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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó nuevas querellas contra 13 carabineros en total por abusos policiales cometidos en dos casos diferentes que causaron conmoción pública en el marco de las primeras semanas del estallido social iniciado en octubre del 2019.

La primera de ellas fue ingresada el pasado 9 de junio ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por delitos de apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación contra 12 funcionarios de Carabineros y quienes resulten responsables por hechos ocurridos en la comuna homónima, el 21 de octubre de 2019.

La acción penal señala a un teniente y otros 11 carabineros de la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales por la golpiza contra un solitario manifestante en el sector de plaza Ñuñoa, pocos minutos después de comenzado el toque de queda por el estado de emergencia que regía entonces, y que fue transmitida en vivo por televisión.

Los policías, «aproximadamente a las 20:40 horas, y mientras la víctima se manifestaba con un sartén y una cuchara en la vereda norte de la mencionada plaza, descendieron de un vehículo policial y la golpearon en diversas partes del cuerpo, propinándole una patada por la espalda, lo que produjo que se cayera y azotara la cabeza contra el suelo», relata el CDE.

«Los apremios le ocasionaron trauma ocular izquierdo grave, hematoma ocular izquierdo, herida contusa en párpado superior izquierdo, fractura nasal y fractura dental, entre otras lesiones, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Urgencia del Hospital El Salvador. Ello, además, le provocó una secuela funcional permanente y definitiva en el ojo izquierdo, con visión cero, afectando su capacidad laboral y de auto valencia», complementa.

Además, el texto penal añade otros hechos «constitutivos del delito de falsificación de instrumento público». Según los antecedentes de la investigación, «los efectivos habrían adulterado un parte policial en que señalaban que esa noche detuvieron a la víctima por haber amenazado de muerte a funcionarios de esa institución, informando que ésta opuso resistencia a la detención y que intentó darse a la fuga, hechos que no ocurrieron».

Asimismo, el CDE busca imputarles obstrucción a la investigación «a quienes declararon ratificando antecedentes falsos contenidos en el parte policial, obstaculizando el esclarecimiento de los hechos».

Por este caso los 12 uniformados habían sido sobreseídos en enero del 2020, pero meses después la Corte de Apelaciones de Santiago revocó ese fallo de primera instancia.

Atropello en el centro de Santiago

En tanto, el 15 de junio pasado el Consejo interpuso otra querella por apremios ilegítimos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra un cabo de Carabineros y contra quienes resulten responsables por hechos ocurridos en diciembre de 2019, relativos al atropello de un manifestante que fue aplastado por dos carros policiales, que también quedó registrado en imágenes de televisión.

El 20 de diciembre, alrededor de las 19:30 horas, el imputado conducía un vehículo policial en las cercanías de la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna con Alameda, mismo punto en que la víctima se encontraba atravesando de manera longitudinal cuando la mencionada patrulla inició un movimiento de retroceso, con el aparente propósito de retirarse del lugar. Sin embargo, el funcionario habría realizado un rápido cambio de marcha hacia adelante y hacia la izquierda, embistiendo a la víctima hasta aplastarla contra otro carro policial que se desplazaba en sentido contrario», expone el escrito.

Tras ello, el cabo señalado «emprendió la fuga, dejándola (a la persona atropellada) abandonada sin prestarle ayuda» y como consecuencia «de estos apremios, y de acuerdo con los datos de la atención de urgencia e informes contenidos en la investigación, la víctima sufrió lesiones graves y múltiples fracturas de la pelvis».

«En consecuencia, en la querella del CDE se imputa que el efectivo policial, quien se encontraba en el ejercicio de sus funciones, habría actuado con dolo, abusando de su cargo e irrogando tratos crueles e inhumanos a la víctima al embestirla con el carro que conducía», acusa el texto penal.

Por este caso está formalizado el cabo Mauricio Carrillo Castillo, quien conducía el carro policial lanzagases que atropelló ese día viernes al manifestante en cercanías de Plaza Baquedano.

Con estas nuevas acciones penales, el CDE ha presentado en total 21 querellas criminales y cuatro ampliaciones de las mismas por delitos cometidos en el marco de las movilizaciones sociales de 2019, «que afectan los derechos humanos y que, en algunos casos, se ven agravados por acciones que atentan contra la fe pública, conforme con la probidad que debe regir la conducta y el actuar de los funcionarios públicos involucrados», cerró el organismo.