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En La Fontana publicamos declaración pública de la DC, pues su Consejo Nacional reunido para analizar el proceso constitucional en curso manifiesta lo siguiente:

1. La Democracia Cristiana siempre ha postulado la necesidad de contar con una Constitución legítima en la que todas y todos nos podamos sentir representados y que esté basada en el bien común del país. De esa forma, incluso en plena dictadura postulamos las bases de una nueva Constitución alternativa al proyecto que dio origen a la Constitución de 1980. Chile no puede volver a perder la oportunidad de tener una Constitución nacida en democracia y que nos dé un marco común para responder a las demandas ciudadanas de los y las más vulnerables.

2. Reafirmamos la necesidad de tener un nuevo pacto constitucional. Una Constitución Política debe ser un elemento de unidad. La Constitución debe ser una Casa Común en la que podamos reunirnos todos aquellos que, siendo diferentes y pensando distinto sobre tantas cosas, compartimos, sin embargo, un mismo amor por nuestra Patria.

3. La Constitución Política chilena vigente, pese al conjunto numerosísimo de reformas de la cual ha sido objeto desde el retorno a la democracia, no ha logrado, sin embargo, llegar a constituirse en un instrumento que cumpla suficientemente con la descrita función unificadora.

4. Los Demócrata Cristianos pensamos que el pacto constitucional debe considerar, en simultáneo, las siguientes cuatro finalidades: organizar y limitar el poder estatal, garantizar efectivamente los derechos de las personas y las comunidades, asegurar instituciones políticas representativas, responsivas y responsables, y, por ende, más legitimadas y abrir cauces eficaces a la participación política del Pueblo. La Nueva Constitución debe equilibrar armónicamente los cuatro propósitos descritos.

5. El Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano reafirma, en la línea de lo planteado por nuestro Presidente Nacional Alberto Undurraga y nuestras expertas Alejandra Krauss y Paz Anastasiadis, que somos de la opinión de que el texto actual no es aprobable, porque retrocede en derechos para las mujeres, para niños, niñas, adolescentes, pensionados y para los trabajadores.

6. Observamos con preocupación que las enmiendas presentadas por el Partido Republicano ponen en riesgo el objetivo de tener un sistema de seguridad social garantizado. No es aceptable las limitaciones introducidas a la propuesta de lograr que Chile sea un Estado Social y Democrático de Derechos y, al contrario, seguir pretendiendo mercantilizar la educación, salud, vivienda y seguridad social. No podemos aceptar la restricción de la negociación colectiva sólo al ámbito de la empresa, obviando el acuerdo logrado en la Comisión Experta, que la consagraba como un derecho fundamental. Respecto a los derechos de la mujer se pretende consagrar un grave retroceso que no sólo pone en riesgo la ley de aborto en tres causales, sino que se consagra “el derecho” de las instituciones a la objeción de conciencia. Se constitucionaliza el actual sistema previsional obviando el amplio acuerdo sobre la seguridad social alcanzado por la Comisión Experta, donde se buscó ampliar el espacio moral y legal para la justicia social. Se daña gravemente a los municipios más pobres y vulnerables al eliminar la contribución o impuestos territorial a la primera vivienda, lo que reducirá en más de un 50% el Fondo Común Municipal. Otro hecho grave se relaciona con permitir que los condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan sus condenas en sus hogares.

7. El proceso constitucional avanza en medio de penumbras. La mayoría circunstancial del Partido Republicano no está pensando en el bien común del país y, solo intentan, tal como lo intentaron otros en el fallido proceso anterior, imponer su sello particular. Una Constitución no es el lugar para intentar imponer un programa político partidista o para defender intereses de un sector de la sociedad. Se equivocan quienes pretende definir unilateralmente los contornos en los que debería llevarse a cabo la vida institucional, política, social y cultural del país.

8. Tenemos el convencimiento, que el proceso aún en curso, todavía tiene posibilidades de ser corregido por el bien del país y es un imperativo hacer todos los esfuerzos para lograr un acuerdo que nos represente a todos y a todas, tal como se logró en la propuesta de la Comisión Experta.

9. Finalmente, la Democracia Cristiana reafirma que seguirá luchando por tener una Constitución nacida en democracia. No caben las actitudes obstruccionistas o los intentos identitarios partidistas. Llamamos a quienes integran el Consejo Constitucional y particularmente a quienes hoy tienen mayor responsabilidad, el Partido Republicano, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional a actuar con mesura, abrirse a escuchar y buscar amplios acuerdos que permitan un verdadero pacto constitucional.