Por Leonel Sánchez Jorquera
Ya se inició el proceso constituyente en Chile, basta ver las diversas expresiones de una ciudadanía movilizada para comprender que esta crisis tiene un sustrato de fondo, que ya no se puede sostener en un ordenamiento jurídico constitucional deslegitimado.
La actual crisis no obedece solamente a un conjunto de demandas sociales que no fueron satisfechas.
Estamos en la presencia de una crisis del sistema político, de un agotamiento del modelo de desarrollo, de un cuestionamiento de las formas en que nos organizamos como sociedad, principalmente con una profunda crítica y rabia a la fuerte asimetría del poder en todos los ámbitos.
Es conveniente tener claro que el poder constituyente, esta soberanía originaria que manifiesta una voluntad política de crear un estado de cosas, parte de un poder originario cuyo titular es el pueblo o comunidad.
Las manifestaciones y protestas desarrolladas en Chile dicen relación con el ejercicio del poder constituyente originario. Debemos comprender que las personas no protestamos contra un alza de pasajes, ni exigimos un cambio de gabinete.
Estamos protestando contra un sistema que abusa y explota, y lo hace de forma institucionalizada. Por tal sentido, este estallido social tiene características de desobediencia civil que pretende atacar a un sistema del cual se perdió toda fidelidad y lazo afectivo.
La desobediencia civil surge, entre otras razones, cuando un significativo número de ciudadanos y ciudadanas ha llegado a convencerse de que ya no funcionan los canales normales de cambio y, por lo tanto, sus quejas no serán oídas. (Arendt, 2013).
En otras palabras, el pacto social se rompe porque una de las partes no lo cumplió, al establecer un sistema injusto y abusivo, que en palabras de otros autores “de ningún modo puede justificarse la sumisión del 99% de la humanidad al 1% restante compuesto por los individuos y empresas que dominan el poder político-económico” (Costa Matos y de Sá Souza, 2017: 18).
Es deber de las diversas instituciones de la República tomar nota de este movimiento constituyente y lograr que tenga un cauce institucional en un sistema democrático.
Debemos tener siempre presente que el lenguaje constitucional es de los ciudadanos y ciudadanas y no de expertos o juristas (Atria, 2013), es así como el debate de las instituciones de la República no debe centrarse en los aspectos técnicos sino políticos del momento constituyente que estamos viviendo.
De lo contrario el movimiento del poder constituyente originario seguirá su curso, cual río que se abre paso en el devenir histórico, y más temprano que tarde llegará al mar, para transformarse en un nuevo ordenamiento jurídico que regula la vida de la nación.
En tal sentido, una de las propuestas pacíficas, democráticas, institucionales y ordenadas de salida de la actual crisis es una Asamblea Constituyente que redacte y defina una Nueva Constitución, que tiene que ser posteriormente plebiscitada por toda la ciudadanía.
Por lo tanto, el debate debe centrarse en cómo y cuándo organizamos la Asamblea Constituyente, cómo recoge el sentido paritario en la igualdad de género, la incorporación de los pueblos originarios, las diversas minorías que conforman la mayoría del país, la cantidad de miembros, cómo se escucha e incorporan las propuestas de los que no estén sentados en dicha Asamblea… En fin, cómo le damos cauce institucional.
Los distintos actores políticos, o por lo menos una gran mayoría, deben tomar una decisión histórica: asumen la oportunidad en estos momentos o serán sobrepasados por el proceso histórico.