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El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, condenó al exfiscal militar Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud por los delitos de premios ilegítimos y homicidio calificado de Daniel Mateluna Gómez y José María Ortigosa Ansoleaga, los cuales fueron cometidos en octubre de 1973 en Temuco.

Fue sentenciado a cumplir las penas de 20 años y cinco años de presidio efectivo en calidad de autor de los delitos consumados ya mencionados anteriormente.

La sentencia asegura: «El mismo día 11 de septiembre de 1973 fue llamado a colaborar con el nuevo régimen el procesado según consta a fs. 1.841 a 1.853 Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, abogado de Temuco, que además era Teniente de Reserva del Ejército de Chile, quien se presentó en el Regimiento ‘Tucapel’ para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior de la unidad y que estaba a cargo del Segundo Comandante, Mayor Luis Jofré Soto».

Luego, el escrito relata las circunstancias en las que Mateluna y Ortigosa fueron detenidos. Eventualmente, expone que «la víctima (Ortigosa) es conducida junto a Daniel de los Ángeles Mateluna Gómez al Regimiento de infantería N°8 ‘Tucapel’, donde fue visto, con signos de haber sido torturado y en muy malas condiciones físicas, según consta a fs. 581 a 582, por Víctor Hernán Maturana Burgos, quien se encontraba en la misma situación que la víctima, siendo posteriormente comunicada su muerte».

«Que los hechos antes mencionados, debieron ser conocidos por Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, Teniente en Reserva, ya que como se mencionó en la letra B, actuaba desde el 11 de septiembre de 1973 como Abogado Asesor y Fiscal Militar Ad-Hoc del Regimiento Tucapel de Temuco, interrogando a los detenidos y decidiendo el destino de las personas privadas de libertad, teniendo en esa fecha las facultades decisorias y de orden al interior de las dependencias del mencionado Regimiento», detalla el texto.

Por lo demás, el ministro Mesa acogió las demandas civiles interpuestas, obligando así a Podlech Michaud y al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $1.150.000.000 (mil cinto cincuenta millones de pesos) a familiares de las víctimas.

Un grupo de convencionales ingresó este martes dos iniciativas de norma constitucional a la Convención. Una busca establecer el derecho a una vivienda digna, mientras que la otra apunta a garantizar el deber del Estado para que los procesos de planificación urbana cuenten con participación ciudadana efectiva y descentralizada.

La propuesta fue respaldada por los constituyentes de Independientes RN, Evópoli: Cristián Monckeberg, Hernán Larraín Matte, Ruggero Cozzi y Bárbara Rebolledo. A ellos se suman el democratacristiano Fuad Chahin y de Andrés Cruz, independiente electo por cupo del Partido Socialista.

Desde el ex-Congreso de Santiago, Monckeberg señaló que el objetivo es «que quede asegurado en la Constitución el derecho a la vivienda digna, y que sea órganos públicos, entiéndase Ministerio de Vivienda o las organizaciones e instituciones que digan relación con los temas de vivienda, los que plasmen y lleven adelante este desafío constitucional».

El convencional advirtió que «hoy día la vivienda depende exclusivamente de un par de decretos y el esfuerzo que los gobiernos de turno le impongan en la materia. Lo han hecho, pero creemos que es necesario que estén en la Constitución (…) creo que es minuto que escale a nivel constitucional, como es en todos los otros países a nivel de Latinoamérica. Este es el único que no lo tiene».

Además, recalcó que «los temas de vivienda no se van a resolver de la noche a la mañana. Pero frente a un déficit que aumenta, estamos hablando de más de 600 mil viviendas de déficit y más de 90 mil familias que viven en campamentos, se requiere de una prioridad y un mandato claro desde la Constitución».

Consultado sobre la diferencia del proyecto con otras propuestas de norma de vivienda ya ingresadas a la Convención, Monckeberg afirmó que «la idea es contribuir a este debate constitucional para enriquecerlo y buscar la mejor redacción».

«Hay límites de personas que puedan firmar, y hay muchos que tienen interés que estas materias queden plasmadas en la Constitución. Esa iniciativa que se presentó es muy buena, y esta la complementa y van a venir de otros colectivos de manera transversal que van a presentar», subrayó.

Respecto a la segunda iniciativa, el exministro explicó que «de la mano con ese proyecto está la ciudad. Sabemos que lo más importante es la vivienda, pero también lo que ocurre fuera de la vivienda. Que es la ciudad en la cual vivimos».

El expresidente de Renovación Nacional detalló que el objetivo «ir generando ciudades inclusivas, integradas y sustentables, donde se respete el cuidado del Medio Ambiente. Eso forma parte de un anhelo que a nuestro juicio es relevante».

«Que el lugar de nacimiento no sea determinante para las oportunidades a futuro. Eso se denomina equidad territorial. Y uno se tiene la posibilidad de nacer en tal o cual comuna, en tal o cual barrio, las posibilidades de desarrollo que tenga producto de lo que la ciudad ofrece en ese lugar, sean iguales para todos. Nos referimos a espacios públicos, a no caminar horas para obtener una micro, o que su barrio tenga todo tipo de servicios», agregó.

De esta forma, el otrora secretario de Estado indicó que «es deber del Estado planificarlas como corresponde y fijar prioridades para que los demás entes públicos también los tengan en consideración. Vale decir gobiernos regionales, gobiernos comunales, ministerios, etcétera».

Finalmente, acentuó que «la planificación urbana debe ser con descentralización y mucha participación ciudadana. Si no, es imposible. Si uno desarrolla la ciudad sin conversar con la gente, sin participación ciudadana, finalmente se comenten errores. Y por lo mismo, creemos que es relevante y está incorporada».