Caso Frei Montalva

Raúl Lillo, preso en Punta Peuco, fue sentenciado a siete años por el homicidio del expresidente. “Ha existido una grave y persistente vulneración del debido proceso”, expresa en el escrito que presentará ante la Comisión Interamericana de DD.HH, según LaTercera.com.

“No me atrevería a llamar la atención y a molestar con este clamor de justicia a los miembros de esta Comisión Internacional de Derechos Humanos, si no fuera absolutamente inocente de todas y cada una de las acusaciones”. Así, a través de un escrito de nueve carillas, el exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Raúl Lillo Gutiérrez, condenado a siete años de presidio por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “requiera antecedentes al Estado de Chile sobre la forma y condiciones en las que el juez Alejandro Madrid ha llevado la causa”.

En el documento requirió, asimismo, “que se solicite un nuevo proceso penal conducido de acuerdo con las garantías del justo y debido proceso, permitiendo que no sea un juez quien procese, acuse y condene, ya que una facultad de estas características se presta para (…) ilegalidades”.

Según el exagente -quien cumple una condena de 10 años en Punta Peuco por secuestro y asociación ilícita en la muerte del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) Eugenio Berríos-, “la posibilidad de que la muerte del expresidente haya obedecido a un homicidio ha sido creada sobre bases ficticias y es el resultado de una imposición a la fuerza del poder político y de un juez obcecado”.

En ese sentido, apuntó a una “condena anticipada” por parte de autoridades políticas. Entre ellas cuestionó a Michelle Bachelet, quien cuando era mandataria escribió en Twitter que “la justicia está avanzando a quienes asesinaron al presidente Frei Montalva”. Del mismo modo fustigó al actual Jefe de Estado, Sebastián Piñera, “que también emitió juicios condenatorios sobre un caso que está en pleno desarrollo”. Con esto, dijo, se atropella su presunción de inocencia “en condiciones de enorme desigualdad y, además, vulnerando el principio de que no hay condena sin sentencia firme”.

De esta forma, señaló Lillo, “en un país como el mío nadie pensaría que las opiniones condenatorias (…) no tengan repercusión en el ánimo y las decisiones de un juez que, si tiene aspiraciones de ascender, dependerá del apoyo que reciba de las autoridades mencionadas”. Según el exintegrante de la CNI, esta situación vulnera garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Resulta innegable que en este proceso me encuentro en una situación de escandalosa desigualdad en cuanto a garantías, derechos, recursos y medios”, dijo.

En la misma línea, insistió en que “ha existido una grave y persistente vulneración del debido proceso”, y apuntó que Madrid “ha hecho permanecer en forma ilegal bajo reserva (…) información absolutamente relevante para las defensas, incluso información exculpatoria”.

El exagente argumentó que se le diagnosticó una “depresión severa” y que “lo obrado en mi contra por altas autoridades del Estado (…) constituye un trato cruel, inhumano y profundamente degradante”.

La petición a la CIDH será presentada por el abogado Raúl Meza el 12 de febrero en Washington. El profesional dijo que se sumará a la defensa de Lillo en la causa penal. “Confiamos en que nuestra denuncia internacional sea acogida y que dicha instancia exija al Estado chileno una explicación sobre las razones jurídicas y constitucionales que justifican la aplicación de un sistema procesal penal inquisitivo solo a los militares”.