Manuel Monsalve

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la decisión del Senado de rechazar a Marta Herrera como nueva fiscal nacional.

Se trata de la segunda nominación del Gobierno desechada por la Cámara Alta después de José Morales, quien tampoco obtuvo el respaldo necesario de 2/3 de los parlamentarios.

Con esto, el Ministerio Público acumuló más de 80 días sin un líder a largo plazo y Juan Agustín Meléndez seguirá siendo el fiscal nacional de manera subrogante. A ello se suma que la Asociación de Fiscales decidió irse a paro en rechazo al proyecto de reajuste del sector público, donde los funcionarios con sueldos sobre $2,2 millones recibirán incremento de $264 mil y no de 12% como el resto de los trabajadores del sector.

En ese contexto, Monsalve indicó a Radio Universo que «el desafío de seguridad pública es prioridad para las personas que nos escuchan a lo largo de todo Chile. Quieren que las instituciones puedan responder a esta urgencia, respondan de manera seria, responsable, coordinada. Esa es la principal preocupación del Gobierno».

Por ello, el subsecretario acusó que «no hace bien, en el caso del nombramiento del fiscal o la fiscal nacional, que no se coloque en el centro los planes de trabajo».

«Lo que el país requiere, es que quien conduzca el Ministerio Público garantice que va a haber persecución penal eficaz, que haga investigaciones que puedan identificar, detener, desarticular, sancionar, organizaciones que hoy están llevando violencia, armas, drogas y homicidios a distintos sectores de Chile», agregó.

La autoridad criticó que algunas bancadas «han anunciado de manera completa el rechazo a la propuesta del Presidente para el fiscal nacional, incluso antes de escuchar las propuestas de trabajo (…) creo que no le hace bien a Chile».

Esto en relación a los nueve senadores UDI, cuyo jefe de bancada, Iván Moreira, anunció que iban a votar en contra de Herrera apenas se supo la nominación tras definirla como la «continuidad de la mediocre y peor gestión que ha habido en el Ministerio Público, del señor (Jorge) Abbott”.

Monsalve aseveró que “la tarea del Presidente de la República siempre es pensar en el bien del país y no tengo duda que el Presidente de la República ha propuesto la opción que considera que le hace mejor al país”.

De esta manera, acusó que “el Parlamento tiene que sumarse a las tareas centrales del país, colocando el foco en lo que el país requiere. El país no requiere de disputas pequeñas respecto a lo que pudiera ser la cercanía de una persona con otras, que es lo que se discutió respecto a la cercanía de los candidatos con el exfiscal Jorge Abbott, lo que se requiere ver es si la candidatura tiene un plan de trabajo serio, si tiene las competencias para llevar adelante ese plan y con la urgencia que se necesita, ese es el centro y respecto a eso es que el Presidente ha pedio que centremos el debate”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y su par de Defensa, Gabriel Gaspar, visitaron el Complejo Chacalluta en Arica, región de Arica y Parinacota.

Los jefes de Estado viajaron hasta el norte del país con el objetivo de evaluar la situación fronteriza en el limite con Perú y así poder adoptar medidas de vigilancia y control en la zona.

Durante la mañana de este sábado, acompañados por miembros del Ejército, los jefes de Estado realizaron un recorrido por los principales puntos de observación en la frontera.

Posteriormente, se espera que pasado el mediodía, los subsecretarios tengan una reunión de coordinación junto al Ejército, Carabineros, PDI y Ministerio Público, para hacer un punto de prensa posteriormente, instancia en la que se espera anuncien medidas respecto a la seguridad fronteriza.

El subsecretario Monsalve, explicó que durante esta visita «vamos a tener una reunión de coordinación con el Ejército, las Fuerzas Armadas, con Carabineros, la Policía de Investigaciones, con el Ministerio Público también en la ciudad de Arica, con el objeto de cumplir lo que nos ha pedido el Presidente de la República: que evaluemos todas las medidas necesarias para poder fortalecer nuestra seguridad en la frontera norte».

En tanto, el subsecretario de Defensa indicó que el procedimiento tiene como fin poder obtener «información más exacta de lo que está sucediendo allá y colaborar con las autoridades locales».

Cabe recordar que esta visita se realiza luego que la noche del martes 29 de noviembre, una turba importante de personas intentó entrar a la fuerza por el límite con Perú.

