Notas

Tras un paseo por el centro de Santiago, un asombrado Gabriel García Márquez comentó que Chile es un país tan legalista, que es el único lugar en que había visto que códigos y reglamentos se vendieran en la calle.

Por Daniel Matamala 

Periodista de CNN

Si hasta la revolución aquí se intentó hacer a punta de resquicios legales, y la corrupción es con boletas por servicios prestados. No es de sorprenderse entonces que la impunidad también se construya torciéndole la nariz a la justicia, pero siempre con un disfraz legal para guardar las apariencias.

¿Pillan a grandes empresarios robando a través de carteles? Es que el delito no está tipificado. ¿Atrapan a políticos con las manos en la masa, embetunadas en platas negras? Es que no hay querella del Servicio de Impuestos Internos. ¿Sorprenden a generales saqueando el tesoro público? Es que investigarlos es inconstitucional.

Todo legal.

De los mecanismos de protección de que gozan los poderosos, el de los generales parecía el más inexpugnable: una justicia propia, secretista y ajena al escrutinio público.

Hasta que una civil, Romy Rutherford, llegada por azar al cargo de ministra en visita de la Corte Marcial, se tomó demasiado en serio su trabajo. Desenredó la madeja de corrupción en los altos mandos, logró la confesión del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, lo procesó a él y a su sucesor, Humberto Oviedo, y puso en la mira a una larga lista de coroneles y generales.

Entonces, tal como con los empresarios y con los políticos, comenzó a operar la impunidad.

Este verano, exjefes de las cuatro ramas castrenses publicaron una carta destacando la “injusticia” del sistema procesal antiguo, en que rigen normas análogas a la justicia militar. En paralelo, la defensa de Oviedo pidió al Tribunal Constitucional suspender indefinidamente la investigación de Rutherford por vulnerar las garantías constitucionales a un juicio justo.

El TC accedió.

El personaje clave aquí se llama Iván Aróstica. Presidente del Tribunal Constitucional, es conocida su cercanía a los militares. Trabajó en la Caja de Previsión de la Defensa, es coleccionista de corvos y es tal su amor por esas armas, simbólicas para el Ejército, que incluso escribió un libro sobre ellas: Por los cuchillos de Chile: El corvo.

Si al inicio de la transición el director de la Escuela de Fuerzas Especiales dio un célebre discurso en que ofrecía sus “corvos acerados” a disposición de Pinochet, ahora Aróstica puso sus corvos legales al servicio de los militares investigados. Uno tras otro, seis coroneles y generales procesados por corrupción han recurrido al TC. Todos los casos han sido derivados a la Primera Sala que preside Aróstica. Y en todos ellos, las investigaciones han sido congeladas por tres votos contra dos, gracias a los sufragios de Aróstica y sus laderos, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez.

El argumento es que las normas de la justicia militar, como el secreto del sumario, violan garantías constitucionales. “La justicia militar es un sistema decimonónico que se superó en todos los países civilizados donde existe Estado de derecho”, dice el abogado de Oviedo. Vaya novedad: ya en 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por lo mismo. En 2011, siete ministros de la Corte Suprema pidieron eliminar esta justicia paralela en tiempos de paz.

Pero, claro, a nadie le importó hasta que a Oviedo lo pillaron malversando $ 4.500 millones según el procesamiento de la ministra Rutherford: $ 150.000 semanales en chocolates, $ 8 millones en lápices Mont Blanc, $ 24 millones en mantenimiento de su casa, $ 21 millones para repostería…

Recién entonces, esa misma justicia militar que los generales habían defendido con dientes y muelas pasó súbitamente a ser motivo de escándalo.

Ahora el TC juega al congelado mientras pasa el tiempo: en marzo de 2020 vencerá el período de la entrometida Rutherford, quien deberá dejar la investigación en manos de otro ministro.

El resultado es digno de García Márquez, el autor de El general en su laberinto. El realismo mágico, dice la definición de enciclopedia, “intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común”. Resumamos el laberinto de los generales: existe evidencia de corrupción sistemática en los altos mandos del Ejército. Pero la justicia civil no puede investigar esa malversación, porque no tiene competencia. Y la justicia militar tampoco, porque sus normas son inconstitucionales.

Y todo este entramado de impunidad es perfectamente legal. Ni en Macondo se atrevieron a tanto.