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Según  DiarioUChile.cl, distintas organizaciones ciudadanas cuestionaron las resolución del Comité de Ministros que respaldó los proyectos Los Bronces y Central Alto Maipo, los que apuntarían a «dar tranquilidad a los inversionistas», pese a los impactos ambientales.

Tercera marcha nacional por la recuperacion del agua y la vida en Valparaiso, convocada por las organizaciones que forman parte del Movimiento por la Recuperacion y Defensa del Agua y la Vida , a la que asistieron dirigentes de la Confederacion de Estudiantes de Chile (CONFECH), Asociacion Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y distintas organizaciones ambientales nacionales y regionales.

No fue ninguna sorpresa para una parte importante de las organizaciones ciudadanas y medioambientales que el Comité de Ministros haya respaldado el 25 de noviembre pasado la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto de desarrollo Los Bronces de Anglo American Sur y central Alto Maipo. Esto, pese a la oposición de las comunidades.

Las distintas organizaciones expresaron su malestar por lo que califican la continuidad de las políticas medioambientales implementadas durante gobiernos anteriores y que, lejos de abandonar posiciones mercantilistas y ser coherente con el llamado “gobierno ecologista”, se consolidaría la mirada que privilegia el extractivismo y que disfraza el discurso detrás de una aparente sustentabilidad.

En el caso del proyecto Los Bronces Integrados de la minera Anglo American Sur, las distintas organizaciones ambientales habían solicitado al Comité de Ministros que mantuvieran el rechazo a esta iniciativa porque va contra la protección del medioambiente, en medio de la grave crisis climática, hídrica y ecológica que enfrenta el país y el planeta.

“La afectación de salud de la población por la emisión de material particulado es razón suficiente para rechazar un proyecto que hace daño, siendo este el argumento central para rechazar el proyecto en el año 2022. El proyecto implicaría un aumento de la contaminación de la región que ya había sido declarada saturada”, señala la declaración de una decena de organizaciones ciudadanas.

Además, sostienen que la empresa no pudo descartar el impacto sobre los ecosistemas glaciares que son imprescindibles reservas de agua dulce y por otro lado, evalúa deficientemente los impactos que éste produciría a los vecinos de la ruta G 21 y no se hace cargo del aumento del riesgo en sistemas de vida y costumbres. Sin embargo, los ministros dieron luz verde al proyecto.

Megaproyectos extractivistas

Para el profesor de Ecología Política y dirigente de la organización Viento Sur, Eduardo Giesen, “estas decisiones del Comité de Ministros son lamentables tanto si se les evalúa por separado o en conjunto. Son una expresión de una línea editorial del Gobierno en materia ambiental. En ambos casos se trata de megaproyectos extractivistas fuertemente resistidos por las comunidades y organizaciones sociales por los impactos que van a generar en los respectivos territorios y porque profundiza la tendencia de un modelo injusto y depredador”.

Es precisamente en esta instancia superior, afirmó el dirigente, donde “se expresa la voluntad política del gobierno de turno por definir orientaciones y líneas rojas en materia de inversión con potencial impacto ambiental y estas decisiones, independiente de los tecnicismos que se usen para justificarlos, van en el sentido de dar tranquilidad a los sectores económicos extractivistas, en este caso la generación eléctrica y la gran minería, en cuanto a la continuidad de las promociones de inversiones y los criterios políticos para su evaluación y que no será la integridad ecosistémica, ni el bienestar de las comunidades los factores que detendrán estos megaproyectos”.

El dirigente reconoció que si bien en otro gobierno habría sido mucho peor, desde la organización que representa “no nos hemos hecho mayores expectativas de este gobierno en base al apellido de ecologista o a la nominación de una autoridad con cierta trayectoria”.

Giesen precisó que el desempeño ambiental de un gobierno está obviamente asociado al modelo económico que se asuma y que si de nombramiento se trata, “es más relevante la trayectoria y perfil de políticas públicas que impulsen las autoridades sectoriales en materia clave para la sustentabilidad ambiental”.

Por ello, afirmó que en este gobierno los nombramientos y políticas en la cartera de Hacienda, Energía, Minería, Transporte y otras, “no han dado señales que puedan ser percibidas como un cambio en el modelo económico que orienta las inversiones. Por el contrario, salvo algunos casos puntuales por ejemplo en materia de regulación de pesticidas, lo que se aprecia en algunos casos es que es muy esperable la continuidad del modelo neoliberal extractivista, obsesionado con el crecimiento como indicador de bienestar social y económico”.

Continuidad en políticas medioambientales

Con esta opinión coincide en gran parte la ex convencional, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorio y de la Coordinadora de los Movimientos Sociales, Camila Zárate,

La dirigenta condenó la resolución del Comité de Ministros porque se trata de dos proyectos que afectan a la principal cuenca de la Región Metropolitana lo que podría influir en el abastecimiento de agua para la población, lo que evidencia que no se están poniendo las prioridades donde corresponde, como es el derecho humano al vital elemento, el derecho de los ecosistemas y mantener el flujo de los ríos.

“Estamos frente a un gobierno que cede a los grandes grupos empresariales que quieren aprobar proyectos lo más rápido posible y vemos un discurso asociado a una reactivación económica que sólo mira una forma de hacer economía, profundamente extractivista, y no vemos un cambio en el sistema económico y de buscar otras formas de producción, distribución y consumo, sino más bien continuidad”, indicó Zárate.

La ex convencional indicó que el Comité de Ministros tenía todos los antecedentes técnicos, además de la oposición ciudadana a los dos proyectos por las afectaciones previas para actuar de una manera distinta a lo que hizo, incluso a lo que el propio Gobierno estaba promoviendo durante su campaña electoral, que era “una política económica en armonía con la naturaleza”.

Por ello, Zárate indicó que es “una pésima señal de continuidad. Hemos visto otro tipo de señales en otra línea, como la regulación del uso de plaguicidas, pero este tipo de señales es muy peligrosa y también vemos una promoción importante de falsas soluciones, que son soluciones a la crisis climática que terminan profundizando el problema. Estamos viendo situaciones en particular como el Hidrógeno Verde y las afectaciones ambientales que podría traer”.

En ese sentido, puntualizó que en términos generales lo que demuestra el Gobierno es que “hay una línea de continuidad y no una agenda de transformaciones o de lo que ellos llaman de transición justa, que es un proceso de transitar hacia una forma distinta de hacer economía, más justa con las comunidades y la naturaleza”.

Sin embargo, dado este escenario adverso, la dirigenta ecologista cree que “aún estamos a tiempo para que ellos puedan enmendar y ver si esa es la política que van a llevar hasta el final”.

“Nuestro llamado es a que nos escuchen a las comunidades y organizaciones socioambientales que hemos estado viendo estos problemas y denunciando hace mucho tiempo esta situación. Entendemos bien cuáles son las soluciones y alternativas que se dan desde los territorios para los distintos problemas y que escuchen solamente a un sector que está muy ligado a los grandes grupos empresariales, eso no significa que no tengan que escucharlo”, precisó Zárate.

Daños irreversibles

Sin duda que los discursos alejados de acciones concretas generan malestar entre las organizaciones ciudadanas que esperaban que en este gobierno, la participación y la voz del mundo social sería considerada a la hora de definir políticas medioambientales.

Por ello, la ex convencional, integrante de la organización ambientalista Modatima, Manuela Royo, afirmó que existe decepción por la decisión del Comité de Ministros, ya que los proyectos en cuestión están relacionados con las cuencas de los ríos y por tanto, de todo el recurso hídrico de la Región Metropolitana que ya se encuentra mermado por la escasez de productos, del cambio climático y por la gran cantidad del vital elemento que consumen los proyectos Los Bronces de Angloamerican, y que llevan años enfrentándose a las comunidades por los daños irreversibles que generan estas iniciativas.

“Nosotros esperábamos mucho más de este gobierno, creemos que no podemos quedarnos sólo en promesas de ser un gobierno ecológico, sino que se necesitan acciones concretas y reales y en ese camino creo que las decisiones respecto a estos proyectos de inversión son bastante preocupantes como señales del Gobierno”, reconoció la ex convencional.

La dirigenta ambientalista agregó que como organizaciones ciudadanas están trabajando y proponiendo nuevas iniciativas para poder establecer vínculos y tener nuevas formas con el entorno natural en el contexto del grave cambio climático que vive el mundo. En ese sentido, indicó que “no podemos seguir sosteniendo las mismas prácticas de siempre, no podemos dejar que las empresas actúen sin ningún grado de regulación y no podemos tampoco seguir permitiendo que bienes tan esenciales como el agua sigan estando en manos de privados, sin ningún grado de regulación. Creemos que si bien se promulgó un nuevo Código de Aguas, éste no modifica el mercado del agua y tampoco el 90% de los derechos que se encuentran otorgados “

En esa línea indicó que “es necesario, ahora ya la implementación efectiva de los estándares del Acuerdo de Escazú, de la participación ciudadana y también del peso que día a día tienen que tener las organizaciones sociales y ambientales respecto a la crisis ambiental que vivimos”.

La dirigenta reconoció que como organizaciones ciudadanas tenían más expectativas en materia de descentralización y de participación de los movimientos ambientales en la toma de decisiones. Sin embargo, puntualizó, “mientras exista privatización del agua y un grave daño realizado por las empresas transnacionales, por las mineras en este caso, vamos a estar luchando y proponiendo otras formas de resolución de los conflictos energéticos ambientales, ya que creemos que la preservación de la naturaleza es esencial, sino van a seguir las mismas prácticas de los gobiernos de siempre”.