Camila Vallejo

A una semana de ser publicada en el Diario Oficial, la Comisión Asesora contra la Desinformación que impulsa el Gobierno y la vocera Camila Vallejo sigue recibiendo cuestionamientos.

Si en principio fueron los opositores a la administración del presidente Gabriel Boric los que plantearon su mirada de rechazo respecto a este organismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también mostró su preocupación en las últimas horas.

“Más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión o medios. El espíritu de la Declaración de Chapaultepec y de la Declaración de Salta es defender las libertades de prensa y expresión como principios esenciales de la democracia y por ello prescriben que los gobiernos no deben imponer medidas, para evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura”, expresaron desde la SIP.

“Las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa”, explicó Michael Greenspon, presidente de la sociedad.

“Como organización favorecemos que los gobiernos promuevan la alfabetización digital y que los legisladores exploren la adopción de políticas públicas para combatir la desinformación”, complementó el argentino.

La Comisión Asesora contra la Desinformación se enmarca en la campaña que ha llevado la vocera en contra de las fake news y otras problemáticas en torno a la prensa y las informaciones que, incluso, la llevaron de gira por Europa para tener respaldo internacional.

La ministra vocera Camila Vallejo descartó la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, luego de la muerte de una menor de edad por falta de camas pediátricas, y después de que se conoció que desde el Minsal no se contactó a la Clínica Las Condes.

«¿En qué pie queda? En el pie de trabajar junto a los equipos de salud con alta y mayor rigurosidad», dijo Vallejo al ser consultada por la posición en la que queda Araos tras el hecho.

La ministra Secretaria General de Gobierno reiteró lo informado por Araos, relativo a la realización de un sumario administrativo y dijo que «frente a la no aplicación del protocolo hay que esclarecer lo que sucedió y las responsabilidades frente aquello».

«Hay que aclarar por qué no se hizo el contacto -con CLC- cuando el protocolo señalaba que sí», indicó la ministra Vallejos.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al pedido de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien sugirió “hacer una revisión crítica” del programa de Gobierno del Mandatario Gabriel Boric.

“El programa de Gobierno tiene que tener la perspectiva del acontecer nacional permanentemente e impregnarse de las demandas ciudadanas que van apareciendo en el transcurso de un Gobierno y lo hemos hecho con la política del crimen organizado”, sostuvo.

“No basta con nuestro compromiso en materia de seguridad y lo que está en el programa, hemos tenido que reforzar eso; entender que actualmente hay una demanda en ese sentido”, remarcó la ministra.

En ese sentido, Vallejo aclaró que “no estamos hablando de renunciar; estamos hablando de priorizar. Y confundir priorización con renuncia es una mezcolanza”.

“Cuando uno tiene un programa de Gobierno siempre está priorizando: qué es lo que hacemos este año, cómo lo hacemos para fortalecer la agenda de este año. Nosotros estamos jugados por cumplirle al país”, declaró.

“Queremos dejar un país después del término del Gobierno un nuevo sistema de pensiones, que termine con el modelo de las AFP y que permita un aumento ahora, con jornada de 40 horas, con una empresa nacional del litio, con un pacto fiscal, con la base de un sistema nacional de cuidados, con el Ministerio de Seguridad Pública y las policías fortalecidas”, cerró.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas que han recibido luego que el Presidente de la República, Gabriel Boric, autorizara el indulto para 12 condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social y a Jorge Mateluna, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

En conversación con Meganoticias, la secretaria de Estado indicó que «el Presidente lo ejerció con mucha responsabilidad, después de una importante reflexión, pero en base también, y como lo señaló él mismo, en función de un compromiso que había adquirido incluso antes de asumir la Presidencia de la República. Por lo tanto, no debería sorprender a nadie el que esto se iba a empujar para dar cumplimiento a una palabra empeñada».

Y añadió que esta decisión «pudo haber sido antes y las críticas por el momento hubieran sido otras, que si correspondía antes de un plebiscito o luego en medio de la conversación del acuerdo constitucional. Siempre puede haber críticas al momento en el que se toma esa decisión, por lo tanto, partamos de la base de que el momento no es necesariamente un tema de debate para un Presidente, sino que es la decisión que se tiene que tomar».

En este sentido, la ministra vocera de Gobierno explicó que estos indultos «tienen que ver con el proyecto que nosotros empujamos. Queremos alcanzar la paz social. Hemos desplegado una importante inversión para los locatarios víctimas del estallido, por ejemplo, locatarios que han recibido ya recursos para poder recuperarse, tiene que ver con esa lógica de sanar heridas que se generaron en este momento excepcional (estallido social)».

Respecto a las salida de la mesa de seguridad de los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano, la ministra dijo que «si alguien quiere excusas para no suscribir un compromiso las va a encontrar donde sea».

«Los acuerdos hoy en materia de seguridad son muy necesarios para dar respuesta a la ciudadanía que demanda más de la política y de las instituciones. No podemos hacer que pague la ciudadanía, o los mismos electores de la oposición, por una diferencia política que tiene que ver con el tema específico de los indultos. No pueden pagar todas las otras agendas en materia de seguridad y combate a la delincuencia o al crimen organizado», expresó la secretaria de Estado.

Y agregó que «lo contradictorio con el compromiso de seguridad sería no suscribir un compromiso de seguridad, porque la mejor manera de evaluar el compromiso que uno tiene en materia de seguridad son las acciones».

En esta instancia también recordó que los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, al igual que Presidente Boric realizaron indultos durante sus mandatos. «Los últimos 24 de Sebastián Piñera, antes en el primer gobierno de Piñera fueron 14, el gobierno de Bachelet también indultó».

En esta línea criticó que «el presidente del propio sector político que hoy critica a los indultos también indultó a personas condenadas por distintos tipos de delitos, incluso por tráfico de drogas».

¿Eso quiere decir por consecuencia de esa acción que ese gobierno en específico no tenía un compromiso con la seguridad? No, eso no es así, porque nunca la atribución presidencial de indultar entra en esa clave», acotó.

Por otra parte, el relación a la acusación constitucional anunciada por la bancada de diputados de Renovación Nacional, en contra de la ministra de Justicia, Marcel Ríos, por «la errática y dudosa conformación en el listado de los indultados».

Vallejo comentó que «en este caso no hay nada inconstitucional, porque además los indultos presidenciales están en la Constitución son atribuciones del Presidente, no de la ministra. Entonces, uno puede cuestionar el fundamento, aunque tienen el legítimo derecho de presentarla».

Y aseveró que «a veces hay ánimos de responsabilizar a una ministra de Estado en clave política que en clave constitucional».