Derechos de agua

Ayer, el activista ambiental y premio Internacional de Derechos Humanos de la ciudad de Nuremberg 2018 y premio Internacional fundación France Libertés 2019, Rodrigo Mundaca, expuso ante la reunión plenaria del 45o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La intervención del también ingeniero agrónomo se tituló “La violación sistemática del derecho al agua en Chile” y tuvo como centro la crisis del recurso en Petorca, localidad de la V región que ha sido un símbolo de la lucha por el derecho al agua.

“Sabemos lo que significa vivir privados de agua, ya que vivimos en el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, aquí, en la provincia de Petorca, donde importa mucho más la producción de Aguacates (paltas) y no la vida de nuestras comunidades, la preservación de los ecosistemas, el cuidado de nuestras identidades locales”, dijo Mundaca en su discurso. “En Chile el agua se encuentra al arbitrio de la industria extractiva y las comunidades no son prioridad por parte de quienes han administrado el Estado. En rigor, la privatización del agua en Chile se encuentra anidada en la constitución política del año 1980”, agregó.

En el mismo sentido, el vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) hizo un llamado urgente al gobierno “para que respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos e implemente las recomendaciones del Relator especial. A este respecto es importante que Naciones Unidas, sus órganos y mecanismos, monitoreen, en el marco de sus mandatos, la evolución de la situación en Chile”.

Respecto de lo anterior, Mundaca recordó lo señalado el Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua y saneamiento, Leo Heller, quién el 20 de agosto sostuvo que “no es posible que en Chile la electricidad y la producción de aguacates sean más importantes que el derecho humano al agua”.

Modatima y el Centro de investigación para la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo (Cetim), ambos expositores ante la ONU, han estado trabajando conjuntamente sobre la situación en Petorca con el fin de visibilizar la situación dramática en lo que concierne la violación de este derecho fundamental. Se trata de un trabajo encabezado por de Rodrigo Mundaca, Camilo Mansilla y Lorena Donaire, del cual emanó un informe detallado sobre la situación del derecho al agua en la región de Petorca.

“La provincia de Petorca, región de Valparaíso, es una zona símbolo de los efectos de la privatización y mercantilización de las aguas puestas al servicio y priorizadas para el negocio de exportación de las paltas. Este negocio está estrechamente relacionado a los intereses de grandes empresas transnacionales”, dijeron ambas organizaciones en un comunicado. “Esta es una situación que representa grandes oportunidades de lucro, a expensas de la superveniencia de la vida de las comunidades y de la naturaleza. Las consecuencias de esta situación se extienden a lo largo de todo el territorio nacional, con un modelo de gestión hídrica en crisis de escasez, con el 80% de las cuencas del país sobre otorgadas a causa de la sobrexplotación hídrica”, agregaron.

Cabe recordar que el 28 de julio 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se aprobó la resolución 64/292, que reconoció el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano. Sin embargo, en Chile el derecho al agua se encuentra lejos de estar consagrado tanto en el marco jurídico nacional (Constitución Política y Código de Aguas), como en la realidad del extenso territorio nacional.

“Este hecho no es aceptable tanto más cuanto que el Estado Chileno ha firmado y ratificado el Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales”, dijeron Modatima y Cetim en el comunicado, añadiendo que ambas “continuarán el combate para la defensa de este derecho fundamental. En este sentido, el Estado chileno debe seguir las recomendaciones del Relator Especial y garantizar la prioridad a la defensa y promoción del derecho al agua sobre los intereses económicos y comerciales privados”.