Un grupo de alcaldes le entregó una carta al ministro de Educación, Raúl Figueroa, para exhibir su preocupación por el actual proceso de desmunicipalización que vive la educación del país.
Firmada por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y Asociación de Municipios Rurales (Amur), en la carta solicitan al secretario de Estado la suspensión temporal y mejora del proceso de traspaso de establecimientos educacionales que dependen de los municipios y corporaciones municipales a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Según el documento, entre los inconvenientes está el déficit de información respecto al financiamiento que tendrán los SLEPS, el desempleo masivo que generará este proceso, el factor centralización que impacta a comunas en sectores extremos, y el actual proceso de elaboración de la nueva Constitución, entre otros.
En la misiva piden recuperar las clases perdidas de forma presencial mediante una apertura gradual según el calendario de vacunación nacional. Además, solicitan suspender la implementación del proceso para el año 2022 y extenderlo hasta el 2028, así como también la desvinculación inmediata de funcionarios nombrados por el gobierno «por confianza política».
También demandan que se le garantice a los municipios la permanencia como sostenedores en el caso de haber un orden financiero efectivo y un alto nivel académico de alumnos y profesores.
El presidente de la Amuch y actual alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, advirtió que «el problema y el daño es muy grande para niños y jóvenes que se están educando en nuestro país”.
“Buscamos congelar y paralizar momentáneamente el proceso de desmunicipalización, y analizar con expertos las cosas negativas y positivas. Así podemos determinar si tienen solución las cosas negativas y si son convenientes o no para el futuro de nuestro país. Siempre hablamos de descentralizar y lo que hace esta reforma es centralizar”, detalló.
Por su parte, el presidente de la Amur y jefe comunal de El Monte, Francisco Gómez, aseguró que «hay recursos para fortalecer la educación pública en materia de infraestructura», poniendo como ejemplo la subvención preferencial surgida por la pandemia del coronavirus, que implica que «la subvención ya no es por asistencia sino que está en los indicadores antes de la pandemia», lo que a su juicio permite «poder administrar la educación de mejor manera”.
«No sabemos si el camino de la desmunicipalización sea el camino que va a permitir mejorar la educación pública. Por eso hemos pedido, en base al sondeo que hemos hecho a lo largo del país, que el ministro evalúe, revise, haga una propuesta y se siente a hablar con los actores, alcaldes y parlamentarios, para revisar esta ley», añadió.