Politica

Según Diario UChile, el exministro consideró que en el Congreso “se ha ido produciendo una extralimitación de sus atribuciones” en torno al uso de esta herramienta legislativa y planteó como indispensable reestablecer el diálogo para avanzar en la agenda de seguridad.

Es en medio del impasse entre La Moneda y la oposición, que este último sector -particularmente RN y la UDI- anunció ayer martes una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por los indultos que concedió el presidente Gabriel Boric a doce presos del denominado estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna.

A la acción se sumó el Partido Republicano, presentando también un libelo contra el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por el episodio protagonizado con la ex seremi Patricia Hidalgo, quien denunció haber recibido presiones por parte de autoridades de Gobierno para votar favorablemente proyectos de alto impacto ambiental.

Bajo ese contexto, en entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex ministro de la Segpres durante el primer mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet, José Antonio Viera-Gallo, evaluó la utilización de esta herramienta exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados y apuntó que “desde hace un tiempo se ha abusado un poco de la acusación constitucional que, en el caso de los ministros de Estado, es un juicio y, por tanto, requiere causales específicas, o sea, no es solamente que haya una opinión negativa, por ejemplo, de su gestión, sino que supone que ha habido un atropello a la ley, o bien, que se ha dejado de aplicar una ley en forma arbitraria”.

Por lo mismo, afirmó que, pese a desconocer el contenido de los libelos, “quienes las promuevan tendrán que probar esa causal, porque si no se desnaturaliza el régimen político, en el sentido de que la acusación no es para emitir un juicio sobre el mérito del ministro, eso le corresponde solo al Presidente de la República, sino que es cuando ese ministro ha infringido una disposición constitucional o legal”.

En esa línea, también sostuvo que cualquiera sea el sector político, “en el Parlamento se ha ido produciendo una extralimitación de sus atribuciones y eso sin duda es negativo”, por lo que dijo esperar que en el desarrollo del nuevo proceso constituyente “se precisen bien las cosas, de tal manera que se ponga freno a esa costumbre”.

En cuanto a la acusación contra la titular de Justicia, el también ex senador y militante histórico del Partido Socialista consideró que esta no va a prosperar por tratarse de un acontecimiento político y puntualizó que en este caso “lo que correspondería en realidad es que la oposición interpelara a la ministra, para eso se creó la institución de la interpelación, donde se le exige a un ministro de Estado que vaya al Parlamento a rendir cuentas de una circunstancia o de unos hechos que son cuestionables a juicio de un grupo de diputados”.

“Desgraciadamente, esa institución desde hace un tiempo no se usa como corresponde y entonces se recurre a la acusación constitucional”, manifestó.

Por otra parte, comentó que respecto de la decisión de indultar por parte del presidente Gabriel Boric “era evidente que eso iba a generar un quiebre en el diálogo que estaban teniendo en materia de seguridad y era evidente que eso iba a provocar unos dimes y diretes más o menos fuertes entre oposición y Gobierno. Si el Gobierno tomó esa decisión, supongo yo que tiene los antecedentes suficientes como para buscar la fórmula de ir superando esa situación de desencuentro”.

“Es difícil emitir un juicio, pero mirado desde fuera, lo que me parece más lógico hubiese sido plantear ese tema en la mesa de seguridad, decir ‘mire, por tales y cuales razones de pacificación del país, el Presidente estima que quiere hacer esto o lo otro’. Ahí le habrían criticado, entonces los ministros habrían explicado (las razones). Pienso que para eso era la mesa de seguridad también”, aseveró.

De todas maneras, Viera-Gallo descartó que este nuevo impasse entre la oposición y el Ejecutivo derive en un problema de ingobernabilidad y mencionó que sobre el desarrollo de la agenda de seguridad “en el mes de enero será poco lo que se pueda avanzar, porque ya después viene el receso legislativo. En todo caso, si se mantiene la decisión de la oposición de no participar en la mesa, lo que me imagino que irá a hacer el Gobierno es presentar los proyectos de ley que estime oportunos, muchos de los cuales seguramente en algunos de sus elementos esenciales estaban ya concordados en esa mesa antes del retiro de la derecha y eso se trasladará entonces a una discusión legislativa”.

Por ello consideró como fundamental “contribuir a crear un clima favorable para que las reformas del Gobierno tengan acogida en el Parlamento, donde no tiene mayoría. Para eso es indispensable reestablecer el diálogo, si no es en la mesa de seguridad tendrá que ser en las comisiones respectivas”, concluyó.