Karina Oliva

En La Fontana republicamos nota aparecida en Cambio21.cl, respecto a una grave denuncia se conoció en las últimas horas.

La candidata a Gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva (Comunes, del Frente Amplio), admitió que conocía la denuncia de violencia intrafamiliar en contra de Rubén Urrutia, concejal electo de La Pintana de su mismo partido.

Oliva, quien hizo campaña y trabajo electoralmente junto al concejal denunciado Rubén Urrutia, fue cuestionada por la situación por distintos tuiteros y de otras redes sociales y que fue también denunciado por Claudio Orrego, su contrincante para la gobernación de la RM. Grupos femeninistas sintieron el golpe y decidieron restarse del apoyo a Karina Oliva.

Orrego acusó que la candidata del Frente Amplio y del Partido Comunista conocía los hechos desde marzo de 2020. Ante esto, Karina Oliva replicó que “no sé de dónde sacó Claudio que yo tenía antecedentes”.

Sin embargo, mientras recibía el apoyo del ex candidato del Partido Humanista, Pablo Maltés, la candidata de Comunes reconoció las acusaciones.

“Tenemos que hacer un mea culpa. Yo debiese haber perseguido y revisado con más contundencia. Hacerle un seguimiento, aunque no es mi atribución dentro del partido”, indicó Karina Oliva.

Por otro lado, Oliva explicó que, al memento de revisar sus antecedentes, el partido no encontró ninguna situación irregular.

La candidata añadió que la denuncia la recibió por una cuenta de Twitter, bajo el nombre de “Difamadores”.

Y es que la propia candidata del Frente Amplio a la gobernación reconoció que tenía antecedentes del caso. “A mí no me entregó esa información una víctima, me la entregó un perfil de twitter que se llama Difamadores. Ahí tenemos que hacer como un mea culpa. Yo debiese haber perseguido y revisado con más contundencia, hacerle un seguimiento, aunque no es mi atribución dentro del partido”, sostuvo.

Más tarde, eso sí, ocupó su cuenta de Twitter para aclarar sus dichos:

“Yo no conocía todos los antecedentes que circularon en esta campaña sobre VIF del concejal Rubén Urrutia. Su caso fue revisado por el comité electoral de nuestro partido por los mensajes que me llegaron en marzo de 2020, donde se verificó que no había antecedentes”, publicó.

Agregó, asimismo, que hizo un mea culpa “porque claramente la revisión que se hizo no bastaba. La justicia patriarcal no puede ser nuestro estándar”.

La denuncia tuvo de inmediato acciones políticas: en las redes sociales, varias mujeres y otras personas que apoyaban a Oliva, decidieron quitarle su apoyo. Pero todo se dilucidará este domingo próximo…

En La Fontana republicamos nota aparecida en ElDínamo.cl.

De acuerdo a ex representantes regionales de Arica y Antofagasta del partido que presidía la candidata a la gobernación, en 2017 se negó a entregar los comprobantes de ingresos y salidas de dinero de la tienda.

Desde diciembre del 2020 cuando inició su campaña por la gobernación de la Región Metropolitana, la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva (Comunes) y ex presidenta de Poder Ciudadano, quiso marcar distancia de quien sería su principal competencia, el ex intendente de la capital, Claudio Orrego (DC).

Así, la politóloga que enfrentará en segunda vuelta a Orrego el 13 de junio, afirmó que ella y su equipo “somos el futuro” e hizo gala de ser una persona transparente y que detesta las prácticas de la “vieja política”.

Sin embargo, según denunciaron a EL DÍNAMO ex autoridades regionales de Poder Ciudadano -partido que dio origen a Comunes y que Oliva presidió entre 2015 y 2019- , durante su gestión se negó a entregar comprobantes de los gastos e ingresos del partido, contravino los estatutos de la tienda y se habría favorecido con mayores ingresos para su campaña a la Cámara Baja de 2017.

El conflicto inició el 2 de diciembre del 2017, cuando los ex presidentes regionales del partido en Arica y Antofagasta, Catalina Cabrera y Jorge Zamora, denunciaron a través de un video que la presidenta nacional, Karina Oliva, junto al resto de la directiva, no entregaron los comprobantes de ingresos y gastos del partido.

