-INN) lamentó que «el distrito mío, que es el distrito 6, donde está incluida la provincia de Petorca, Quillota, San Felipe, Los Andes, ha sido uno de los sectores que han sufrido la escasez y la usurpación, por qué no decirlo, de este recurso hídrico tan importante para la vida y la producción».

En esa línea, detalló que se comprometieron a cuatro «elementos fundamentales»: entender que el agua es un derecho humano; establecer que es un bien de toda la nación; que la gestión del agua deba ser asumida por el Estado; e instaurar su priorización,» es decir, no puede haber un sector geográfico donde estén desarrollando la minería y el vecino de al lado no tenga agua».

Botto subrayó que «no podemos pensar que el Estado lo debe hacer todo, pero tampoco debemos aceptar que en nuestro país una empresa de agua pueda ser comprada por un Estado o una multinacional y ellos manejen nuestros recursos hídricos, no respetando las priorizaciones que estamos promoviendo».

«Es como lo ha planteado el equipo del mismo presidente (Gabriel) Boric. Esto hay que hacerlo paso a paso, no puede haber un cambio de folio y una expropiación de un día para otro. Tenemos un gran desafío que se viene, que son las normas transitorias», sentenció.

Además de Botto y Barceló, la iniciativa está firmada por los convencionales Fuad Chahín, Felipe Harboe, Eduardo Castillo, Rodrigo Logan, Agustín Squella, Helmuth Martínez y Patricio Fernández.