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El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, expresó su molestia por los ataques «sistemáticos» en las inmediaciones de colegios emblemáticos, después de que encapuchados y «overoles blancos» que salieron y se escondieron en el Liceo de Aplicación, quemaran dos micros en las cercanías de este liceo este jueves.

«Me produce mucha rabia e indignación no solamente que un grupo de antisociales -porque eso es lo que son- se dedique a quemar la infraestructura que le sirve a los más pobres de la ciudad, sino que además queden impunes», manifestó Orrego.

La autoridad señaló que «ya es grave que ocurra una vez, pero que ocurra sistemáticamente sin tener a nadie ante los tribunales resulta indignante. Yo sé que el ciudadano común cuestiona el Estado de Derecho, (porque) ¿cómo puede ser que ni la Fiscalía, ni las policías, ni las comunidades escolares identifiquen a personas que merecen estar en la cárcel?».

«Me he preguntado muchas veces qué pasaría si alguien entra con un arma de fuego a un liceo; me imagino que toda la comunidad dirá que lo saquen, porque no puede andar con eso. Bueno, una bomba molotov está regulada en la ley de control de armas, es un arma, puede generar daño a las personas, y sin embargo, tenemos personas que se meten con ellas sistemáticamente a algunos liceos de Santiago, y pareciera que no pasa nada. A mí me cuesta entenderlo», enfatizó Orrego en radio Cooperativa.

En ese sentido, llamó a acelerar la tramitación del proyecto de ley del Gobierno que entrega a los gobernadores la facultad de la prevención del delito, al menos mientras sigan trabajando en paralelo a los delegados regionales: «Hemos invertido muchos recursos, 80 mil millones de pesos en seguridad: cuarteles de la PDI, vehículos blindados para Carabineros, ahora vamos a aprobar un helicóptero, tecnología, alarmas comunitarias, iluminación pública, y sin embargo, no tenemos ninguna atribución formal. Eso tiene que terminar», sentenció.

Por su parte, la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, dijo condenar «categóricamente los hechos de violencia inaceptables» reseñados, que afectaron «gravemente el sistema de movilidad de nuestra región».

«Hemos estado durante toda la mañana trabajando coordinadamente junto con Carabineros y la Municipalidad, pero también hemos desarrollado un trabajo más a largo plazo desde la Subsecretaría del Interior, en coordinación con el Ministerio de Transporte, de forma de establecer protocolos de quema de buses que hagan que podamos actuar rápidamente y evitar lo más posible los daños colaterales que pueden producir estos graves hechos», explicó.

La funcionaria de Gobierno admitió, sin embargo, que «es necesario buscar investigaciones más profundas que den con los responsables y no solo queden en hechos aislados que pueden ser reaccionados (…) No descansaremos hasta poder dar con aquellas personas que han cometido estos hechos delictuales y por lo mismo nos vamos a querellar para poder perseguir a todos quienes resulten responsables», sentenció.

HASSLER ORDENÓ MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y ACCIONES JUDICIALES

Posteriormente, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), coincidió en que «la violencia de estos grupos aislados que interrumpe la vida y el proceso educativo es inaceptable».

«Ante lo ocurrido en las afueras del Liceo de Aplicación (que estaba en clases), hemos solicitado la actuación de Carabineros para restablecer el orden público, y he instruido que se tomen todas las medidas disciplinarias contra los responsables», publicó en redes sociales, agregando que además implementará acciones judiciales para que este ataque»no quede en impunidad».

24 de septiembre de 2021, 5:18 pm.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al anuncio de la Municipalidad de Santiago de entregar más de mil permisos a vendedores ambulantes debido al aumento del comercio informal en el centro de la capital.

Mientras que la alcaldesa Irací Hassler aseguró que los permisos traerán «mayor ordenamiento», Orrego señaló a Radio Cooperativa que la medida «si bien está bien inspirada, tiene varios problemas y que va en la dirección incorrecta, porque al final lo que termina haciendo es más bien consolidar el fenómeno del comercio ambulante más que erradicarlo».

La autoridad regional indicó que la idea tiene tres problemas. Uno de ellos es el «acceso al espacio público. Las calles y las veredas son para que la gente las ocupe, no para tener comercio establecido en ella».

Luego explicó que el segundo problema es de «orden público, como hemos visto en el barrio Meiggs y en otros sectores de Santiago, es muy complicado producto de las mafias que se empoderan para efectos de dominar el espacio público y generar delincuencia». Mientras, la tercera complicación es de «salud pública».

«Por estas razones yo creo que de verdad el problema si bien existe y hay que resolverlo, y en eso estoy de acuerdo con la alcaldesa, la manera que se está proponiendo, va en la dirección opuesta y es una mala señal para los comerciantes establecidos que pagan patente y tendrán una competencia muy desleal con estos comerciantes ambulantes», añadió.

Orrego señaló que «hay que hacer un trabajo con ellos, hay que empadronar, tratar de canalizar, por ejemplo, es muy distinto instalar una feria en algún lugar de la ciudad que permite que la gente se establezca».

De todas formas, aclaró: «Yo no digo que haya una respuesta fácil, todos los que hemos sido alcaldes hemos tenido que enfrentarlo, pero consolidar más de mil permisos a vendedores ambulantes, la señal que está dando es que en Santiago se puede y va a llegar gente que no es de la comuna». Asimismo, aseguró sobre Hassler que «no dudo de su buena intención».