Irregularidades que quedaron en manifiesto en una solicitud de fiscalización, firmada por ambas autoridades regionales al Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) a inicios de diciembre del 2017.

En el documento, explicaron que “las bases de Poder no tenemos acceso al detalle, ni las boletas, ni facturas, ni actas, ni nada que nos informe fehacientemente acerca de cómo, y en qué se está gastando el dinero que llega al partido”.

La fallida y costosa candidatura de Oliva al Congreso

Según denunciaron las ex autoridades del partido que dirigía Karina Oliva, no se les permitió acceder a la información contable apropósito, porque la presidenta habría recibido más recursos en relación a los otros candidatos para su campaña a la Cámara de Diputados de ese año, donde obtuvo la más baja votación (1,6%) de todos los postulantes del distrito 12.

Al respecto, Jorge Zamora explicó a EL DÍNAMO que “Karina Oliva y la actual diputada Claudia Mix, acapararon todo el dinero para sus campañas”.

“Al resto de candidatos de partido Poder Ciudadano les hicieron volantes, pero nada en comparación con lo que pudieron hacer ellas. Después se vio en las comunas, donde hicieron campañas, con pancartas y cientos de palomas por todas partes”, aseguró el ex correligionario de Karina Oliva.

Sobre la falta de transparencia que denunció Zamora, la ex presidenta regional de Poder Ciudadano en Arica, Catalina Cabrera confirmó a EL DÍNAMO que “nunca nos entregaron una rendición como correspondía, con boletas, facturas y documentos. Se apropiaron de más de $100 millones de pesos”.

“La campaña de Karina Oliva fue una vergüenza por todo lo que se gastó, siendo que hay regiones como Arica que no se les envió ningún recurso”, insistió.

Al ser consultada por esta supuesta falta de transparencia contable, Karina Oliva, a través de su equipo comunicacional, descartó abordar la polémica. Sin embargo, sí lo hizo Jorge Ramírez, presidente del partido Comunes y ex miembro del equipo orgánico de Poder Ciudadano.

Ramírez, quien fue pareja de Oliva hace más de 13 años, descartó que durante la campaña de 2017 se haya favorecido de forma injustificada a la actual candidata por la gobernación de la Región Metropolitana, por el contrario, la decisión fue adoptada por el Consejo General del partido y luego revisada por el Servicio Electoral.

“Lo descarto de plano, el partido recibió muy poca plata en 2017 para el financiamiento de campañas como era un partido nuevo. Para diputados fue en torno a los $30 millones, pero el partido no distribuyó recursos en platas a los candidatos, sino que en materiales. Entregábamos 30 mil volantes para las comunas que elegían cinco -legisladores-, 50 mil para las que elegían siete y 100 mil para las que elegían ocho”, detalló.

En esta línea, reconoció que “Claudia Mix, Karina Oliva e Inti Salamanca recibieron más material”, pero sólo porque “representaban a las comunas grandes”.

“No es lo mismo una campaña en el distrito donde votan 30 mil personas que donde lo hacen más de un millón. Se entregó de forma proporcional, además fue revisado por el Servel donde también desestimaron los reclamos de Zamora y Carreño, los cuales son derechamente falsos”, reiteró el actual presidente de Comunes.

En 2017 Poder Ciudadano presentó sus candidaturas parlamentarias junto a Alberto Mayol y Beatriz Sánchez.

Lo peor, de acuerdo a Jorge Zamora y Catalina Cabrera, es que desde el Servel sólo respondieron que correspondía al Tribunal Supremo, máxima instancia del partido, aclarar las inquietudes y dar a conocer la información contable.

“En mi opinión, la materia sujeta a discusión que plantea la directiva, corresponde que sea representada ante el Tribunal Supremo del partido. Esto lo resuelve el artículo 20 letra f) en relación con el artículo 31 del DFL Nº 4 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.603 sobre partidos políticos”, respondió ante la solicitud de los ex dirigentes regionales el subdirector del área de Partidos Políticos del Servel, Roberto Salim-Hanna.