A pesar de que el problema fue controlado en su momento, posteriormente desde el Gobierno anunciaron que evaluarían aumentar la presencia policial e incluso militar en la zona.

La Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), Fedesur y FedeQuinta llegaron a un acuerdo con el Gobierno y aceptaron su propuesta para restarse del paro de camioneros que se mantiene desde este lunes en distintos puntos del país.

El acuerdo fue firmado después de un encuentro entre los representantes de los gremios y el Ejecutivo, representado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. También participó el presidente de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.

Monsalve explicó que el trato incluye una inyección de 1.500 dólares para mantener el Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco); un proyecto de ley para estabilizar el precio del diésel para los transportistas; la conformación de una mesa de trabajo con la CPC y los gremios para revisar las tarifas; y medidas en materia de seguridad.

Según recalcó el subsecretario, el acuerdo también fue acogido por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Chile Transportes, la Federación del Transporte del Pasajeros y la Federación de Transporte de Pasajeros Interprovinciales, Internacionales e Industriales.

En esa línea, envió un recado a la Confederación de Transportistas Fuerza Norte y a los camioneros del sur que siguen movilizados: «Quiero decirle a aquellos que aún no llegan a un acuerdo, que se pueden sumar, porque resuelve el problema de los camioneros, de los transportistas y del país. No tiene sentido mantenerse en paro».

Sin embargo, advirtió que «lo que no podemos aceptar es amenazas de bloqueos en las carreteras de Chile».

«Han habido declaraciones durante el día de hoy de dirigentes de Fuerza del Norte que amenazan todo al país, no al Gobierno. Cuando se amenaza al país de bloquear las rutas, significa que no hay consideración por los problemas que viven los chilenos, se colocan intereses particulares por sobre los intereses del país», criticó.

En esa línea, Monsalve señaló que «el Gobierno va a usar las herramientas que les da el estado de derecho y no puede permitir bloqueos de carreteras. Si hay bloqueo de carreteras, el Gobierno va a actuar, en primer lugar con herramientas legales que tiene, y e segundo lugar, va a pedir la fuerza pública que despejen la ruta que fueron bloqueadas».

LOS PUNTOS DEL ACUERDO

Según detalló Monsalve, el acuerdo contempla una medida que beneficia a todos los chilenos y chilenas, que son los 1.500 millones de dólares que el Gobierno ha comprometido para incorporar al Mepco, el cual permite contener el alza de los combustibles para todos».

Además, indicó que «hay medidas específicas para el sector de transportes que consume diésel. Particularmente, hay un acuerdo que se ha precisado el día de hoy, y que partió el lunes de la semana pasada, que el Gobierno va a ingresar un proyecto de ley para congelar o impedir el alza del diésel durante 120 días, es decir cuatro meses».

«Después de los cuatro meses, va a operar un mecanismo en el que cada 21 días, se va ajustar el precio del diésel, pero no va a subir más de $15 por un año», informó. Acusó que de no tomarse estas medidas, hoy el diésel podría subir hasta $44 por meses.

En tercer lugar, mencionó que «el ministro de Transporte va a encabezar una mesa tripartita, donde van a estar los dirigentes que representan a los camioneros y la Confederación para la Producción y el Comercio».

«Esa mesa va a buscar mecanismos para que en aquellos casos, cuando el alza del combustible no esté reflejada en las tarifas para los transportistas, eso se corrija. Es un acuerdo que se hace cargo del problema de fondo que enfrentan hoy día los camioneros», subrayó.

Sobre las medidas de seguridad, el ministro Muñoz explicó que «vamos a tener puntos de descanso, protección de Carabineros, estamos identificando como dotar a distintas rutas de mayor señal de telecomunicaciones de celular, de modo que la seguridad en la ruta sea lo más adecuada posible, y que se ajusta a lo que nos convoca».

Respecto a la mesa tripartita, el secretario de Estado indicó que se constituirá la primera quincena de diciembre y que la idea es que «incorpore al ministro de Economía, que permita identificar cuales son las formas para poder garantizar y promover que las tarifas que se pagan desde los proveedores de carga a los camioneros se ajusten de buena forma a los costos que ellos enfrentan».

