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Luego del fin de la alerta sanitaria, más de seis mil funcionarios a honorarios que fueron integrados para reforzar los servicios durante la pandemia serán desvinculados, lo que fue calificado como “una decisión inexplicable y que puede generar graves efectos en la atención de salud pública” por los senadores Iván Flores (DC) y Juan Luis Castro (PS).

Ambos parlamentarios señalaron que “atendiendo a las demandas existentes, especialmente en listas de espera, este personal debe seguir en funciones, de lo contrario, veremos un colapso”.

Por ese motivo, las autoridades solicitaron una sesión especial en el Senado y pidieron citar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la titular de Salud, Ximena Aguilera, para debatir sobre “la urgencia de la prórroga de estos contratos”.

Al respecto, el senador Iván Flores señaló que “no se entienden algunas decisiones que toma el gobierno y, por lo tanto, es muy difícil acompañarlo en lo que han resuelto. Lo advertimos, lo solicitamos, lo tratamos en reuniones especiales en la Comisión de Salud del Senado y el Gobierno no escuchó. El Ministerio de Salud asistió, el de Hacienda nunca se asomó siquiera a enterarse de lo que nosotros estábamos advirtiendo que podía ocurrir”.

“Las listas de espera siguen creciendo, las quirúrgicas, las de atenciones de especialistas y hoy día acaban de recibir algunos directores de servicio a lo largo de todo el país la notificación de la primera ola de despido y esto es en Servicios de Salud de Arica a Magallanes”, lamentó el senador.

Además, Flores recalcó que “en diciembre viene una segunda ola, entonces no se entiende cuando la ciudadanía dice primero seguridad, segundo salud, tercero la cuestión económica y después previsión social. ¿Cómo van a contener las listas de espera? ¿Cómo van a poder resolver la disponibilidad de camas? No se entiende y no lo aceptamos, por lo tanto, estamos advirtiendo que vamos a tener aquí ahora públicamente un problemazo”.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro precisó que “la alerta sanitaria que acaba de concluir tiene un lado B, que lamentablemente va a significar más de seis mil personas, mujeres, que trabajan en el mundo de la salud: enfermeras, técnicos paramédicos, kinesiólogos, gente que está en la UCI, en un pabellón, gente que ya no estaba en COVID, porque ese fue el motivo inicial, pero en la práctica asumieron labores permanentes”.

“¿Acaso al sector salud le sobra gente? ¿No es posible mantener en esas pegas, tan necesarias hoy día, a esas personas, sin detrimento de lo que pueda ocurrir? Yo creo que esta definición de Hacienda tiene que ser revisada”, cuestionó Castro.

En esa línea, el parlamentario afirmó que “la Comisión de Salud del Senado, que yo presido, no ha aceptado ni va a aceptar que se siga echando gente del mundo de la salud pública, donde hay listas de espera, donde hay necesidades y donde nadie se puede dar el lujo de sacar gente del sistema para disminuir la cobertura de atención. Si eso vale 50 mil millones de pesos o lo que sea, tiene que haber una fórmula de resolver. Eso es lo que estamos invocando a La Moneda y al Ministerio de Hacienda, porque más daño a la ya deteriorada crisis de la salud pública no se puede infringir de esta manera”.