Luego, en enero del 2018, Jorge Zamora y Catalina Cabrera enviaron una nueva solicitud al Tribunal Supremo, sin embargo, “nunca obtuvimos respuesta” porque “estaba llena de pololos y amigos de Oliva y Mix”, dijo el ex presidente regional de Poder Ciudadano en Antofagasta.

Lo cierto es que entre 2017 y 2018 la directiva nacional de Poder Ciudadano era integrada por la presidenta, Karina Oliva; el secretario, Ariel Jara Mix y su tesorero, Andrés Hidalgo.

Mientras que el Tribunal Supremo del partido estaba compuesto por la ex pareja de Hidalgo, Libertad Méndez; la pareja de Jara, Sara Sánchez y la hermana de Oliva, Valeria Oliva.

Al respecto, Jorge Ramírez precisó que el Tribunal Supremo de Poder Ciudadano, como se hace habitualmente en todos los partidos políticos, fue elegido por su Consejo General y se eligió entre “los primeros 100 miembros fundadores” que inscribieron la tienda en el Servel.

“Ellos y ellas estaban cuando fundamos el partido, los partidos se fundan con unos primeros 100 fundadores, donde efectivamente hubo gente con la que nosotros veníamos militando desde la universidad“, agregó.

De igual manera, aclaró que en el caso de Libertad Méndez, ella fue pareja de Andrés Hidalgo mientras estudiaban en la universidad, así como él fue de Karina Oliva, lo que no está prohibido, ni es una infracción a la ley que rige y ordena los partidos políticos.

Ex dirigentes alegan violación de estatutos y elección ilegítima

Junto con denunciar irregularidades en la información contable del partido, los dirigentes regionales de Arica y Antofagasta aseguraron que la directiva liderada por Karina Oliva violó los estatutos del partido que dio origen a Comunes, ya que, al momento de inscribirlo en el Servicio Electoral durante marzo del 2015, se estableció que la directiva central provisoria duraría sólo seis meses.

Sin embargo, de acuerdo a lo denunciado por las ex autoridades regionales de Poder Ciudadano, recién en 2018, “se hizo una elección donde sólo participó la lista de Karina Oliva”, la cual fue cuestionada en un inicio por un Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) interno que armaron al interior del partido para fiscalizar el proceso.

De acuerdo a un documento que preparó el Tricel interno en febrero del 2018, existió “poca claridad en el proceso eleccionario interno”, porque se entregaron, mínimas “garantías democráticas en cuanto a participación de listas nacionales a los diferentes cargos directivos, ya que existe sólo una lista en competición”.

“Hubo poca transparencia en el proceso de inscripción de listas, como también se generará en el proceso de votación, ya que no garantiza en lo absoluto la real participación de los afiliados al partido de algunas regiones, debido a que los empadronamientos de datos los mantiene a la fecha la directiva saliente, que a su vez son parte de la Comisión Política que está compitiendo en la única lista que va en competición con el nombre Por una mayoría popular”, explicaron.

El documento fue firmado por los representantes del Tricel nombrados por el Consejo General del partido Poder Ciudadano y ratificados por el Servel: Ninoska Peñaranda, Williams de la Cruz y Carmen Nélida Oyarzo.

El ex coordinador orgánico de Poder Ciudadano, Jorge Ramírez, explicó que realizar la elección de una nueva directiva era obligación, sobre todo porque en 2017 la tienda perdió su legalidad y debió fusionarse con Poder Ciudadano del Norte, tras lo cual, “las elecciones, según los estatutos, se realizaron en el Consejo General, el cual ratificó la directiva para la fusión“.

“Además el Servel revisa cada tres meses el cumplimiento de la ley a todos los partidos, que se cumplan los estatutos, los estados financieros y que no tengan multas. Es imposible que ocurran irregularidades de este tipo”, agregó Ramírez.

En efecto, tal como indicó Jorge Ramírez, la fiscalización desarrollada por el Servel durante el trimestre de abril-junio del 2018 en Poder Ciudadano arrojó que se cumplió con un 88% de las materias generales y un 100% de las críticas. Es decir, según dijo la autoridad competente, “el partido se encuentra en situación de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa”.