Manuel Monsalve

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se refirió durante este sábado al fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que rechazó un recurso de amparo que impedía la expulsión de los ciudadanos extranjeros que agredieron a Carabineros en dicha ciudad.

«Lo acogemos como una buena noticia, porque da razón a dos elementos centrales que pusimos a la hora de tomar esta decisión en torno al mandato del Presidente de la República de dictar una resolución de expulsión cuando se agredió a Carabineros en Puerto Montt» señaló.

Al hacer uso de una facultad extraordinaria, la Corte adujo que «el uso fue bien fundado y bien aplicado».

Agregó que al sostener que «esta agresión afectaba la seguridad interior del Estado», la Corte reafirmó su punto, al indicar que la labor de las policías, Carabineros y PDI era darle eficacia al derecho para mantener el orden público y proteger la seguridad interior del Estado.

Por último, recalcó que la agresión «al afectar a Carabineros, afecta gravemente la seguridad interior del Estado. Está bien dictada la resolución de expulsión, y por eso la Corte nos ha dado la razón. Consideramos que es una buena noticia en materia de seguridad y orden público.

El tránsito en el sector de avenida El Golf fue habilitado tras el operativo del GOPE de Carabineros ante el hallazgo de un artefacto explosivo. Específicamente, el objeto fue encontrado en la avenida El Golf 150, frente al edificio de las oficinas pertenecientes al Grupo Angelini.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que «Se encontró un tubo de pvc negro, que contendría explosivos, que tenía un temporizador y también tenía cables, por lo tanto efectivamente se trata de un artefacto explosivo».

“Vamos a esperar el informe de los organismos especializados de Carabineros, no puedo decirle la magnitud en términos del daño que eventualmente pudiera producir”, explicó.

La autoridad aprovechó la instancia para atenerse a «la discusión real», que es «tener un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia. Hay un proyecto de ley en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y el Gobierno se ha comprometido durante el mes de octubre o noviembre a ingresar las indicaciones, con el objeto de dotar al país de un sistema moderno para protegerlo de las amenazas”.

Luego, tras ser consultado sobre la violencia y los delitos ocurridos en la Macrozona Sur, recalcó que “uno de los delitos que copa normalmente la agenda pública es el robo de madera. La dimensión económica que este delito puede tener en el marco de un año puede llegar fácilmente a los US$100 millones”.

“Desde el punto de vista de la investigación interna de Carabineros, había mucha atención respecto al desempeño de funcionarios en el territorio de Arauco, particularmente por la dimensión económica que tiene el delito que allí se está produciendo”, profundizó.

Cabe recordar que dos carabineros están siendo investigados por su presunta responsabilidad en el delito de robo con intimidación a un conductor en Arauco, región del Biobío.

En el robo, los funcionarios policiales amenazaron a rostro cubierto con un arma de fuego al hombre, quien trabaja para el proyecto MAPA de la forestal Arauco.

Sobre la posibilidad de que existan más casos de esta magnitud, Monsalve indicó que «nunca se puede descartar», pero «lo que sí podemos asegurar, es que Carabineros de Chile con sus departamentos internos está haciendo investigaciones”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró este domingo que el Gobierno está apostando todas sus cartas, para frenar la masiva llegada de migrantes, a dos proyectos de ley.

Esto, considerando también, los hechos violentos donde se han visto involucrado personas de nacionalidad extranjera, muchas veces indocumentados.

Informó, en Chilevisión Noticias, que «el año 2018 ingresaron cerca de 6 mil migrantes por pasos no habilitados, el 2019 fueron 8 mil, el 2020 fueron 16 mil y el 2021 fueron 56 mil».

Sostuvo que «mucho se dice de ‘otra cosa es con guitarra’, pero digo estos números, porque hay otras personas que tuvieron la guitarra en sus manos y tampoco fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes».

«No basta con decir que otra cosa es con guitarra», aseguró Monsalve. «Hay que hacerse cargo de cuando uno tuvo la guitarra y cuando muchos que critican tuvieron la guitarra, es cuando se produjo el ingreso más masivo de migrantes por pasos no habilitados y nosotros no estábamos en el Gobierno», agregó.

El subsecretario del Interior aclaró que «el Presidente Gabriel Boric envió esta semana al Congreso los dos proyectos, el martes 11 ingresaron ambos, uno es para facilitar los procesos de expulsión administrativa».

«Hoy día la resolución de las expulsiones administrativas la firma el director del Servicio Nacional de Migrantes, y hay más de 1.200 resoluciones firmadas por el director que no se pueden ejecutar, porque la ley establece un requisito, que hay que notificar al migrante», recalcó.

Con respecto a los proyectos de ley, afirmó que uno acelera el proceso de expulsión de los extranjeros. «El proyecto cambia el mecanismo y permite que la expulsión sea por carta certificada al domicilio que el migrante haya dado, y una vez entregada, se entiende como hecha la notificación». El subsecretario de Interior aseveró que este método «debería permitir agilizar y mejorar las capacidades».

