En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Protesta

Pescadores movilizados emplazaron a Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) a acudir a citación del Congreso

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Hasta la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) acudieron los pescadores de la ex-Caleta Sudamericana para exigirle a la empresa estatal asistir a la citación de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

Los trabajadores acusan «soberbia irracional» por parte de presidente del Directorio, Fernando Ramírez, advirtiendo que la entidad no se ha pronunciado respecto al acuerdo al que llegaron con el Gobierno para la construcción de una nueva caleta en el sector Roca La Baja.

Recordemos que el conflicto se remonta a 2013, cuando los pescadores fueron trasladados de forma temporal a la caleta El Manzano de Quintero debido a las obras en el Terminal 2 de EPV.

Aunque se les prometió que se les construiría un nuevo sitio de trabajo, los trabajadores denuncian que no se realizó ninguna obra de reubicación. Además, debieron retirarse de El Manzano por término de contrato después de ocho años, por lo que aseguran quedar «abandonados» en una situación que afectaría a cerca de 250 familias.

Con dicha demanda iniciaron una serie de protestas en Valparaíso, las cuales supuestamente habían concluido el 22 de octubre tras un trato con el ministro de Economía, Lucas Palacios, y otras autoridades.

El acuerdo contemplaba un bono de $450.000 por cada pescador y el establecimiento de un nuevo lugar donde laborar. La caleta se ubicará en el sector denominado Roca La Baja, situado en avenida Altamirano, y supuestamente tardará 4 años en construirse.

Sin embargo, los pescadores reanudaron las manifestaciones tras acusar la indiferencia de la EPV y criticar que solo han recibido ofertas de apoyos técnicos mediante el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (Indespa).

En ese contexto, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura afirmó este viernes que los trabajadores firmarán un acuerdo para reubicarse en El Manzano y «pondrán fin a las movilizaciones».

Según la entidad del Gobierno, el trato fue suscrito por el Sindicato de de Trabajadores Independientes de Pescadores del Muelle Sudamericana (Sipsa) y el Sindicato de Pescadores de Lanchas Caleta Sudamericana (Sipelanch).

Pobladores marchan por Ruta 68 al Congreso para exigir soluciones habitacionales

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Un grupo de pobladores de la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, inició en la mañana de este martes una multitudinaria marcha por la Ruta 68 en dirección al Congreso en Valparaíso.

El objetivo de esta protesta es exigir a las autoridades del Parlamento soluciones habitacionales.

Roxana Escalona, una de las participantes de la marcha, declaró a radio Biobío que “somos 1.200 familias que estamos viajando desde Peñalolén (…) Queremos una vivienda digna”.

Agregó que “hace cuatro años se nos prometió que nos iban a comprar un terreno y no ha sido así”.

El pasado 27 de octubre, este mismo grupo de pobladores protagonizó una protesta en el paso sobre nivel de Américo Vespucio con avenida Grecia, en Peñalolén, donde tres personas se colgaron, deteniendo el tránsito en el sector.

En aquella oportunidad denunciaron que las autoridades regionales no estaban dando el permiso para realizar la movilización de este martes, donde los manifestantes llevarán un petitorio para encontrar soluciones definitivas para la casa propia.

Manifestantes se toman sede del INDH en Providencia y piden la libertad de los presos del estallido social

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Un grupo de alumnos de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se tomó este jueves las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la comuna de Providencia, pidiendo por la libertad de los presos de la revuelta y los presos mapuche.

Así lo indicaron los voceros de la movilización quienes además indicaron que “estamos las dependencias del INDH porque esta agencia del Estado no ha aceptado la existencia de presos políticos y no ha dicho que existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos como ocurre en la actualidad y como ocurrió en la revuelta”.

Los voceros de la ACES agregaron que no se irán del lugar hasta ser desalojados y apuntaron que “no tenemos claro si va a venir algún funcionario en específico (del INDH), nos vamos a quedar acá hasta que se apruebe sin condiciones la libertad de nuestros compañeros y compañeras“.

Sindicato de Minera Candelaria depuso huelga tras aceptar bono de $17,5 millones

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Dentro de la propuesta de la empresa canadiense Lundin Mining incluyó un aumento en las asignaciones.

El Sindicato de Trabajadores de la Minera Candelaria depusieron la huelga después de 32 días, luego de aceptar la última oferta que entregó la empresa propietaria canadiense Lundin Mining.

En el detalle, la propuesta entregada incluye un aumento en las asignaciones, además del bono por término de conflicto de $17,5 millones de pesos, el que fue ofrecido el pasado martes, la que fue calificada por la empresa como “responsable y transparente”.

En un comunicado, Lundin Mining indicó que “tras intensas negociaciones”, el Sindicato de Trabajadores firmó la propuesta y retomará sus funciones.