«Es un gran avance el que estamos alcanzando. Me da gusto ver que el documento que estamos presentando, recoge elementos que distintos gremios presentaron. Y espero que, aquellos que todavía no se han sumado al acuerdo, han entendido que es un avance, que es contundente en todas las dimensiones que se han presentado en la mesa», recalcó.

Respeto a las amenazas de bloqueo, el titular del MTT advirtió que «lo que nos preocupa acá es el país, que la movilidad sea la adecuada. Y en este caso nos hemos detenido, hemos escuchado a un gremio, hemos acogido sus dolores, y hemos presentado una propuesta que nos alegra ver, que después de una larga semana de conversación presenta un acuerdo, que ha sido conversado con sus bases y que nos permite mirar al futuro con tranquilidad».

«Gobernar exige estar en este tipo de conversaciones. Eso no quita que a lo mejor algún gremio pueda presentar otro tipo de observación, y vamos a estar siempre trabajando y conversando», precisó.

Consultado sobre si este acuerdo marca el fin del paro, respondió que «es difícil decir que se acabó un conflicto. Lo que podemos decir es que hemos dado un paso muy relevante en materia de volver a la normalidad en un ámbito clave, como es la movilidad en las vías de nuestro país».

Pese a que el Gobierno anunció un acuerdo con los principales gremios de camioneros, desde la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte siguen paralizados de forma indefinida tras denunciar que sus demandas no fueron satisfechas, manteniendo cortes parciales de ruta en distintos puntos del país.

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, lamentó que la movilización continúe y advirtió que no descartan utilizar la Ley de Seguridad del Estado en contra de quienes se mantengan bloqueando las rutas.

Desde el Congreso, Monsalve aseguró que «un paro prolongado de camioneros no es un paro contra el Gobierno, es un paro que agrede a chilenos y chilenas». Citó a modo de ejemplo lo ocurrido en Monte Patria, donde «no pudieron llegar las viviendas de emergencia, llevadas a las familias que habían perdido su hogar producto de un incendio».

«Producto de este paro, hay dificultades para los chilenos para llegar a la atención médica, a sus trabajos. Se altera la vida del país, y eventualmente se altera el normal funcionamiento de la vida de los chilenos», agregó.

Una de las demandas de la paralización es el precio de los combustibles. Al respecto, la autoridad subrayó que en el Ejecutivo han gastado 3.000 millones de dólares en el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles en este año y comprometieron otros 1.500 millones de dólares.

En esa línea, apuntó a que en el acuerdo con los gremios accedieron a congelar el precio del diésel por tres meses, lo que «fácilmente tiene un coste fiscal de 1.500 millones de dólares adicionales».

«Si sumamos solo estas dos medidas, estamos hablando de un costo fiscal de 6.000 millones de dólares a los chilenos. Hoy día, un poco más de dos millones de chilenos reciben una PGU de 193 mil pesos. Son los adultos mayores más vulnerables de Chile, eso le cuesta al Estado 6.800 millones de dólares al año. El esfuerzo que se está haciendo para paliar el alza del costo de los combustibles es de igual magnitud fiscal que el pago de la PGU a más de dos millones de chilenos», advirtió.

«Esa es la magnitud del esfuerzo que este Gobierno está haciendo para controlar un problema que sabemos que es real, que es el aumento en el costo de los combustibles», agregó.

A ello sumó que el Gobierno «se comprometió con los camioneros a actualizar el índice del costo de transporte. Quiero decirles que esto es finalmente el mecanismo por el cual fijan las tarifas que les pagan a los camioneros. Por lo tanto, esto implica que van a poder acceder a mejores contratos y a mejores tarifas».

«Además de estas medidas, comprometimos un conjunto de medidas en materia de seguridad, recogiendo todas las demandas planteadas por los camioneros», complementó.

En base a dichos antecedentes, Monsalve indicó que «no hay un fundamento en que el paro de camioneros continúe, menos para que quienes estuvieron sentados en la mesa, horas conversando, y alcanzaron un acuerdo, desistan de ese acuerdo, como es el caso de la Confederación Nacional del Transporte de Carga».

Por ello, advirtió que «el Gobierno va a ocupar todas las herramientas que le da el estado de derecho para proteger el normal funcionamiento del país, y proteger a los sectores más vulnerables».

Lamentó que «un grupo de interés, al cual el Gobierno le ha contestado, al cual ha puesto una cantidad de recursos cuantiosos, no tiene fundamentos hoy día para alterar el normal funcionamiento del país».