El otro proyecto de ley consiste en una «identificación biométrica a los migrantes» para de esta forma contar con una identificación del «rostro, huella y nombre». Monsalve afirmó que para el gobierno el registro biométrico es «una tarea esencial» y que hoy se está «en ejecución para la adquisición del equipamiento».

En su viaje a la región de La Araucanía, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, habló respecto al anuncio hecho este jueves por el Presidente de la República, Gabriel Boric, donde informó sobre un aumento en el gasto público destinado a seguridad, en el marco del Presupuesto 2023.

En esta línea, el subsecretario mencionó los 27 mil millones de pesos estimados para normalizar la dotación vehicular de Carabineros.

«La gente quiere tareas de prevención, quiere ver la presencia del Estado a través de la policía, y esa presencia es posible en la medida que hay equipamiento que permite desplegarla», aseveró Monsalve.

Además, el subsecretario del Interior valoró como «una decisión muy relevante» la tomada por el Presidente Boric sobre aumentar la capacidad de Carabineros. «No hay hacia atrás ningún momento en que alguien haya tomado la decisión de comprar 1.054 vehículos para Carabineros en un año», acotó.

Sumado a lo anterior, Manuel Monsalve mencionó que de aquí al término del Gobierno, Carabineros «va a tener una dotación vehicular normalizada con el 100% de sus vehículos con su vida útil vigente, hoy día eso no es así», especificando que un 55% de los vehículos policiales tiene su vida útil vencida.

Cabe recordar que el subsecretario está acompañando a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una reunión con el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, el jefe de la Defensa Nacional, general de brigada, Rubén Castillo, el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, y con representantes de Carabineros y PDI de la zona.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos afectadas en el contexto del estallido social del 2019 recibirán pensión de gracia.

Los dichos del subsecretario fueron enunciados este domingo luego de que se supiera que ninguno de los perjudicados de la región del Biobío ha recibido reparación estatal.

Cabe recordar que en junio de este año, el ministerio del Interior informó que se ha asignado una pensión de gracia a 296 personas.

No obstante, en ese registro no aparece ninguna de las 24 víctimas de la octava región, a pesar de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya las calificó.

Al respecto, Monsalve reafirmó que cumplirán con la ayuda económica para todos los afectados, considerando que estas pensiones provienen de su cartera, el ministerio del Interior.

«A todos, independiente del lugar de Chile donde eso haya ocurrido, a todos quienes vieron vulnerados sus DD.HH, y que concurrieron al INDH y que esta institución los ha calificado así, por supuesto que vamos a concurrir a cumplir con lo que la ley de presupuesto dice, que es entregar una pensión de gracia», aseveró.

El proceso para concretar esta reparación debe pasar primeramente por una denuncia, como explicó el subsecretario, en el INDH. Posteriormente, el ministerio del Interior analizará la información, y de ser certera, se concretará en una pensión de entre $250 mil y $500 mil.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó en la mañana de este lunes un reporte de los hechos de violencia ocurridos el domingo en el marco de los 49 años del Golpe de Estado.

En un punto de prensa en La Moneda, rechazó que “en el marco de una fecha que busca conmemorar un momento doloroso se produzcan hechos criminales y delictuales, hemos sido testigos de hechos criminales y delictuales, son hechos de violencia, donde personas hacen uso de palos, de armas blancas, de lanzamientos de artefactos incendiarios que nada tienen que ver con el sentido de conmemoración profunda que tiene el 11 de septiembre”.

Monsalve detalló que el domingo hubo “27 personas detenidas por alteraciones del orden público o por el uso de artefactos incendiarios, lamentablemente hubo 8 carabineros lesionados, uno con un impacto balístico en un tobillo, dos civiles lesionados, hubo 18 vehículos policiales dañados, cuatro cuarteles de la policía de carabineros atacados y todo Chile fue testigo de saqueos, hubo 10 saqueos que se produjeron en el contexto de la comisión de hechos delictuales”.

Informó que “la división jurídica del Ministerio del Interior está recopilando todos los antecedentes para durante el transcurso del día proceder a querellarnos en todos aquellos delitos que son considerados graves, por lo tanto, hoy día esperamos querellarnos con el objeto de perseguir las responsabilidades respecto a los delitos cometidos”.

Monsalve destacó “como hecho grave” que “solo en el contexto del lanzamiento de artefactos explosivos en contra del personal del Control de Orden Público (COP) de Carabineros se contabilizó el lanzamiento de 150 bombas molotov. Nos parece un hecho gravísimo, el lanzamiento de una bomba molotov coloca en riesgo la vida de las personas, es un hecho grave, intolerable y, evidentemente, respecto a esos hechos nos vamos a querellar”.

“Buscamos presentar querellas contra personas específicas y, en este caso, contra las personas que están detenidas de acuerdo al tipo de delito que se hayan cometido. Están algunas detenidas por alteraciones del orden público, otras por el lanzamiento de artefactos explosivos, otros por el lanzamiento de objetos contundente”, agregó.