Personeros de la centroizquierda aseguraron que el gremio no puede esperar que se legisle bajo «chantaje» y llamaron a La Moneda a dejar de «mirar para el techo».
Desde la oposición cuestionaron a los camioneros por iniciar movilizaciones en medio de la pandemia apuntando a una «irresponsabilidad» de parte del gremio.
Al mismo tiempo parlamentarios y representantes de los partidos de centroizquierda apuntaron a la forma en que el Gobierno ha enfrentado la paralización y cortes de ruta, llamando a La Moneda a invocar la ley de seguridad interior del Estado.
El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS) respaldó al gremio diciendo que los ataques de los que han sido víctimas «merecen la más enérgica condena», pero recalcó que no por eso «pueden chantajear a dos poderes del Estado».
«La preocupación del gremio es comprensible, pero no así la actitud agresiva con que el gremio emplaza a las autoridades para imponer prioridades legislativas. Entendemos su temor, pero no podemos legislar con amenazas».
En ese sentido dijo que, «en un país democrático las leyes se tramitan con diálogo y escuchando a todas las partes, pero no ejerciendo presiones indebidas».
En la misma línea, el presidente de los socialistas, senador Álvaro Elizalde, señaló que «esta paralización es un acto irresponsable porque se amenaza con desabastecer a la población en medio de la emergencia sanitaria».
Es por eso que subrayó que «el Gobierno debe dejar de lado el doble estándar, porque ha alentado la paralización y no está velando por el bien común. Todos los ciudadanos pueden expresarse en democracia, pero es muy fácil cruzar un camión en medio de la carretera. Que se bajen de los camiones y se manifiesten como todas las personas».
Crítico de La Moneda fue también el senador Felipe Harboe (PPD) quien calificó como «inconcebible que el Gobierno mire para el techo al momento en que Chile se encuentra amenazado por un grupo de camioneros».
«Forzar al Estado a tomar decisiones sobre la base de la amenaza, el chantaje, el corte de ruta, me parece que no es el camino para una democracia sólida», agregó preguntándose «¿a qué hora el Presidente Sebastián Piñera presenta requerimiento por ley de seguridad del Estado contra convocantes del paro de camioneros?».
Mientras que el diputado de su misma colectividad y ex intendente de La Araucanía, Ricardo Celis, señaló que «el gremio de camioneros como cualquier otro gremio, tiene todo el derecho a manifestar sus demandas. Sin embargo, otra cosa muy distinta es que pretendan poner al Estado y al Congreso de rodillas, en base a proyectos de ley que ellos estiman necesarios, que son buenos para ellos. En democracia representamos a los ciudadanos, no a un gremio en particular».
Idéntica solicitud a la de Harboe hizo el diputado Marcelo Díaz (Movimiento Unir) quien dijo que lo hecho por los conductores es “impresentable”.
Ante eso, el legislador del Frente Amplio dijo esperar “el Gobierno haga prevalecer el Estado de Derecho y para eso cuenta con la herramienta de la ley de seguridad del Estado, espero que la invoque de ser necesario”.
La presidenta de Revolución Democrática, diputada Catalina Pérez, coincidió en que el proceder del gremio es «inaceptable»enfatizando que «no aportan en nada a una resolución democrática del conflicto».
«Es gravísimo que alguien pretenda usar la alimentación de las familias como moneda de cambio y creo que la historia va a recordar a quienes, en medio de una crisis de hambre, amenazaron con dejar sin comida al pueblo», sostuvo.
Es por eso que dijo esperar que «el Gobierno se ponga del lado correcto de la historia, no le vuelva a dar la espalda a la gente y no busque imponer su agenda mediante un gremio de esta manera».
Por otro lado, el diputado Gabriel Ascencio (DC) presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional que se investigue las movilizaciones que están realizando desde el gremio en las distintas regiones del país.
«Esto es absolutamente condenable y lo que están haciendo es un delito, no una falta», dijo el parlamentario.
«Esto está causando un grave daño a los ciudadanos; y, lo que antes era una falta, gracias a las modificaciones al Código Penal en su artículo 268 para este caso, hoy estos hechos constituyen un delito, el corte de carreteras. Por lo anterior, estoy pidiendo, ante la inacción del Gobierno, que se investigue en cada una de las regiones, se determinen responsables y se apliquen las sanciones”, sostuvo el falangista.
El presidente de su partido, Fuad Chahín, también fue tajante declarando que ”no pueden resolverse los problemas, o negociar con el Gobierno o esperar cambios, coartando la libertad de desplazamiento de las personas o amenazando con el desabastecimiento. No puede transformarse en costumbre que sean los ciudadanos de este país quienes paguen las consecuencias de estos actos, por más justas que crean que son sus causas”.
Por eso es que a su juicio “es un pésimo precedente para la democracia y por lo tanto, espero que el Gobierno actúe con todas las facultades que la ley les otorga”.