Este domingo se inaugura en Chile la primera sesión de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Magna que sustituya a la Constitución de 1980 heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Comienzan así los 9 meses, prorrogables por tres más, de que disponen para ponerse de acuerdo y generar un nuevo texto, una de las principales demandas del estallido social de octubre de 2019.
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Los 155 convencionales constituyentes elegidos en las elecciones del pasado 15-16 de mayo inauguran este domingo 4 de julio la primera sesión de la Convención, iniciando así la cuenta atrás para el período de su redacción. Son 78 hombres y 77 mujeres, en el primer organismo paritario de este tipo en el mundo.
En la ceremonia no participará ninguna autoridad del estado, después de que algunos de los sectores de los constituyentes rechazaran la participación del Gobierno y la figura del presidente, Sebastián Piñera.
Hay convocadas, además, al menos tres manifestaciones, algunas organizadas por la propia Lista del Pueblo, el grupo de 27 constituyentes que fue la mayor sorpresa de las elecciones y que provienen directamente de las personas y los grupos que salieron a manifestarse durante meses a partir de octubre de 2019 por un Chile distinto.
En esta primera sesión, todos los constituyentes deberán elegir por mayoría a la persona que ocupe la presidencia y la vicepresidencia de la Convención.
Las propuestas presentadas hasta ahora favorecen la presidencia de una mujer que podría proceder de uno de los 17 escaños que fueron reservados a los diez pueblos originarios de Chile para dar una señal política de cambio.
Varios grupos de constituyentes que se han reunido en semanas anteriores propusieron a Elisa Loncon, mujer, mapuche, académica y activista de las lenguas de los pueblos indígenas.
“Es importante dar señales de que el país avanza hacia una sociedad más plural, más representativa, sobre todo desde el punto de vista de la incorporación de los pueblos originarios al proceso y también la igualdad política entre hombres mujeres”, analiza Rodrigo Espinoza, coordinador y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
“Se rechazó de plano que en la ceremonia inaugural estuvieran los poderes del Estado (…) porque el mensaje sobre todo de los sectores más de izquierda es que ‘nosotros no tenemos nada que ver con los poderes que ya están constituidos’», que cuentan con el rechazo de la ciudadanía. “Se ha marcado una línea divisoria, los poderes constituidos forman parte del pasado que se quiere transformar con la nueva Constitución”, afirma el analista político.
Del 4 de julio al 4 de septiembre: definición de reglamento
En los primeros dos o tres meses de funcionamiento, la Convención deberá definir de forma autónoma su reglamento, la composición de las mesas y las comisiones en relación a los distintos temas y áreas a tratar. Los convencionales contarán con presupuesto para contratar asesorías técnicas.
El reglamento deberá definir cómo va a funcionar la Convención, cuántas comisiones va a tener, cómo van a votar, si habrá participación ciudadana y cómo se concretará ésta, normas de ética y regular todo lo relacionado a conflictos de interés.
“Hay propuestas de reglamentos bastante interesantes por parte de movimientos feministas”, señala Espinoza. “Que las comisiones más relevantes no se asignen solo a hombres (como ocurre en el Congreso), que se respete el derecho de las mujeres de estar con sus familias, con sus hijos, que el reglamento considere paridad también en la confirmación de todas las comisiones”, afirma.
Una de las principales polémicas en los días previos a la inauguración fue que el Gobierno destinó una partida de 500 millones de pesos a participación ciudadana para la Convención, prácticamente el mismo monto que los 488 millones destinados a seguridad.
Algunos parlamentarios reclamaron que la participación ciudadana debía pesar más en el presupuesto. Además, también señalaron que la empresa de seguridad elegida para brindar protección a la Convención tendría en sus componentes a personas que formaron parte de la guardia personal del dictador Augusto Pinochet y del primer presidente en democracia, Patricio Aylwin y que acumularía más de 197 causas por diversos atropellos laborales a sus empleados, como no respetar sus descansos o reducir salarios sin acuerdo. La información la difundió el medio de investigación Cipee Chile.
Del 4 de abril al 4 de julio de 2022: elaboración de una nueva Carta Magna
Los 155 constituyentes dispondrán de un plazo de 9 meses, prorrogables por tres más, para elaborar un nuevo texto Constitucional.
“Es un plazo realista, ha habido convenciones constituyentes que han tomado menos tiempo y otros que han tomado más. La colombiana se hizo en 6 meses, la boliviana no alcanzó, hubo que prorrogarla después con otros pactos políticos, hubo que darle más tiempo y así y todo tampoco alcanzó”, explica María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Para ser un órgano que va a estar solo dedicado a la Constitución que no tiene otras leyes y otras funciones, “es un tiempo adecuado”, señala: “Va a depender mucho de cómo se organice la Convención internamente, cómo se de el diálogo de su sistema de toma de decisiones”, establece la experta.
El quórum necesario para lograr acuerdos en puntos clave es de dos tercios, algo que podría dificultar el avance de los diálogos.
Espinoza explica que el acuerdo que dio lugar al plebiscito estableció que la Convención se regirá por el principio de la hoja en blanco, es decir que, cuando no haya acuerdos de dos tercios en algún tema, se remitirá a una hoja en blanco y tendrá que lograrse algún tipo de conciliación. No se acudirá al texto de la Constitución de 1980 “como había propuesto inicialmente la derecha”, señala.
Dadas las diversas polémicas que ha precedido a la instalación Convención, se puede pronosticar un clima de ciertos conflictos. «El mayor desafío de la Convención será la capacidad de que los actores políticos puedan ponerse de acuerdo”, señala Espinoza, dado que ningún grupo tiene la mayoría.
“Tenemos una Convención Constitucional compuesta en su mayoría por independientes”, y estos grupos, sobre todo la Lista del Pueblo, “desconocen los poderes instituidos”. Para Espinoza, esto es un error porque “todos los grupos tienen derecho a voz”.
“Hay un ambiente políticamente bastante convulsionado, polarizado, sobre todo porque hay sectores más radicales que creen que la Convención Constitucional va a estar prácticamente en un búnker y se va a aislar del mundo para redactar la nueva Constitución”, señala Espinoza.
Para el analista, la Convención debería ser un organismo abierto que empiece “a poner a prueba el músculo de la negociación y la tolerancia y empezar a dialogar para evitar posturas radicales”.
4 de septiembre de 2022
Una vez aprobado el texto por los constituyentes, existe un plazo de 60 días para convocar un plebiscito de salida, con voto obligatorio, para que todos los chilenos ratifiquen o rechacen el texto.
En caso de que la nueva Carta Magna no cuente con el apoyo en las urnas, seguiría rigiendo la Constitución de 1980.