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El Ministro de Hacienda y Director del Servicio Civil (pág. A2, el Mercurio, 19 de Feb.), anuncian a dúo y con sospechosa premura, un proyecto de ley “para construir un nuevo empleo público”, haciendo alusión, en nuestra opinión mañosamente, por una parte; a dos encuestas, la primera encargada por el Servicio Civil (2019) y la segunda del Consejo para la Transparencia (publicada el 02.02.2020) y por otra parte; a la crisis social y desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

«Creemos que esta modernización del Estado es incorrecta», dice Jorge Consales, vicepresidente Nacional de la ANEF, en nuestro medio. Y añade: «Desconocemos el contenido de esta modernización que plantea el Gobierno (…) Y el procedimiento que usa es ilegal, ya que no respeta la ley en razón de hacer participar a las organizaciones sociales en esta materia».

El descrédito en las instituciones y las multitudinarias manifestaciones ocurridas con el estallido social, se traducen en exigencias ciudadanas por transformaciones sociales y políticas que permitan: trabajo decente, educación pública, gratuita y de calidad, acceso oportuno a la prevención de enfermedades y recuperación de la salud, vejez con una pensión adecuada, una ciudad integradora e inclusiva y medio ambiente libre de contaminación. Todas materias que en su diseño, desarrollo, provisión y regulación al Estado le corresponden un rol fundamental e insustituible, dice la ANEF en un comunicado.

Ante lo anterior, Consales señala: «Estamos por modernizar el Estado, y profesionalizar la carrera de los funcionarios, a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las prestaciones en las atenciones que damos a la ciudadanía». Sin embargo, plantea que «lo que está haciendo el gobierno es perjudicar a los funcionarios públicos y está haciendo más de lo mismo».

El modelo neoliberal heredado de la Dictadura cívico-militar Pinochetista, con su prédica y práctica de desregulación, privatización, externalización y reducción del aparato público, mantenido por todos los Gobiernos y del que el actual es un genuino representante y fiel defensor; es contrario a una modernización que garantice más democracia y la construcción de una sociedad justa y participativa.

Para todos/as es conocida la pérdida de relevancia y atribuciones del Estado Chileno y que el neoliberalismo lo ha reducido en una caja pagadora de los grandes capitales, concesionando y privatizando prestaciones y servicios que en casi todo el mundo otorga directamente el Estado. AFPs, Isapres, colegios subvencionados, instituciones “colaboradores” del SENAME, Agua, Electricidad, Autopistas, concesiones de Puentes, Cárceles y Hospitales, el Transporte público, etc. son un ejemplo de esa nefasta impronta.

Endosar a las y los trabajadores del Estado el desprestigio de las instituciones resulta poco honesto, pues bien sabe el Ministro que no somos nosotros/as, sino las autoridades designadas por los mismos gobiernos, los que manejan los Servicios, muchas veces sin consideración alguna, a la experiencia y profesionalismo de los propios funcionarios/as. Quienes trabajamos en el Estado aspiramos a mejorar nuestra labor y servir a la ciudadanía, cada vez con mayor eficacia y eficiencia. Por eso la ANEF desde hace más de 20 años, viene planteando que una verdadera modernización debe buscar el fortalecimiento del Estado, la ampliación de sus facultades y como requisito esencial, contar con la participación activa de los funcionarios/as y de sus organizaciones sindicales.

El debate sobre el modelo de Empleo Público, lo es también sobre el tipo de Estado. Por tanto, cuando el Ministro de Hacienda afirma que nuevas reglas en el empleo público (cuyo contenido se desconoce) significará automáticamente un mejor Estado, utiliza una forma engañosa de sortear la discusión de fondo en esta materia. Discusión que exige cuestionar el rol que este modelo le asigna, al despojarlo de capacidades humanas y presupuestarias para responder a las necesidades básicas de la población.

La transformación de un Estado débil, ausente y subsidiario, hacia un Estado fuerte, presente y solidario que garantice los derechos sociales y ciudadanos, deberá ser asumida y abordada en el proceso constituyente y en la lucha por un nueva Constitución democrática para nuestra patria.

Por lo anterior, un gobierno que la inmensa mayoría del país rechaza, que tiene importante responsabilidad en la situación de malestar social e indignación acumulada por nuestros compatriotas, que para sostener y defender los privilegios de algunos viola sistemáticamente los derechos humanos, carece de legitimidad y autoridad moral para promover reformas al Estado y a las condiciones de empleo de los funcionarios/as. En atención a ello y frente a estos anuncios, como ANEF reiteramos nuestras demandas por más y mejor Estado que asegure estabilidad laboral, carrera funcionaria y reconocimiento de nuestros derechos colectivos.

«Por estas razones, desplegaremos toda nuestra capacidad de acción sindical, avanzando junto a la ciudadanía hacía la construcción de un nuevo Chile, con una nueva constitución que garantice y asigne el rol que al Estado le corresponde y requiere para asegurar los derechos sociales. Exigimos derechos sociales garantizados por el Estado y no comprados o vendidos en el mercado», concluye comunicado de la ANEF.