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Rechazo

Justicia acoge a trámite querella contra carabineros que escoltaron a Caravana por el Rechazo

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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, resolvió admitir a trámite la querella presentada por el abogado, Luis Mariano Rendón, en contra de los funcionarios de carabineros que no procedieron a detener a miembros de una caravana por el Rechazo, realizada en plena pandemia, el sábado recién pasado. “Existe material que acredita que funcionarios policiales esperaron que los manifestantes se organizaran, frente a la Iglesia de Carabineros, para luego escoltarlos en su recorrido por el centro de Santiago”, indicó Rendón.

Además, “con los antecedentes entregados a la Justicia se acreditará que el teniente coronel, Cesar Tapia, quien con posterioridad a los hechos hizo declaraciones a la prensa, no dijo la verdad en cuanto a lo sucedido. Por lo tanto Tapia, podría tener responsabilidad penal», explicó el abogado en ElClarin.cl.

Al mismo tiempo, fustigó la conducta de Carabineros y la calificó “como sumamente grave, pues demuestra- una vez más- que es una institución parcial en términos políticos y por ende no da garantía al país.”

“Carabineros ha violado sistemáticamente los derechos humanos en la represión a otro sector de chilenos”.

Rendón manifestó que el contexto del próximo plebiscito, “donde Chile decidirá su destino constitucional; esta policía es un peligro para la paz.”

En este contexto, afirmó que es el gobierno el responsable último del accionar de carabineros y que éste “no ha sido capaz de disciplinar a la policía en su rol profesional.”

“Esperamos que estas acciones judiciales sirvan para que los Tribunales – en ausencia del Gobierno disciplinen a la policía que comete delitos, concluyó.

Por darle chipe libre a “caravana por el rechazo”: Presentan acción penal contra carabineros

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El abogado Luis Mariano Rendón interpuso una acción penal en contra de personal de Carabineros, por no haber procedido a detener a los integrantes de la caravana por el “Rechazo” realizada en plena cuarentena, el sábado recién pasado. El recurso judicial quedó incoado en el Séptimo Juzgado de Garantía, informa ElClarin.cl.

“Los carabineros involucrados incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes militares pues no procedieron a detener a los manifestantes, en circunstancias que éstos se encontraban violando flagrantemente la normativa sobre cuarentena y por ende cometiendo el delito consagrado en el artículo 318 del Código Penal”, argumentó Rendón.

El abogado explicó que los participantes cometieron el delito de falso testimonio, ya que habían obtenido permisos para otros fines, en circunstancias que previamente estaban concertados para realizar una manifestación política

Respecto de la excusa dada por Carabineros para no proceder a la detención de los integrantes de la citada caravana, en atención a que portarían permisos temporales, Rendón expresó que “esa excusa resulta impresentable, ya que no existe ningún permiso para realizar manifestaciones”.

“El doble estándar demostrado por Carabineros en este y en otros casos similares, como cuando escoltó a una marcha de grupos armados del «Rechazo• resulta extremadamente irritante. Con ello demuestra que sigue siendo una policía politizada, formada en el culto a la dictadura y que sigue alineándose con todo lo que huela a pinochetismo”.

Para el abogado Rendón, la policía uniformada tiene una actitud complaciente y cómplice con un sector político y esto constituye “una provocación a otra parte de Chile”. Esa actitud contrasta con la brutalidad que se reprimen las manifestaciones de otros sectores y es una siembra de violencias futuras”.

Enfrentamos una época muy promisoria con el proceso constituyente, pero también delicada. Esperamos que los tribunales apliquen las sanciones correspondientes para que Carabineros entienda que no puede seguir siendo parte del problema, añadió

El Juzgado de Garantía debe decidir ahora si asume directamente competencia para conocer de la acción interpuesta o la deriva al Juzgado Militar para perseguir la responsabilidad de Carabineros, sin perjuicio de derivar también los antecedentes a Fiscalía para investigar a los particulares.

Heraldo Muñoz, presidente del PPD: «La campaña rechazar para reformar es un engaño»

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Hasta la sede nacional del PPD llegaron esta mañana los presidentes del PS, Álvaro Elizalde, y del PR, Carlos Maldonado, para reunirse con el anfitrión Heraldo Muñoz, en un nuevo encuentro de la coordinación política Convergencia Progresista, donde los tres partidos analizaron, con los encargados de la franja y los secretarios generales, la campaña por el plebiscito.

En la ocasión, el ex canciller dijo que en campaña en ferias y puerta a puerta la reacción de la gente ha sido muy positiva, pero “reconocemos que hay desconocimiento de este gran desafío del 26 de abril. Por ejemplo, no se sabe que son dos papeletes”.

