El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, confirmó recientemente que se ofició al Estado Mayor Conjunto (EMCO), para obtener más antecedentes sobre la comentada filtración de correos electrónicos.

Fue el mismo 19 de septiembre, día de las Glorias del Ejército, cuando se filtró la base de datos que contenía los mails interceptados por el grupo hacker Guacamaya. La difusión de dicha información corrió por parte de las plataformas DDO Secrets y Enlace Hacktivista.

El hecho gatilló que el líder del EMCO, general Guillermo Paiva, renunciara a su cargo, tras darse a conocer que el uniformado estaba al tanto de la amenaza hace algún tiempo. De acuerdo a La Tercera, él era el "fusible" político que tenía que asumir responsabilidades por el ataque cibernético.

Por su parte, Letura calificó el hecho "de suma gravedad", asegurando que "estamos ante información sensible. No solo información que podría ser personal, sino también información que podría pertenecer al ámbito de la seguridad nacional y que puede ser objeto de reserva. Además, con esto se afectó gravemente la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, derecho fundamental consagrado constitucionalmente".

"Chile necesita de forma urgente una regulación más prolija y actualizada de, al menos, tres materias estrechamente relacionadas: uso de correos electrónicos y mensajería en el sector público; protección de datos personales; y ciberseguridad e infraestructura crítica de la información", agregó.

El objetivo del oficio es recabar más antecedentes sobre el hackeo que afectó a las Fuerzas Armadas nacionales, estableciéndose 10 días hábiles para la entrega de información.