Consejo para la Transparencia

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, apuntó a las elecciones del 11 de abril, jornada en que se elegirán a la Convención Constitucional y a las nuevas autoridades comunales, como una instancia para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de transparencia.

La titular del CPLT catalogó a los municipios como “instituciones fundamentales” para las personas, asegurando que “no solo son la primera cara del Estado frente a la ciudadanía y la institución donde la mayoría de las personas recurre cuando tienen que resolver alguna necesidad, sino que en medio de la pandemia que nos aqueja, hemos sido testigos del importantísimo rol que han jugado las autoridades municipales”, señaló enfatizando que “conocedoras de sus comunidades, se han mostrado activas y diligentes en el cuidado de los intereses y derechos de los vecinos”.

Sin embargo, De la Fuente sostuvo que también se han conocido importantes casos de corrupción y prácticas irregulares, sin distinciones políticas y que en el último ejercicio de fiscalización del CPLT, “menos de la mitad de los municipios cumplió satisfactoriamente las exigencias de acceso a información pública y el promedio histórico de cumplimiento de las normas de transparencia activa por parte de las Corporaciones Municipales es apenas de un 54%, cuestiones que no hacen sino erosionar sustancialmente la confianza social y la legitimidad de las mismas”.

“Una institucionalidad débil, con una estructura administrativa ininteligible, opaca y con altos niveles de discrecionalidad, presenta condiciones idóneas para la corrupción, la arbitrariedad en la toma de decisiones, y la dilapidación de recursos. Por contrapartida, mientras más altos son los estándares de transparencia y probidad, más clara y oportuna es la rendición de cuentas y más eficiente es la gestión, la prestación de servicios y la entrega de beneficios municipales, tan valiosos y necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas”, añadió.

Asimismo, la cientista política, señaló que el contexto supone grandes desafíos para el sector que, con recursos siempre escasos a su juicio, debe cumplir con variadas obligaciones.

“La próxima elección municipal y la discusión que se avecina respecto al rol de los gobiernos locales en el proceso constituyente, es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad municipal, poniendo en el centro de la discusión, la necesidad de establecer los mejores mecanismos de transparencia y acceso a la información en su función y dotándolos de las capacidades adecuadas para cumplir cabalmente con esta esencial e insoslayable obligación”, remató.

Si durante la negociación tiene sentido la reserva, una vez cerrado el proceso «debiéramos tener acceso a esa información», dijo la presidenta del organismo, Gloria de la Fuente (PS).

Esto ayuda a «que las personas confíen en las decisiones de las autoridades», opinó la ex directora ejecutiva de la Fundación Chile 21.

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente (PS), manifestó su preocupación por el acceso a información sobre la compra y distribución de vacunas para prevenir el coronavirus, y advirtió que «abrir la puerta a la circulación de informaciones que no son las de la autoridad puede ir en desmedro del propio proceso de vacunación».

Mediante un comunicado, la titular del CPLT informó que ofició el 23 de noviembre pasado al Ministerio de Salud (Minsal) para solicitar información sobre la estrategia nacional de inmunización contra el Covid-19.

Ello, explicó De la Fuente, con el fin de «contar con información pública adecuada y oportuna, de manera tal que las personas confíen en las decisiones que van tomando las autoridades», tanto en materia de gasto como de distribución.

Asimismo, la ex directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 detalló que el documento contiene una serie de preguntas asociadas a las medidas pro-transparencia y publicidad que se piensan implementar para dar a conocer en qué consiste el proceso, y sobre el estado de avance de la estrategia.

Otras interrogantes apuntan a reuniones con actores nacionales e internacionales, convenios celebrados y otras acciones implementadas para contribuir a promocionar el proceso. Además de solicitar antecedentes sobre el presupuesto y monto ejecutado a la fecha.

«Creemos que ahí hay una decisión y un rol de la autoridad que es clave y así lo hemos dicho a propósito del Covid-19 en general, sobre el proceso de vacunas en particular, lo que hemos hecho es oficiar a los responsables para poder solicitar esa información», agregó la presidenta del CPLT.

La titular del Consejo manifestó que la preocupación del órgano que encabeza durante toda la epidemia ha sido garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

«Lo hemos hecho desde el principio de la pandemia, mandando oficios, haciendo sugerencias, observaciones, recordándole a los distintos servicios cuáles son sus obligaciones en materia de información pública y también hemos estado fiscalizando», dijo.

CLARIDAD EN LOS GASTOS

Consultada sobre la transparencia del gasto en vacunas en términos del acceso a contratos, costo, entre otros antecedentes, De la Fuente indicó que la Ley de Transparencia contempla espacios denominados de «privilegio deliberativo», que permiten en el caso de que haya una decisión en curso se mantenga una reserva muy específica y acotada.

Por ejemplo, expuso, «en la negociación respecto a las vacunas, hay una decisión que podría verse afectada si la información es pública en el mismo minuto de la negociación», pero una vez que el proceso está cerrado, «debiéramos tener en rigor acceso a esa información».

«Siempre es importante que se tenga a la luz los fundamentos de las decisiones y cuando se trata de gasto público, que es el mayor interés que tienen las personas, ahí es muy importante que esta información sea pública», subrayó.

De la Fuente apuntó que el conocimiento de los detalles del proceso involucra recursos públicos, por lo que es importante conocer los fundamentos de las decisiones, una vez que éstas hayan sido adoptadas, por ende, «debieran conocerse después, saberse cuánto fue el costo para nuestro país».

Asimismo, apuntó a mecanismos que permitan «entender mejor el gasto, dado que en muchas oportunidades la rendición de cuentas no es clara». En ese sentido, afirmó que «es importante no sólo que se publique la información, sino que además se publique de manera tal que la ciudadanía lo pueda entender».

En una cadena nacional la noche del miércoles, el Presidente Sebastián Piñera anunció que el país recibirá las primeras 20.000 dosis de la vacuna Pfizer antes de que acabe el mes de diciembre y que los primeros en ser inmunizados serán «las personas desplegadas en la emergencia Covid», luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobara la fórmula en mayores de 16 años.

Desde la llegada del virus el pasado marzo, Chile ha suscrito acuerdos con varios laboratorios para el desarrollo y la distribución de vacunas entre los que destacan la firma china Sinovac, el grupo Janssen de Johnson & Johnson y el grupo AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.

Además, en septiembre, el país se adhirió a la plataforma Covax Facility, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para la Vacunación (GAVI) para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna.