Socialismo Democrático

Durante la tarde de este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra en una reunión con casi todos los timoneles de partidos de oficialismo y oposición, para definir juntos el camino de un nuevo proceso constituyente.

En este contexto, los senadores del Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS), que forman la coalición de Socialismo Democrático, sostuvieron más temprano una reunión para zanjar su propuesta sobre la continuidad del proceso constituyente.

De acuerdo a lo consignado por diario La Tercera, la propuesta detalla que tanto el PS como el PPD, concuerdan en «la necesidad de un rápido acuerdo en el Congreso para convocar una nueva Convención Constitucional y que el Socialismo Democrático exponga al país los contenidos de su propuesta para la nueva Constitución, recogiendo las históricas reivindicaciones democráticas y de derechos sociales que hemos defendido y las que hicimos en el curso de este proceso».

«El Socialismo Democrático, que forma parte del Apruebo derrotado, tiene que explicitar su autocrítica de no haber logrado sobreponerse ni superar los errores que llevaron a este fracaso», subrayan en el texto emanado por la coalición.

Agregando que tendrán «que poner el énfasis en lo que viene, establecer nítidamente su posición y retomar el diálogo con aquella parte de la centroizquierda que se inclinó por el Rechazo. Hay que invitarlos a la reflexión del que hacer y hacerlos parte del diseño».

«A nuestro juicio, el Congreso debe abocarse inmediatamente a la definición de una nueva Convención Constitucional, validando la decisión del plebiscito de 2020. Ello reduce la incertidumbre y da un cauce rápido al proceso constituyente. En cambio, si se plantea la idea de un nuevo plebiscito de entrada se retrasa todo el proceso”, exponen también.

El documento continúa explicitando que «la sola discusión de cuáles son las alternativas a consultar puede dilatarse, exige un plazo para organizar y realizar tal plebiscito de entrada y, luego, eventualmente daría lugar a otra elección de una Convención. Ello podría postergar el inicio del nuevo debate hasta marzo de 2023».

Socialismo Democrático enfatiza en que «el país necesita resoluciones rápidas. Es necesario reducir la incertidumbre constitucional, esto es, despejar el procedimiento, dar una señal de estabilidad y fijar un plazo relativamente breve para su resolución».

DIEZ CRITERIOS

En esta línea, los congresistas plantean diez criterios que, a su juicio, deben aplicarse en este nuevo proceso constituyente.

En primer lugar, proponen desechar el plebiscito de entrada y que el Congreso se aboque de lleno a definir el mecanismo y el plazo de este nuevo órgano.

«La Convención Constitucional debe ser 100% electa, en una nueva elección a realizarse en noviembre, de modo que ella se pueda instalar en enero de 2023. Esta elección de la nueva Convención deberá realizarse con el mismo padrón del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y con voto obligatorio», externan.

Asimismo, detallan que el reglamento del órgano debe ser el que rige en el Congreso y que “la nueva Convención debe trabajar sobre la base de la deliberación de los procesos impulsados por la Presidenta Bachelet en 2016, la recepción de propuestas de la Convención y el texto de la propuesta de la Convención, de modo que la nueva Convención entre directamente al debate normativo”.

Respecto al plazo, proponen «un máximo de 6 meses y que su propuesta sea sometida a un plebiscito de salida, a celebrarse un mes después. Ello permite que cuando se conmemoren los 50 años del Golpe, en septiembre de 2023, tengamos una nueva Constitución democrática, que simbólicamente exprese el cierre de ese ciclo».

Sobre el quórum para la aprobación de normas, indican que «debe ser la de los 4/7 recientemente aprobada o el de 3/5. Ello que permite preservar una amplia mayoría para sus normas y evitar el bloqueo de minorías, como quedó en evidencia en la Convención».

ELECCIÓN DE CONVENCIONALES

La coalición oficialista añadió también que el órgano debería estar compuesto por 100 convencionales, a los que se sumen escaños supranumerarios de los pueblos originarios, los que se definirían “por los electores que participen en la elección de representantes indígenas, de acuerdo a la proporción de votación respecto de la elección de las listas nacionales”.

Además, sobre la elección de los integrantes del organismo, proponen que estos se escojan mediante listas de partidos o pacto de partidos actualmente vigentes, con la inclusión de independientes en las listas, pues esto facilitaría «la inclusión de expertos que no tienen experiencia como candidatos».

Las listas, agregaron, deben ser paritarias y «constituidas por candidatos de al menos 10 regiones y ninguna región puede estar representada por más de un 35% de una sola región. Ello evita la sobre representación de la RM y le permite formar listas nacionales a partidos más ‘chicos'».

Por otro lado, acordaron mantener los criterios de borde definidos en la reforma constitucional de 2019, es decir, «aquellos criterios que la nueva Constitución debe respetar (República, vigencia de los tratados internacionales, etc.)».

El documento, también propone la conformación de una comisión de 35 expertos «elegida en forma proporcional a sus mayorías, para que sea la única instancia de asesoría técnica de apoyo a su trabajo y que acompañe el proceso para una correcta redacción jurídico-constitucional del proceso».

«La reforma constitucional que habilite el proceso debe articularse en el Congreso en la misma semana del 5 de septiembre, en un diálogo directo con el Ejecutivo, la Asociación de Municipalidades y actores de la sociedad civil, y tramitarse antes del 18 de septiembre, para que el país tenga un acuerdo y un cronograma que le otorgue certeza y tranquilidad», cierra el texto.