Sobre lo mismo, insistió en que “no existe ese engaño que algunos están promoviendo desde la derecha, que se puede Rechazar para Reformar. Ese es un engaño, es una alternativa imaginaria, porque en la papeleta solo habrá el Apruebo o el Rechazo, y si se rechaza, nos vamos quedar con la Constitución hecha en dictadura. Esa es la verdad”.

“Quienes hoy día llaman a Rechazar para Reformar nunca han estado de acuerdo en cambiar esta Constitución por voluntad propia, y eso es lo que estamos escuchando en las radios y en las redes sociales, y por tanto es necesario seguir informando a la población”, agregó Heraldo Muñoz.

El timonel PPD recalcó que “esta es una oportunidad histórica para Chile. Nunca, en más de 200 años de democracia, las chilenas y chilenos tendrán la oportunidad como la del 26 de abril, de elegir una Nueva Constitución, con una Convención Constitucional o Asamblea Constituyente”.

Pinochetistas, ABC1 y fanáticos de las armas: El perfil de los formalizados del caso AK-47

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Según publica BiobioChile.cl, un matrimonio penquista y un padre con su hijo figuran involucrados en el caso de la venta ilegal del fúsil AK-47 y municiones, que ha conmocionado a la opinión pública en los últimos días. Todos residentes en el barrio alto de Santiago y simpatizantes de derecha.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a cinco personas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones (Ley 17.798 de Control de Armas) en el llamado caso AK-47.

Se trata de tres hombres y dos mujeres, todos residentes del barrio alto de Santiago y, de acuerdo a lo que se pudo recabar, según fuentes internas de la investigación, los cinco serían simpatizantes de derecha.

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Para salvaguardar los resultados de la investigación, la justicia determinó mantener los antecedentes del caso en secreto, incluido los nombres de los imputados en la causa.

El hombre de iniciales JJVM fue el único que quedó preso. En tanto, para EMGM se ordenó arresto domiciliario, mientras que a CSVM se aplicó firma y arraigo nacional. Asimismo, las dos mujeres acusadas, CLUS y VABP, recibieron arresto domiciliario nocturno.

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La indagación se originó hace pocas semanas cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI tomó conocimiento sobre la venta de un fusil AK-47 ruso, con un cargador de 36 balas, por un millón y medio de pesos.

Esto, gracias a escuchas telefónicas -que reveló en exclusiva Radio Bío Bío- donde se pudo constatar la participación de dos involucrados: “Matías”, quien mantenía una deuda en dinero con “Joaquín”, quien sería el sujeto que quedó en prisión preventiva.

Es en ese contexto de la conversación donde apareció popular el fusil de asalto. Un arma de guerra.

Familia penquista
De acuerdo a los antecedentes que recopiló BioBioChile, una de las mujeres detenidas, la correspondiente a las iniciales VABP, tiene 40 años, es hija y hermana de conocidos médicos de Concepción y está casada desde 2003 con un sujeto que también estaría implicado en el caso, de quien se desconoce el paradero y cuyo origen también está ligado estrechamente a la capital penquista, aunque ambos se trasladaron desde Concepción a Santiago hace aproximadamente cinco años.

Este último implicado, en su perfil de Facebook aparece con un rifle emulando el instante en que activa el gatillo, dejando en evidencia su gusto por las armas. Sus iniciales son MAUV y en las escuchas telefónicas sería “Matías”, comprador del arma automática.

En concreto, la mujer fue detenida el lunes en la mañana en su casa en La Dehesa y, según lo que describe una fuente cercana al caso, junto con la detención, la Policía de Investigaciones (PDI) registró la vivienda y se llevó algunos elementos determinantes para la investigación del caso.

Finalmente, tras la formalización de ayer, quedó con arresto domiciliario nocturno.

Padre e hijo

El único de la lista de imputados que quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, JJVM (41 años), quien sería “Joaquín” en los audios publicados por BBCL, tiene residencia en Apoquindo, en Santiago. Es piloto y fanático de las motos, aviones y tiene una playlist, en su cuenta de Youtube, en que muestra videos de armas y describe episodios de la dictadura de Augusto Pinochet.

El mismo JJVM, que aparece como vendedor en la transacción ilegal del fusil, es hijo de CSVP (80 años), el otro imputado en la causa, que quedó con firma y arraigo nacional.

De los restantes imputados, se pudo determinar que uno de los sujetos, EMGM, aparece vinculado al mundo de los helicópteros y su empresa le prestaría servicios a Conaf para el combate de incendios.

