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Por Eduardo Saavedra 

Abogado. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos humanos, Universidad de Talca. 

El arrollador triunfo del ultraderechista Partido Republicano en las pasadas elecciones de consejeros constitucionales, celebradas el 7 de mayo, no fue para nada sorprendente. Responde al mismo desincentivo ciudadano, el «apagón constituyente», que se vio claramente reflejado en las encuestas de opinión pública, luego de la aplastante victoria del Rechazo a la propuesta de nueva Constitución en septiembre de 2022.

Es cierto que la opción Rechazo nunca perteneció exclusivamente a la derecha, no es menos cierto que la irritada impaciencia ciudadana frente a una urgente demanda de seguridad en sus barrios, acordonados por el crimen organizado, y alguna respuesta inmediata a la inseguridad económica y al desempleo, le ha impuesto el «voto castigo» al actual gobierno de Gabriel Boric.

Y en este sentido, la mayoría de la Convención Constitucional incurrió en la peor irresponsabilidad, al presentar una propuesta de nueva Constitución completamente ajena a esta nueva realidad. No haber acordado un texto que fuese «aprobable» para la mayoría ciudadana, fue, en efecto, el mayor daño que se le hizo a las propias demandas democráticas y de bienestar social que esos mismos convencionales pregonaron representar.

El ala más radical de la izquierda, que fue mayoritaria en la Convención, insistió en acomodarse en el victimismo de las identidades y el rasgamiento de vestiduras en contra de quienes no compartieran o se atrevieran a cuestionar su delirio de soberbia.

Y cuando después del triunfo del Rechazo, la clase política tomó las riendas y suscribió el Acuerdo por Chile, en diciembre pasado, ya era tarde: El cambio de Constitución había dejado de ser prioridad como eje articulador de esta crisis.

El denominado «estallido social» de 2019, provocado principalmente por una frustración de expectativas en la generación actual, dejó en evidencia la debilidad de la fuerza pública y de la autoridad estatal. Vulnerabilidad que se prestó para que la violencia del crimen organizado se «viralizara» en los barrios y en las calles. Mientras que la crisis del Covid-19 generó una severa desaceleración económica y, consecuentemente, un brusco aumento del desempleo, que hasta hoy no se supera.

En suma, se produjo una reconducción del malestar desde la frustración aspiracional a la extrema inseguridad; y quien mejor supo representarlo fue el radicalismo de derecha del Partido Republicano, que ha obtenido el poder de veto en el nuevo Consejo Constitucional.

Ahora bien, dado este nuevo escenario político y más allá del resultado (desastroso o no) que pueda emerger de este Consejo, la tarea más urgente para quienes no deseamos el país que quiere la ultraderecha es salir del victimismo y reivindicar la emancipación.

Porque una lección de esta doble derrota de la izquierda en el proceso constituyente ha sido, precisamente, que «el victimismo paraliza», como ha dicho el escritor colombiano Carlos Granés.

¿Cuánto tiempo no perdieron los convencionales en intensos pero estériles debates sobre «plurinacionalidad» o «pluralismo» jurídico, como leyes inquebrantables para satisfacer las expectativas de las diversas «víctimas identitarias», mientras la mayoría del país padecía los efectos de la inseguridad ciudadana, económica y sanitaria?

Cierto es que Chile y Latinoamérica están llenos de víctimas reales, como son las personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, exiliadas, relegadas o exoneradas por las dictaduras militares. Así como las minorías étnicas, sexuales y extranjeras, que han sido discriminadas, desplazadas y maltratadas, y quienes todavía sufren las fatales consecuencias de la infame represión policial del último tercio de 2019.

Sin embargo, como advierte Granés, la reparación (moralmente encomiable) y la memoria (políticamente interesante) deben incluir la emancipación. Porque el anquilosamiento se produce justamente cuando no intentamos liberarnos del peso del pasado, del dolor y el resentimiento, y nos detenemos en el tiempo para no olvidar la dolencia y el atropello.

Es por ello por lo que apelo al sacrificio, entendido como esfuerzo mancomunado por abrazar el futuro sin petrificarnos en el pasado. Porque de lo que se trata es de volcar nuestra mirada hacia el otro a través de una conciencia histórica con proyección futura.

La historia de Chile del siglo XX nos aporta la experiencia política de una clase media organizada, que luchó incesantemente por dejar de ser víctima, forjando sus espacios de participación, tanto en el poder político como en la esfera económica y cultural del poder, teniendo como eje el bienestar de sus hijos por quienes se sacrificaba, para no seguir siendo lo mismo toda la vida.

Los avatares de nuestra organización social mesocrática son un valioso testimonio del pasado para reorientar nuestros anhelos presentes hacia una emancipación futura; y recogiendo las lecciones de esa experiencia, podamos cumplir, tal vez en otro tiempo, la promesa liberadora de un auténtico proceso constituyente y democratizador para el pueblo de Chile.