La Fiscalía Nacional Económica informó que presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por una supuesta colusión entre tres empresas de transporte de valores, y seis de sus principales ejecutivos. Se trata de Brink’s, Prosegur y Loomis.
El ente persecutor detalla que el motivo es «por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018». Por esto, se solicita la aplicación de una multa de 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a unos US$ 63,4 millones.
De acuerdo a los antecedentes, el acuerdo por el aumento de los precios se habría fijado aproximadamente en marzo del 2017. Las empresas Brink’s y Prosegur habrían coordinado el aumento de valores relacionados con sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y/o prestaciones sociales.
En el desglose de estas sanciones económicas, se registra que las mayores van dirigidas a la empresa Brink’s Chile S.A., por un total de US$ 30,5 millones; y a la compañía Juncadella Prosegur Group Andina S.A. (Prosegur), por US$ 25,8 millones. Se trataría de las multas más grandes que haya pedido el ente persecutor en casos de colusión.
En el caso puntual de Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), el monto se fijó en un total de US$ 6,4 millones.
En tanto, los ejecutivos que serán investigados y eventualmente sancionados son: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil); y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil). Todos ellos ocupan el cargo de gerente general de las respectivas compañías consignadas.
Además, esta medida buscaría penalizar a aquellos jefes regionales que tenían en su cargo a Chile. Ellos son Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur (US$ 135 mil), y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis (US$ 94 mil).
«Este requerimiento reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley», aseguró Ricardo Riesco, fiscal nacional económico.