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Los diputados Tomás Hirsch (AH), Rodrigo González (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gonzalo Winter (CS), Maya Fernández (PS), Carmen Hertz (PC), Jorge Brito (RD), y Gabriel Ascencio (DC) presentaron un proyecto de ley que busca regular el uso de los bienes y terrenos considerados Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), que fueron cedidos por el Estado de manera gratuíta a los servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de modificar las disposiciones legales y responsabilidades que recaen por la mala utilización de los bienes inmuebles.

Como contexto, la iniciativa de Hirsch y González nace a raíz de dos hechos: el primero tiene que ver con el intento de venta por más de 25 mil millones de pesos de un terreno de 6,8 hectáreas aledaño al Hospital Militar de Santiago, controlado por el Ejército y que se encuentra en la condición de sitio eriazo de hace más de 30 años; el segundo es respecto otra licitación de un terreno de 17 mil metros cuadrados en el sector sur de Antofagasta, también en condición de sitio eriazo, por un monto de $ 8.870 millones de pesos. Ambos inmuebles fueron cedidos gratuitamente por el Estado al Ejército.

Según consta en el documento, la iniciativa busca modificar las leyes 18.712, 18.713 y 18.714 en materia de destinación y enajenación de bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), administrados por los servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, con el fin de “poner término a la subutilización de terrenos, a la disposición de éstos por parte de los Jefes de Servicios de Bienestar y al régimen excepcional de enajenación de dichos inmuebles”. Con esto, se pretende velar por el buen uso de terrenos que fueron cedidos gratuitamente para fines específicos de dichas instituciones y no para su venta.

Al respecto, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), expresó que “todos sabemos que en Chile hay una carencia de viviendas sociales y, al mismo tiempo, hay miles de hectáreas que están en manos de las FF.AA. y que no son utilizadas. Hay situaciones que merecen ser investigadas como lo que pasa en La Reina, donde se intentó licitar un terreno en 25 mil millones de pesos que había sido cedido por el Estado de manera gratuíta, transformándolo en un negocio para el propio Ejército, aún cuando existen necesidades de vivienda en la comuna. Este tipo de situaciones se repite en todo el país”.

Por su parte, el diputado del PPD, Rodrigo González aseguró que urge una nueva regulación para evitar el mal uso y abuso que se está dando a terrenos fiscales “son miles de predios que suman cifras cuantiosas de patrimonio que pertenecen al Estado y que hoy día están sub utilizados en la función que debieran cumplir como viviendas sociales, deportes, recreación y estar al servicio de todos los chilenos, eso no está ocurriendo y por eso se necesita una nueva regulación. Hay fortunas de operación comercial que han pasado a manos de las Fuerzas Armadas para su propio destino. Queremos que estos terrenos queden a disposición para ser desafectados por el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales, que se haga un catastro completo y que sean conocidos públicamente. Hay escándalos que estos terrenos han sido destinados a fines privados y no fines públicos y eso debe terminar”.

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, valoró la presentación del proyecto porque «es importante poder aclarar qué es lo que está pasando hoy día con los terrenos que tiene las Fuerzas Armadas. Esta no es una atribución en la cual no pueda ser fiscalizado además por el Congreso Nacional, como por la Contraloría General de la República, por lo tanto hoy día lo que queremos hacer es aclarar toda esta situación a través de este proyecto de ley que esperamos que se tramite o en la Comisión de Vivienda o en la Comisión de Defensa, pero con la celeridad que corresponde para aclarar, porque son miles de millones de pesos que están en juego a través de estos terrenos que hoy día tienen las Fuerzas Armadas».

A su vez, la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, comentó que “es necesario y urgente que podamos con regular lo que pasa con los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio fiscal. En tiempos donde la sociedad nos pide más control respecto a los actos de las Fuerzas Armadas y policías un proyecto como este contribuye a aquello. Además, la falta de espacios y lugares para las comunidades es una problemática latente y creemos oportuno que estos bienes inmuebles puedan tener otra utilidad, como espacios de desarrollo o incluso para construcción de viviendas”.

Finalmente, la iniciativa, nacida a raíz de las licitaciones del Ejército y de una propuesta de la Fundación “Defendamos la Ciudad”, presidida por Patricio Herman, valoró que un trabajo de meses de investigación se materializara en el presente proyecto de ley y llamó a su pronta tramitación: “es indispensable que se apruebe rápido esta ley para regularizar el asunto de los inmuebles fiscales que el Estado les ha donado a las ramas de las FFAA pues por muchos años se han ofrecido en el mercado inmobiliario sin injerencia alguna del ministerio de Bienes Nacionales. Ha llegado la hora del imperio de la ley, de ponernos a la altura de los países del primer mundo, y estoy seguro que ningún parlamentario se opondrá a su aprobación”.