La bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) anunció su apoyo al proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) que será votado este lunes en la Cámara Baja.
Recientemente aprobada en la Comisión de Hacienda, la iniciativa busca aumentar de $176 mil a $185 mil la actual Pensión Básica Solidaria y ampliar el beneficio al 90% del Registro Social de Hogares para las personas mayores de 65 años, con pagos decrecientes entre el 80% y el 90% del rango.
El jefe de bancada PPD, diputado Raúl Soto, adelantó que «vamos a votar a favor de esta iniciativa mañana, porque creemos que es una medida urgente y necesaria para las personas».
Sin embargo, el parlamentario advirtió que en su sector comparten «la inquietud que existe acerca de su financiamiento, ya que buscamos que éste sea permanente y que, tal como señalaron algunos economistas, no aumente el desequilibrio fiscal».
De esta forma, aseguró que van “aprobar el proyecto de ley de Pensión Garantizada Universal, pero obviamente queremos insistir al Gobierno en que aclare y transparente la situación del financiamiento del proyecto. Esperamos que ello ocurra y que efectivamente pueda ver la luz para beneficio de los pensionados de nuestro país“.
En la misma línea, su par Tucapel Jiménez destacó que «ésta es una propuesta de la oposición de hace años que va en la línea correcta, porque todos los programas de Gobierno, incluso en el Movimiento No + AFP, siempre hablamos de una pensión universal garantizada. Espero que en el Congreso exista un consenso amplio en respaldar».
«Hay dudas respecto que debemos ir zanjando junto con el Gobierno, pero que no debieran impedir una aprobación en el Congreso, porque hemos estado luchando por esto por muchos años», aclaró.
Por su parte, la diputada Andrea Parra comentó que el proyecto de PGU «es algo que las personas nos piden en nuestros territorios. Sin embargo, seremos majaderos en reiterar que es necesario que el Gobierno haga todos los esfuerzos posibles para que tengamos una fuente de financiamiento equilibrada y sustentable en el largo plazo.
En tanto, el diputado independiente René Alinco advirtió que “no podemos votar en contra de un reajuste y de una pensión digan para los trabajadores y trabajadoras”. De esta forma, pidió que “no se le busque la quinta para al gato“ y llamó a demostrar el “compromiso social”.
Si bien en un comienzo parecía que el proyecto tendría respaldo transversal, empezaron a surgir reparos tras una carta de que los economistas Andrea Repetto, José De Gregorio, Rodrigo Valdés y Eduardo Engel enviaron a El Mercurio, en donde cuestionaron el método para costear el beneficio al acusar que supone «holguras que no son otra cosa que un espacio fiscal fantasioso que depende de proyecciones poco realistas».
La misiva de los académicos encendió las alarmas desde el equipo del presidente electo Gabriel Boric, cuyo jefe político, el diputado Giorgio Jackson (RD), acusó que «puede dejarle un forado importante en las arcas fiscales a un gobierno entrante».
Mientras, desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) respondieron a la carta de los economistas y defendieron la viabilidad del método de financiamiento.