También sería miembro del Club Aéreo de Santiago, figura con un curso especial como subalferez en la Asociación de Pilotos en Retiro de LAN Chile y su edad aproximada es de 65 años.

Finalmente, la otra mujer en la lista, de iniciales CLUS, de 34 años, tiene residencia en Vitacura, es la cuarta de cinco hermanos y registra actividades como corredora de propiedades.

La investigación
Según el reportaje de la Unidad de Investigación de Bío Bío, todo comenzó hace pocas semanas cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI (Brico) dio con la información de la venta de un fusil AK-47 ruso con un cargador de 36 balas por un millón y medio de pesos que, según las pruebas que se han levantado, habría pertenecido al MIR.

Gracias a escuchas telefónicas -autorizadas judicialmente- se estableció que “Matías” mantenía una deuda en dinero con “Joaquín” y en ese contexto de la conversación apareció el fusil de asalto.

Matías le pregunta a Joaquín por qué posee un arma de esas características, quien respondió que su hermana había pertenecido al MIR y que en su familia hay varios militares, por lo que el arma era parte de un decomiso “para la época del 73”.

En la transcripción de la escucha, se lee: “Matías le consulta Joaquín si es que ella lo quiere vender por lo que Joaquín indica que sí y que el “Hueón” (como llaman al AK-47), no es “chino”, es RUSO, que es de verdad y que este “Hueón” lo requisaron para la época del “73” (…) y que un tío abuelo se lo quedó”, se lee en el documento que maneja la PDI y Fiscalía.

Luego de ello fijan un posible precio de un millón y medio. Joaquín quedó en avisarle si su hermana estaba de acuerdo en la transacción.

La indagatoria se había iniciado en la Fiscalía Sur como una de las tantas por tráfico de armas del hampa, pero el caso debió ser trasladado a la zona oriente, que es donde viven Matías y Joaquín.

El 2 de febrero pasado ambos volvieron a sostener una conversación, la que nuevamente la grabó de forma íntegra la PDI.

A cargo de la investigación está el persecutor Andrés Iturra, de la Fiscalía Metropolitana Oriente y ahora los imputados en el caso deberán explicar el fin de la transacción ilegal de un arma de grueso calibre, bajo el contexto de la crisis social en el país.

Servel abrió primer proceso sancionatorio por propaganda para el plebiscito fuera de plazo que la hizo el ultra derechista Kast

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En el lenguaje funcionario del Servicio Electoral lo llaman “PAS”, sigla para proceso administrativo sancionatorio. Está detalladamente regulado en la Ley 20.900 denominada “para el fortalecimiento y transparencia de la democracia”. Se aplica ante diversos casos o infracciones, entre ellos la propaganda electoral fuera de plazo. Y es por esta razón que el organismo ha abierto un proceso contra el líder del Partido Republicano, el ex UDI José Antonio Kast, y la Radio Bío Bío. Todo, a raíz de uno de los últimos escándalos ventilados en redes sociales el año pasado: el pase de avisos suyos en los que llamaba a votar “Rechazo” a la opción nueva Constitución durante el 31 de diciembre.

El asunto puede o no derivar en un lío jurídico, administrativo y político, pero no solo por los involucrados. Termine en lo que termine -sanción o absolución- será el primer caso de calado en que el organismo dicte una resolución de este tipo relativo al proceso constituyente. Por tanto, tendrá carácter de precedente. Dos, que hasta en el mismo Servel hay quienes reconocen que esto se hará en medio de diversos vacíos legales y normas susceptibles de pleito, segùn señala La Tercera.

La principal es que las atribuciones del servicio -sostienen algunos allí- que le permiten fiscalizar y sancionar conductas durante una campaña, tanto de gasto como de plazos, tiene que ver con candidato o partidos y no con “opciones” como las de “Apruebo”, “Rechazo”, “convención constituyente” y “convención mixta”. Como se verá más abajo, hasta uno de los integrantes de la cúpula del Servel ya ha reconocido en redes sociales que “no hay nada que hacer” cuando la propaganda está en manos de particulares y no de partidos. El devenir del proceso dirá.

En el timeline de la cuenta de Twitter del ex diputado ex UDI sigue colgado un posteo que escribió el 31 de diciembre donde declara que “hoy comenzamos a difundir algunos mensajes radiales para apoyar la campaña del No. Ante la ausencia de regulación electoral; la colusión de todos los partidos políticos y el Gobierno; y la desigualdad evidente entre ambas opciones, defendemos el derecho a plantear alternativas”. Ahí están los 45 segundos del aviso radial con una conversación entre dos mujeres, en que una le contesta a la otra que con la nueva Constitiución no van a mejorar las pensiones, no van a subir los sueldos, no van a bajar los precios, y no van a terminar con los peajes. Su amiga retruca que entonces va a votar “recontra-no” y “Rechazo”.