“Expresamos nuestro agradecimiento a los miembros del Sindicato Candelaria y a su diligencia por aceptar una propuesta beneficiosa y responsable”, indicaron en el documento, además de recalcar que su preocupación se enfocará en un retorno seguro y eficiente al trabajo.

Desde la canadiense esperar lograr el mismo resultado con otros sindicatos que están movilizados, como el Sindicato de Mina, que continúa en huelga, la que se extiende por más de 30 días.

Esta movilización, en particular, ha estado marcada por la salida del presidente ejecutivo del distrito Candelaria, Philip Brumit, la que se materializó este viernes. Dicho ejecutivo será reemplazado por Sergio Armstrong, actual gerente general de Operaciones de Candelaria.

ACHS podría enfrentar la primera huelga legal de su historia en plena pandemia COVID-19

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En punto muerto se encuentran la negociación colectiva entre la Asociación Chilena de Seguridad y el mayor de sus sindicatos, SINTACHS, que agrupa a más del 30% de los trabajadores de la empresa, debido a que no han podido llegar a acuerdo sobre transferencias en dinero que el sindicato solicita para sus casi 1500 miembros, en apoyo a las familias de estos para enfrentar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica, por montos en total, que no sumarían más de 150 millones de pesos.

De no destrabarse el conflicto, el sindicato deberá votar la posible huelga durante los últimos 5 días de este mes.
Desde el sindicato afirman que los beneficios que tienen detenida la negociación corresponden al monto de aproximado de $120.000 por trabajador, en un único bono o en forma parcelada durante 12 meses en sus sueldos. Desde el sindicato afirman que la información pública de la Achs muestra que se han mantenido en números azules desde hace años, por lo que no se entiende que la propuesta del sindicato, que es la más modesta en décadas, no sea acogida.

«Lo que tiene entrampada la negociación es el beneficio solicitado de $120 mil por trabajador. En un único bono o parcelado por 12 meses. La ACHS ha mantenido números azules en sus utilidades, por lo que no logramos entender que no se acoga esta propuesta. Los trabajadores de la ACHS hemos estado en primera línea en combate de la pandemia, por tanto, no entendemos esta negativa sobre esta propuesta en la negociación», comentó Rocío Lobos, presidenta del sindicato SINTACHS.

La Achs, vinculada a la SOFOFA, es la mutualidad que atiende accidentes laborales y enfermedades profesionales más grande del país, haciéndose cargo de parte importante de los contagiados de COVID-19 de origen laboral.

Funcionarios de la Seremi Salud RM denuncian al Minsal por desproteger a trabajadores del organismo

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En menos de una semana, otro funcionario de la Seremi Metropolitana de Salud fallece por COVID. Profesional tenía enfermedad base, sin embargo, debió continuar trabajando presencialmente.

Federación Nacional de Asociaciones de la Salud Pública (FEDESAP) denuncian a las autoridades del MINSAL por hacer oídos sordos en garantizar la debida protección de sus funcionarios.

Mario Cepeda Maturana, ingeniero químico de 59 años de edad, se desempeñaba en el Departamento de Acción Sanitaria en el Sub Departamento Calidad del Aire. Es el segundo funcionario de la Seremi Metropolitana de Salud que en menos de una semana fallece por COVID. El profesional se encontraba hospitalizado en el Hospital del Tórax, donde se produjo su deceso este martes.

La Presidenta Nacional de la FEDASAP, Carmen Luz Scaff, organización que reúne a las Asociaciones de funcionarias y funcionarios de la Seremis de salud de todo el país, y del Instituto de Salud Pública (ISP), manifestó su dolor por la muerte del compañero de trabajo, y su indignación, pues estas muertes por COVID se podrían haber evitado.

“Estamos frente a autoridades del Ministerio de Salud, indolentes, que hacen oídos sordos a la justa demanda de los trabajadores, en cuanto a contar con las medidas y protocolos que garanticen un desempeño seguro de nuestras funciones. Como también, el garantizar a los funcionarios que están en riesgo por edad o por padecer enfermedades base, que puedan desarrollar sus funciones en formato de teletrabajo», dice Scaff.

La Presidenta de la FEDASAP señaló además, que junto a los dirigentes de la organización gremial, están evaluando adoptar medidas judiciales que puedan garantizar la protección de todas y todos los funcionarios de las Seremis de Salud y de todo el país . Agregó que no pueden seguir muriendo funcionarios por no contar con las medidas de protección suficientes.

¿Cuantas compañeras y compañeros funcionarios tienen que morir por contagio de COVID para que el Ministro y la Subsecretaria tomen las medidas que hemos venido proponiendo?

Nosotros como organización representativa de los funcionarios de las Seremis de Salud de todo Chile y del Instituto de Salud Pública, no descansaremos hasta conseguir dignidad y seguridad para el desempeño de nuestras funciones” finalizó la dirigenta.