De esta manera, reiteró que «vamos a usar todas las herramientas que nos da el estado de derecho. Si eso implica usar la Ley de Seguridad del Estado, el Gobierno va a utilizar la Ley de Seguridad del Estado».

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al tema de la seguridad pública y especialmente de lo que ocurre en esta materia en la Macrozona Sur. 

En entrevista a Emol, la autoridad sostuvo que lo que ha hecho el Gobierno es decretar un estado de excepción constitucional (EEC) “con presencia de Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y modificaciones a la estrategia en la cual se despliega el estado de excepción que hace más difícil producir hechos de violencia en esos territorios, eso explica muchas veces que se generen hechos de violencia fuera del territorio porque ahí hay menos medidas de control”.

“Hoy hay más fuerzas militares y policiales que las que hubo en otros estados de excepción, hemos logrado disponer de mayor equipamiento blindado tanto en la provincia de Arauco como en la región de La Araucanía, hay más puntos de control dispuestos en el territorio donde está el EEC”, indicó.

Manifestó que hay que considerar que el último aumento de atentados en la zona se debió a la visita del Presidente Gabriel Boric a La Araucanía y fueron realizadas “por organizaciones criminales, que además en varios de estos casos se adjudicaron los hechos rechazando la presencia del Presidente. Creo que esto es bien importante porque reafirma la convicción del Gobierno de que hay organizaciones que no quieren dialogar, que no quieren una salida pacífica a los conflictos legítimos que pueden haber en la Macrozona Sur y a esas organizaciones que ejercen violencia y que no quieren diálogo hay solo una alternativa, que es la aplicación del estado de derecho”.

Respecto a la Ley Antiterrorista, aseveró que “no es una buena porque, así como está redactada no permite llegar a los responsables de los delitos a la cárcel” y que “las personas que están procesadas, detenidas o sancionadas en la zona sur están por delitos que están tipificados en el código penal, ataques incendiarios, tenencia ilegal de armas de fuego (…) y que han resultado ser mucho más eficaces para perseguir y sancionar a estas organizaciones criminales”.

“A cualquier país le gustaría tener una buena Ley Antiterrorista, pero uno tiene que hacerse cargo también de la realidad política y de los tiempos políticos. Durante 10 años ha habido en el Parlamento discusión al respecto y nunca ha habido un acuerdo suficientemente amplio para legislar, no tenemos 10 años para garantizar la seguridad de los chilenos y por lo tanto hay leyes que son eficaces y que hay mayor consenso”, explicó el exdiputado.

Agregó que “¿el Gobierno decretó EEC en la Macrozona Sur? sí, fue una decisión política que ha tenido un respaldo amplio. En segundo lugar, quiero decir que en esa materia hoy Carabineros tiene mayor equipamiento blindado de lo que tuvo en cualquier otro Gobierno y además desde el punto de vista del despliegue de las FFAA hemos garantizado la presencia de ellas en muchos más lugares que cualquier otro Gobierno garantizó”.

Planteó que “no hay ninguna duda, ningún sesgo del Gobierno en una tarea que para un Gobierno de izquierda es esencial, un Gobierno de izquierda quiere mejor democracia, ¿Cómo la perciben los chilenos?, En la medida en que pueden ejercer sus libertades individuales y derechos sociales. Sin seguridad no los hay. La obligación de garantizar seguridad es consustancial a cualquier fuerza política que quiera profundizar la democracia y el Gobierno eso lo entiende con mucha claridad”.

El subsecretario expresó que “creo que todos los gobiernos actúan de buena fe. Hay gobiernos que de buena fe han dicho que querían que la fiesta para los delincuentes terminara, pero no pudieron hacerlo y no creo que hayan actuado de mala fe”.

En relación a la actualidad del país, Monsalve añadió “tendría que llegar a la conclusión de que hay ciertos tipos de delitos que han ido progresivamente aumentando. Homicidios, y hasta ahora las políticas públicas no han logrado contenerlo. Presencia de armas en delitos, mayor cantidad de homicidios que se cometen sin que se conozca el imputado. De lo que se trata entonces no es de que solo los gobiernos hagan declaraciones de que están en contra de la delincuencia, sino de que sean eficaces en detenerlo”.