Con la polémica servida en redes sociales, un grupo de diputados del PS denunció a Kast ante el Servicio Electoral, argumentando que no había respetado el plazo legal de propaganda. Ésta solo podrá comenzar el 26 de febrero, dos meses antes del plebiscito. El escrito cita los artículos 30, 31, 40, 136, 138 y 155 de la Ley 18.700 sobre votaciones generales y escrutinios. Sobre lo que sucedió después solo hay testimonios -en plural- fuera de micrófono provenientes del Servel.

Todas las versiones sostienen que el caso se llegó a conversar en una de las sesiones del consejo directivo, que integran Andrés Tagle, Alfredo Joignant, Juanita Gana Quiroz y José Miguel Bulnes. Preside Patricio Santamaría. Pero se hace presente que el asunto Kast-Bio Bío solo se trató de modo informal, al punto -afirma uno de los presentes- que no habría quedado en acta. Se hizo notar por parte de algunos que tras la polémica, la propaganda solo se emitió un día y que luego la radio dejó de hacerlo. Que eso -sostienen dos de los presentes- podría llegar a considerarse como atenuante dado el reconocimiento implícito de falta que eso conllevaría.

Hasta ahora no se ha reportado que el ex candidato presidencial y/o la emisora le hayan manifestado al Servel sus disculpas o hayan asumido su falta.

Las versiones extraoficiales del Servel agregan que sí se inició un procedimiento sancionatorio administrativo contra Kast y Bío Bío, pero que la decisión no la tomó el consejo directivo, que tampoco ha adoptado una decisión, que no tiene facultades según la ley y que todo eso está en manos del responsable de la Subdivisión de Gastos del Servel, Guillermo González.

En efecto, la normativa del “PAS” deja en manos de dicho funcionario todo el proceso investigativo. Pero su fase inicial, recalcan en la plana mayor del organismo, no tiene plazos perentorios o que no se puedan prorrogar, y además está sujeta a una reserva parecida a los antiguos sumarios judiciales. De hecho, aunque en el Servicio afirman que el caso contra Kast y la radio sí se inició, explican que no pueden dar declaraciones entre comillas ni siquiera para decir eso.

El celo, sostiene una versión, habría llegado al punto que en el consejo directivo se había advertido que como la investigación puede de facto “estirarse”, que entonces lo más prudente sería posponer cualquier dictamen, especialmente si deriva en sanción, para después de que se cuente el último voto del plebiscito del 26. Eso, para evitar una hipotética conflagración a campo abierto con Kast, con sus partidarios, y con los del “Rechazo”.

Ese mismo 31 de diciembre, Joignant posteó en Twitter un titular de La Tercera que decía “J.A. Kast lanza hoy propaganda por el No a la nueva Constitución”, comentando él : “Esta es una de las tantas muestras de la atadura de manos en la que se encuentra Servel: la campaña legal parte 60 días antes, pero nada que hacer cuando son particulares y no partidos los que la protagonizan. Vamos camino a un plebiscito muy desregulado en financiamiento además”.

Kast le replicó por la misma vía: “La elite política, cuoteada en el Consejo del Servel, quiere coartar la libre expresión de ciudadanos que decimos NO a la nueva Constitución. No nos dejan participar como partido político, no nos dejan participar como ciudadanos. Se coluden para que no hayan alternativas”.

Así las cosas, en el Servel hacen ver que “nosotros tenemos que ser garantes y no vernos expuestos a un asunto así” en lo venidero. Allá ya han hecho ver las numerosas carencias que enfrentan para fiscalizar y sancionar otras infracciones: legislación endeble, plataformas inauditables, como las redes sociales, y falta de personal.

El caso podría enredarse si es que Kast argumenta lo que comentaron en su equipo: que acá se intentaría abrir un caso contra una persona y no contra un candidato o un partido. Consultado el equipo del ex diputado, indicaron que aún no ha sido notificado del proceso. La Tercera PM preguntó lo mismo a Radio Bío Bío, sin todavía obtener respuesta.

El jefe de Subdivisión de Gastos del Servel podrá recibir descargos por escrito de los acusados, que se agregarán al expediente. Luego de eso, y cumplidos los plazos legales, le propondrá al director del servicio Ricardo García, una sanción (multas) o medida. Éste podrá aplicar la misma, una más alta, una más baja o absolver. El dictamen es apelable ante el Tribunal Electoral Regional.